El grupo de expertos por la mejora educativa en Cataluña urge a no esperar a la OCDE: “Podemos aplicar medidas ya”

La decisión del Govern de Salvador Illa de pedir a la OCDE -el organizador de las pruebas PISA- que realice un diagnóstico sobre el sistema educativo catalán y proponga mejoras no ha sentado muy bien al grupo de expertos que hace un año trabajaron intensamente durante dos meses para elaborar un informe de 127 páginas con propuestas para revertir los malos resultados de los alumnos catalanes. Los miembros de este grupo consultados por este diario coinciden en que la educación en Cataluña no puede esperar un año más a tener el informe del organismo internacional y que se pueden empezar a aplicar ya algunas de las medidas que ellos propusieron, que además piensan que no se alejarán de las que proponga la OCDE

El acuerdo con el organismo europeo -que Illa anunció justo al inicio del curso escolar y se plasmó la semana pasada- incluye el compromiso de la OCDE a entregar en septiembre un informe con el diagnóstico sobre la situación catalana, así como una lista de propuestas concretas. Posteriormente, elaborará otro informe sobre las prioridades a poner en marcha, realizará el seguimiento del plan y en 2028 evaluará los resultados.

El Govern de Illa pidió ayuda a la OCDE para intentar remontar los malos resultados de los alumnos en PISA. Pero, con el mismo objetivo, el anterior Ejecutivo de ERC reunió a los partidos hace un año y se decidió crear un grupo de expertos para que aportaran ideas para solventar los problemas educativos. El bautizado como Grupo impulsor de medidas de mejoras educativas presentó en marzo un documento con 54 medidas -18 de ellas prioritarias-, entre las cuales había aumentar la plantilla de docentes y de personal de refuerzo educativo en los centros con más alumnos vulnerables, además de crear un sistema de incentivos para atraer profesores a estas escuelas; incrementar las aulas de acogida; reducir la burocracia; recuperar los especialistas de matemáticas en primaria o destinar el 6% del PIB antes de 2029.

Educación reservó 50 millones para tirar adelante las primeras medidas, pero el veto a los Presupuestos aparcó la mayoría y solo se han iniciado algunas, como el aumento de aulas de acogida o elaborar un documento definiendo los contenidos básicos en lenguas y matemáticas que los alumnos deben alcanzar en cada etapa (que los centros deben recibir en las próximas semanas). “Nos hemos centrado en las competencias y cómo saber hacer una cosa, pero antes hay que adquirir los contenidos básicos”, apunta Joan Vila, exdirector de Escola Pia Balmes y miembro del grupo impulsor, quien lamenta también que no se han producido “cambios significativos” en este tiempo. “Hay una medida que era política y que no costaba dinero, que era hacer un pacto de país por la educación, que debía servir para dar estabilidad a las medidas y evitar que cada nuevo gobierno dé la vuelta a todo lo que está en marcha”, añade Vila. También lamenta que no se haya creado el grupo de seguimiento de las medidas que propusieron.

Los miembros del grupo de expertos consultados no se muestran contrarios al acuerdo con la OCDE, pero consideran que el Govern no puede esperar a sus conclusiones ni a que las medidas se pongan en marcha. “Pedir segundas opiniones está bien, especialmente con problemas tan complejos, pero nosotros conocemos el tema bien y ya tenemos suficientes datos como para empezar a actuar. Escuchar a la OCDE sí, pero esperarlos para empezar a actuar, no”, resume Coral Regí, bióloga y asesora educativa. “La crisis del sistema educativo no puede esperar un año más, y menos cuando has tenido un grupo con miembros validados por el Parlament elaborando propuestas. Podemos aplicar medidas ya”, añade Arturo Ramírez, representante de los directores de primaria.

De hecho, cuando se ha tratado de aplicar reformas en el ámbito sanitario, el Govern de Illa se ha mostrado partidario de poner en marcha cambio de forma inminente, y no pedir tantos informes, un criterio diferente al que aplica en el sector educativo.

Los expertos también reivindican la sapiencia local: “La gente de aquí tiene muchas ideas y están bien preparados, esperar que venga la OCDE con una varita mágica y lo solucione todo, no lo veo”, tercia Regí. “Nosotros conocemos el sistema, sabemos qué pasa en las aulas. La OCDE hará un análisis más genérico del sistema”, añade Vila. Ramírez considera que los técnicos europeos deberían consultar al grupo impulsor para hacer un buen diagnóstico de la situación y piensa las propuestas del organismo internacional no serán muy diferentes a las suyas.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, ya lanzó algunas posibles soluciones el pasado miércoles: que las clases con más dificultades y centros con mayor complejidad cuenten con los mejores profesores, repensar a dónde se destinan los recursos, que los profesores sean especialistas en sus materias y acompañen a sus alumnos, así como fomentar la participación de las familias en la escuela. Sobre los contenidos, el experto alemán se mostró partidario de enseñar “menos cosas, pero con más profundidad”.

Pero también hay voces claramente contrarias al acuerdo con la OCDE, como la de la asociación de maestros Rosa Sensat, que designó una de los miembros del grupo de expertos. “Nos están enviando el mensaje de que lo que tenemos en casa no nos sirve, están desprestigiando a los que están a pie del cañón, debatiendo y aportando soluciones”, lamenta su presidenta, Mar Hurtado, quien también lanza una serie de preguntas. ¿Esperar un año para tener el diagnóstico? ¿No tenemos ya suficientes datos? ¿Por qué no se consulta al Consejo de Educación? ¿Y al Consejo Superior de Evaluación?

Un organismo “desactivado”

Los expertos coinciden en que la tarea que se ha encargado a la OCDE la podría desempeñar el actual Consejo Superior de Evaluación, ya que de hecho, entre sus funciones está realizar prospecciones internaciones o plantear propuestas de mejora. Pero en la práctica, el organismo se centra básicamente en realizar las pruebas diagnósticas y elaborar los informes con los resultados. El anterior Govern anunció un año su transformación en una Agencia de Evaluación -todavía sin fecha de culminación- para ampliar sus funciones, y huir así de la polémica generada por su entonces presidente, Carlos Vega, al atribuir los malos resultados en PISA a un exceso de alumnos inmigrantes. Educación fulminó a Vega y desde hace 12 meses el órgano ha tenido varios presidentes interinos y temporales. Tampoco cuenta con director desde hace meses. “El diagnóstico del sistema lo debería hacer el Consejo, pero ahora es un organismo desmantelado, solo hace pruebas, pero no hay debate”, lamenta Arturo Ramírez, vocal del organismo.