El Consejo de Garantías estatutarias pide al Govern mayor justificación en su decreto ley de Vivienda

El Consell de Garantías Estatutarias ha emitido un dictamen sobre el Decreto Ley 2/2005 de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo que aconseja al Govern de Salvador Illa una mayor justificación cuando elabore un decreto-ley. En concreto, sugiere que exponga en el preámbulo las razones “extraordinarias y urgentes” que tiene para dar ese paso y no tramitar una ley en el Parlament, así como, en la exposición de motivos y en la documentación presentada, las medidas que piensa adoptar. La institución recomienda también al Ejecutivo que tramite como proyecto de ley parte del decreto (siete apartados del artículo sobre modificaciones de la legislación urbanística), que ERC pidió someter a dictamen.

Esta es la primera vez que Garantías Estatutarias, un órgano consultivo que emite dictámenes no vinculantes, aconseja al Govern socialista corregir una actuación. Los republicanos elevaron la petición de informe al sostener que el Ejecutivo estaba realizando un uso inadecuado del decreto-ley utilizándolo como alternativa al no existir ley de acompañamiento de los presupuestos, un cajón de sastre que este año no se ha impulsado por no haber cuentas. ERC culpó al Govern de forzar el uso de esa figura ante la “incapacidad política” de aprobar los presupuestos.

El Govern justificó el uso del decreto por la emergencia habitacional, y en el texto incluyó medidas para agilizar la construcción de vivienda de protección y simplificar trámites administrativos. El decreto amplía los ámbitos para ejercer el tanteo y retracto (compra preferente de vivienda para la administración), e incluye el registro de grandes tenedores, o la simplificación de trámites urbanísticos.

El dictamen recoge siete conclusiones y considera en la primera, en contra del criterio de ERC, que el decreto-ley no contraviene el artículo 64.1 del Estatut que señala que se puede legislar de esa manera en situaciones urgentes y excepcionales.

El decreto-ley se estructura en 10 artículos que modifican cinco leyes, tres decretos ley y dos decretos. El dictamen aconseja a la conserjería de Territorio y Vivienda que aporte a la cámara el informe que trasladó en sus alegaciones porque puede contribuir al debate parlamentario. Los decretos que entren vigor deberán ser convalidados en un mes por la Cámara, con la opción de tramitarlos como proyectos de ley. La incógnita es ahora cómo se posicionará ERC ante la votación.