Jueces por la Democracia ve más grave la filtración que el tono del interrogatorio del juez a Elisa Mouliaá

“¿Pero usted le dijo que parara?”, “¿Cuánto tiempo duró chupándole las tetas?”. Preguntas que formuló el juez Adolfo Carretero en el interrogatorio a Elisa Mouliáa, la actriz que denunció a Íñigo Errejón por agresión sexual. Desde que se filtrara el interrogatorio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido 900 quejas. Por ese motivo han abierto una investigación, y las posibles sanciones van desde la suspensión al traslado forzoso, con multas de los 300 a los 6.000 euros. Carretero ha defendido este jueves su trabajo, según Artículo 14, y ha anunciado que pedirá amparo al CGPJ por las críticas recibidas. Que se investigue la actuación de este juez es algo “lógico”, según afirma el portavoz de Jueces por la Democracia, Carlos Pascual Alfaro, en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya. Aun así, ve “prematuro” aventurar que la investigación pueda acabar en expediente disciplinario. Según el titular del juzgado de Violencia contra la Mujer de Barcelona, con esta filtración se revictimiza a la víctima, “posiblemente sea mucho más grave que la propia intimidad de ella, que vuelve a vivir lo que pasó y encima la gente lo comparte”.

“Hay un problema de machismo en la sociedad. La justicia es un reflejo de la sociedad, por lo tanto, sí, también hay machismo, no somos inmunes”, ha dicho el magistrado Alfaro, que explica que existen mecanismos para investigar lo sucedido. Sin embargo, ha remarcado que la regla general no es lo que se ha visto, que hay “muchos magistrados formados en la realización de interrogatorios”, y que eso no es lo habitual. En más de 40 años de democracia, el CGPJ apenas ha expulsado a seis jueces de la carrera, y luego el Supremo ha revocado tres de estas. Alfaro no cree que haya habido corporativismo por parte de la judicatura, “sin perjuicio de que pueda haber ocasiones en las que no se haya actuado bien”.

Si no hay cambios, a partir de septiembre los juzgados de violencia machista asumirán también los casos de agresión sexual contra las mujeres (como el de Elisa Mouliáa), una medida que a ojos del magistrado “puede ser buena idea” porque ambas parten de las mismas raíces que la violencia de género. Pero hay un problema de números: “Con la plantilla que tenemos es imposible que asumamos toda la violencia”. Si se convierten juzgados, pero no se da más formación, magistrado avisa: “Vamos a estar con lo mismo: necesitamos inversión en formación y plantilla”.

Alfaro también ve necesario abordar la falta de plazas, puesto que en unos años va a jubilarse un tercio de la carrera judicial y asegura que, de momento, no se están cubriendo estas plazas. Otro reto, el de la justicia interina: la mayoría mujeres en situaciones laborales precarias que llevan así décadas. Aún pendientes también están la reforma de la oficina judicial y los nuevos tribunales a distancia.

Preguntado por si hay lawfare en España, afirma que sí existe una instrumentalización de los tribunales por parte de los partidos políticos para conseguir ventajas, que los utilizan como arena política. Sin embargo, cree que los tribunales están respondiendo adecuadamente.