El Sindicato de Inquilinas alerta de que el año que viene caducan 120.000 contratos de alquiler en Cataluña

El Sindicato de Inquilinas ha revelado este miércoles que unos 120.000 contratos de alquiler en Cataluña (unos 32.000 en Barcelona) firmados en 2021 caducarán durante el año que viene. La organización ha alertado del riesgo que corren sus inquilinos de que los propietarios no les renueven, sobre todo los que viven en edificios que han sido comprados por inversores. Otro peligro es, constatan, que los caseros opten por sacar los pisos del alquiler de larga estancia y opten por los alquileres de temporada o por habitaciones, que no tienen el precio regulado. La cifra, aseguran, es a la baja, porque solo se cuentan los caseros que son personas físicas y no se suman los nuevos contratos firmados a finales de 2020, en la salida de la pandemia.

Entre los vecinos afectados figuran los del edificio de la calle de Concòrdia número 41, en el barrio del Poblesec de Barcelona. La finca fue comprada por una empresa inversora este año y la nueva propiedad no ha renovado los dos contratos que han finalizado, han explicado los afectados. Además, en este edificio hay cinco pisos cedidos por la antigua propiedad a la bolsa de alquileres sociales del Ayuntamiento. El Sindicato y los vecinos del edificio han criticado que el consistorio no ejerciera el derecho de compra preferente cuando salió a la venta y la empresa Urbe los compró por 1,8 millones de euros. “Solo 110.00 euros por piso”, ha manifestado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Alcarazo. “¿Cómo puede ser que en un edificio con pisos de la bolsa, si el Ayuntamiento lo sabe decidiera no comprarlos?“, se ha preguntado para concluir: ”Los ha dejado escapar y los ha regalado a un fondo”. La empresa no ha respondido a las llamadas, correos electrónicos y mensajes de este diario para recoger su versión.

Preguntado el Gobierno del alcalde Jaume Collboni, fuentes municipales responden que se ha “instado a la nueva propiedad a reunirse para que mantenga los pisos en la bolsa de alquileres” y que, si no fuera así, “los vecinos que viven en ellos serán realojados en otros de la misma bolsa”. Las mismas fuentes detallan que a finales de 2024 el consistorio estudió el caso, pero desestimó la compra “por razones técnicas, porque la finca no tenía pisos disponibles para nuevas familias y la situación contractual de la mayoría de inquilinos era estable”. “La nueva normativa [sobre cómo ejercer el tanteo y retracto] prioriza la compra de fincas con más de diez viviendas, pisos vacíos o con personas vulnerables, con discapacidad o en barrios en riesgo de gentrificación. En caso de compra, el precio máximo no puede superar el valor medio de las compraventas en el barrio, descontando el coste de rehabilitación si es necesario”.

A Albert, que lleva 24 viviendo en la finca, se le acaba el contrato en abril de 2026. “La propiedad no me ha dicho nada, pero tengo miedo de que no me renueven porque así lo han hecho saber a otros”, dice y cuenta que el antiguo propietario murió el año pasado y que hasta ahora han pagado alquileres asequibles. “Recibimos un correo electrónico, vino un representante de la propiedad y nos pasó un papel con el nuevo número de cuenta por debajo de la puerta, pero no nos han dicho más”, lamenta y asegura que han intentado “hablar con UrbeEnginova por tierra, mar y aire”. Otra vecina a quien acaba el contrato el año que viene es Jaqueline, que vive en uno de los pisos que el anterior propietario cedió a la bolsa de alquiler municipal. “Teníamos mucho contacto con el señor Pere, el antiguo propietario”, dice esta empleada del hogar que paga un alquiler modesto, de 300 euros y teme enfrentarse a los precios de mercado.

En la finca hay 14 pisos. Un piso se vació y el inquilino se marchó, hay dos con contratos indefinidos, y 11 vigentes: cinco en la bolsa de alquiler municipal y cuatro normales y dos fuera de contrato, aunque los vecinos han decidido no marcharse y siguen pagando el alquiler.

El Sindicato ha advertido de que durante el próximo año pondrá en marcha una campaña informativa “para evitar que la gente que se vea afectada por no renovaciones no se marche en silencio, acatando los burofax de los caseros”. Arcarazo ha insistido en el peligro que la finalización de los contratos supone para los inquilinos: “La mitad de pisos en Barcelona se han comprado al contado, ¿quién puede comprar sin hipoteca? Y del 40% comprados con hipotecas, solo el 40% son para vivienda principal”. La portavoz ha llamado a las administraciones “que se pasan la pelota” a regular “de una vez el alquiler de temporada”.