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El Parlament extiende a Aliança Catalana el cordón de aislamiento que usó contra Vox la pasada legislatura

PSC, Junts, ERC, comunes y CUP renuevan un pacto que ya dejó a los de Abascal sin senador autonómico y que ahora será auditado por entidades antifascistas

Camilo S. Baquero
Silvia Orriols, diputada de Aliança Catalana se prepara para su intervención
Silvia Orriols, diputada de Aliança Catalana se prepara para su intervenciónAlbert Garcia

Cataluña y el País Vasco tienen las únicas cámaras legislativas que han intentado cordones sanitarios para frenar a Vox. Mientras que la justicia anuló en 2022 las medidas aprobadas por los vascos contra la única diputada de los de Santiago Abascal, las puestas en marcha en el Parlament la legislatura pasada gracias a un pacto entre socialistas, comunes, Junts, Esquerra y CUP siguen plenamente vigentes y han sido operativas. De ahí que esas mismas formaciones apuesten ahora por extenderlas al partido Aliança Catalana, con postulados xenófobos pero con ideología independentista, en nuevo pacto que se presenta este miércoles y que ha tenido en la elección de los senadores por designación autonómica su primera prueba.

El acuerdo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se titula Por un Parlament comprometido con la democracia, los derechos y la diversidad, reivindica que pese a que ya son dos los partidos ultras en la Cámara, “se ha mantenido una moderada contención en un contexto donde la extrema derecha y su influencia representan un peligro creciente”. No se hace ninguna mención directa ni a la formación presidida por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols (con dos diputados), ni a la que comanda Ignacio Garriga, que mantuvo los mismos 11 escaños que en 2021.

La acción legislativa de Vox en el Parlament, recuerda el texto, “ha sido nula e irrelevante” gracias al compromiso de los grupos políticos. “Ninguna iniciativa suya ha prosperado, ningún grupo ni de la oposición ni del Gobierno ha negociado o buscado apoyo para aprobar o hacer decaer alguna iniciativa política”, ahonda el documento, que apoyan un total de 107 diputados sobre 135. Ante la aparición de “nuevos espacios” ultra, se ve necesario “reafirmar” el compromiso del anterior pacto y que durante la campaña de 12-M se articuló en la plataforma de Unidad Contra el Fascismo y el Racismo.

Por su escasa representación, la cuota de presencia de Aliança Catalana y su margen de maniobra legislativo es mínima. Por ello, tendrá poco efectos sobre los de Orriols medidas como el bloqueo a que sobre sus diputados recaigan puestos en las mesa de las comisiones, coordinación de ponencias de proposiciones de leyes o sitios de representación del Parlament en otras instituciones. Como ya quedó demostrado en el anterior pleno, sí se enfrentan a que cualquier discurso de odio hecho durante sus intervenciones sea “contrarrestado” con vehemencia.

La principal novedad con respecto a 2021 es la creación de un grupo de trabajo que haga seguimiento de los acuerdos y que, además de representantes de los grupos parlamentarios, contará con representantes de las entidades asociadas en la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo. Se trata de una de las herencias del acuerdo al que se llegó en la campaña del 12-M, donde el eventual apoyo de Vox y Aliança Catalana fue una arma arrojadiza común entre formaciones. Con todo, ni Vox ni Aliança Catalana jugaron papel alguno en las negociaciones para la Mesa de la Cámara.

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En la pasada legislatura, el cordón sanitario a Vox en Cataluña también tuvo que pasar, en parte, por la lupa de la justicia. El principal reto entonces y ahora era garantizar que se quitaban altavoces y visibilidad al discurso de la extrema derecha pero sin violar su derecho constitucional a la iniciativa política. Los de Abascal llevaron al Tribunal Constitucional el acuerdo mediante el cual se cambió la fórmula de reparto de los senadores autonómicos para evitar darle uno pero este les negó la razón.

El nuevo acuerdo, precisamente, tuvo este martes su primera prueba de fuego también por los senadores. De nuevo, la fórmula de reparto proporcional ha sido cambiada, para maximizar la pluralidad del nuevo arco parlamentario donde el PP y no Vox es la cuarta fuerza. Junts, Esquerra y los comunes solo han puesto un veto a que se usara la de restos mayores, para así no beneficiar a Vox. El PSC, sin embargo, ha apostado por la distribución mediante la Ley de Hondt, que implicaba que los populares recuperaran su escaño por designación autonómica.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.
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