Alerta por el riesgo de cierre de 116 escuelas: Cataluña perderá 87.000 alumnos hasta 2030

La Fundación Bofill (un think tank especializado en temas educativos) alerta de que hay 116 centros educativos situados en 45 municipios diferentes en riesgo de cierre por la falta de alumnos. La entidad ha elaborado un estudio, a partir de datos del Departamento de Educación, que revela la reducción imparable de la natalidad hará que Cataluña pierda unos 87.000 alumnos hasta 2030 y la medida actual de reducción de ratios en la pública no es suficiente para evitar cierre de aulas, por lo que pide bajarlas también en la ESO y en la concertada (ahora solo lo hacen la mitad). “Hay centros que no saben si cerrarán o no el año que viene, padres que se han visto obligados a buscar otros centros porque el de sus hijos no puede permanecer abierto y en muchos municipios la escuela concertada está muy segregada y es elitista”, ha asegurado Ismael Palacín, director de la Fundación Bofill.

Maria Segurola, experta de la fundación en políticas contra la segregación escolar, ha elaborado el informe que analiza la evolución de la natalidad en los últimos años, así como el comportamiento de la oferta y la demanda, y la diferencia de compromiso entre la pública y la concertada a la hora de adaptarse a la reducción de alumnos.

El estudio abunda que la natalidad se ha reducido un 37% desde 2008 y que el alumnado extranjero no la compensa. Tampoco la conocida como matrícula viva (alumnos que se incorporan fuera de plazo o a medio curso), ya que en muchos casos la llegada de estos estudiantes se compensa con los que se marchan. De hecho, se espera que hasta 2030 Cataluña pierda unos 87.000 alumnos. El descenso hace tiempo que afecta a la etapas de infantil y primaria, pero también empieza a notarse en la ESO.

Con este panorama, las noticias sobre el cierre de grupos, e incluso de escuelas, son habituales en los últimos años. Según datos de la Bofill, desde 2017 los centros públicos de una línea han aumentado un 6%, pasando de 986 a 1.044, mientras que los concertados han disminuido un 2% (de 269 a 263), básicamente porque han cerrado.

La Fundación Bofill pone el foco especialmente en estos centros de una sola línea, pero para no contaminar los datos se han eliminado las escuelas rurales o ubicadas en pequeños municipios, y solo cuenta aquellos situados en municipios con al menos tres centros educativos. De este modo, la entidad concluye que hay 116 centros educativos en riesgo de cierre. En concreto, son 111 de primaria y 5 institutos, situados en 45 municipios, que tienen una sola línea con más de un 25% de plazas vacantes, ya sea en Infantil3 como en 1º de ESO. Lo curioso es que la mayoría no son públicos: solo 57 pertenecen al Departamento, mientras que 59 son concertados.

Del total de 116, la mitad son centros altamente segregados, y la falta de alumnos que padecen crea “un círculo vicioso”, ya que estos centros resultan poco atractivos para las familias y, para asegurar la continuidad, las direcciones piden aumentar las matriculaciones con los alumnos de matrícula viva, altamente vulnerables, hecho que aumenta la complejidad del centro y su perfil de escuela gueto.

En los últimos seis años, la pública se ha mantenido estable en cuanto a las vacantes (entre 8 y 9%), pero en la concertada se han incrementado del 11 al 14%. Ello indica que la demanda de la escuela concertada se ha reducido, pero pese a ello, la oferta se mantiene prácticamente igual y no se reduce en la misma proporción, ya que la normativa actual lo impide, cosa que ha creado tradicionalmente una situación de discriminación hacia la pública (especialmente bajo el mandato de CiU), ya que la Generalitat cerraba grupos antes de la preinscripción, y mantenía la oferta de la concertada hasta después del inicio de curso, hecho que crea una sobreoferta y favorece así el traspaso hacia estos centros privados. Para evitar este cierre preventivo de grupos de la pública -y las sonoras protestas de las familias- ERC se comprometió a mantener la oferta inicial intacta (y, si es necesario, cerrar aulas tras el proceso de matriculación), además de reducir las ratios en Infantil3 de 25 a 20 alumnos por aula.

Uno de los factores que alimenta esta sobreoferta en la privada es el hecho que la reducción de la ratio en la oferta de salida ha sido generalizada en la pública (lo ha hecho un 86%), mientras que solo lo hacen la mitad (48%) de centros concertados. Pero en vistas a la reducción imparable y acumulada de la natalidad, la Bofill alerta de que la medida ya no es suficiente para salvar grupos e insta a Educación a hacer que las concertadas también reduzcan sus ratios. De hecho, según los cálculos de la fundación, la ratio media de Cataluña es de 18 alumnos por aula en Infantil3, así que quedan dos vacantes por aula, aunque después la realidad varía según el municipio y tipo de centro.

Con todo esto, la Bofill critica la falta de planificación del Departamento, y pone como ejemplo que durante los años de bonanza económica y crecimiento de alumnos no se hizo una buena planificación, cosa que llevó a la “masificación de las aulas”, con problemas especialmente notorios en secundaria. Con la tendencia menguante actual, la fundación pide “evitar la toma de decisiones arbitrarias” e impulsar reformas “en favor de la equidad”.

En este sentido, la fundación propone una serie de medidas como reducir ratios también en la ESO, la fusión y transformación de centros, más personal para los centros de mayor complejidad, así como mejorar el reparto de los alumnos que llegan a mitad de curso o evitar los cierres de escuelas rurales y que un territorio se quede sin centro escolar. Asimismo, la Bofill propone desencallar el nuevo decreto de conciertos -guardado en un cajón desde hace años- para que los grupos de las concertadas se puedan cerrar antes de la preinscripción, como pasa en la pública (ahora un grupo en una privada no se cierra hasta que finaliza la matriculación y empieza el curso).

Por su parte, la Fundación Escuela Cristiana (la principal patronal del sector concertado) defiende que si los centros privados no se suman a la reducción de ratio es porque la Generalitat no les compensa económicamente. Asimismo, consideran que ya que en los años de bonanza se priorizó la ampliación de aulas públicas, ahora “tendría que ser lógico que el descenso de grupos lo asuma mayoritariamente la pública”. En cuanto al decreto de conciertos, apuntan que la Generalitat no lo necesita para regular la oferta, ya que lo puede hacer con el decreto de preinscripción o el de admisiones.

Desde la Bofill lo ven diferente y creen que el problema radica en que el decreto de admisiones podría contradecir el actual decreto de conciertos. Por eso, Educación trabajaba en una nueva norma, pero no lo consiguió. “Estamos en un limbo legal, a lo mejor es hora de actualizar la normativa”, remata Segurola.