Los centros privados de FP ‘online’ acumulan cientos de denuncias en la Generalitat y la OCU

Los cajones de las agencias de consumo acumulan centenares de denuncias contra centros privados que imparten cursos de Formación Profesional a distancia por problemas con las prácticas, la baja calidad de la educación o problemas con el profesorado. Dos ejemplos: en los tres últimos años, la Agencia de Consumo de Cataluña ha contabilizado 94 reclamaciones y denuncias. Y la OCU, solo este año ha recogido 320 quejas. Ambas agencias aseguran que el volumen de quejas supone motivo de “alerta”. La Generalitat ha puesto en marcha la maquinaria normativa para aumentar las inspecciones y regular este sector.

Según los datos recabados conjuntamente por EL PAÍS y la Cadena SER, la Agencia de Consumo de Cataluña ha recibido desde 2021 hasta ahora un total de 85 reclamaciones (cuando se pide una compensación), de las cuales 58 corresponden a Ilerna -una de las principales empresas del sector-, 26 a CCC y una a Planeta Formación. Gran parte se resuelven por mediación o arbitraje. Asimismo, se han presentado nueve denuncias (todas contra Ilerna, excepto una, de CCC), que es cuando se comunica un hecho sospechoso de ser una infracción y se pide una investigación. Este total de casos ha derivado en seis inspecciones, que han concluido en tres expedientes sancionadores; uno se ha resuelto con una multa de 25.100 euros “por publicidad engañosa y cláusulas abusivas”. Ilerna admite que ha sido multada, pero añade que desde entonces ha revisado en profundidad todos los procedimientos de información con el alumnado”. Con estos datos, desde Consum concluyen que el volumen de quejas de Ilerna “empieza a ser un motivo de alerta”.

También expresan su preocupación desde la OCU por el volumen de reclamaciones recibidos solo este 2024 que afectan a centros privados de FP: 322 en total. Ilerna tiene 113, Implika Educación y CEAC acumula 60 cada una, 43 Medac, 38 Master D, cinco Emagister y tres Cesur, según datos facilitados por la OCU.

Los numerosos testimonios recabados (muchos no tienen el título y piden el anonimato) coinciden en que las prácticas (tanto la falta de ellas, como realizarlas en tareas no relacionadas), la baja calidad de los contenidos o la falta de atención del profesorado con los principales problemas. Uno de estos testimonios es Arantxa, que realizó un curso de Imagen para el diagnóstico con Atem, un centro de Madrid que forma parte del grupo Ilerna, y pidió hacer las prácticas en el hospital donde trabajaba. “Cuando supieron que era Ilerna me dijeron que no hacían convenios con ellos porque los alumnos no están formados, y no se preocupan por los alumnos”. Al final decidió convalidar las prácticas con su experiencia laboral viendo que otros compañeros habían acabado en clínicas veterinarias o dentistas. Arantxa también se siente estafada. “Te puedo hacer un TAC y no he visto un TAC en mi vida, no voy a trabajar de esto porque no me atrevo. Te dan un título, pero no puedes ejercer, moralmente no puedes. Es un dinero perdido”, lamenta. Ilerna defiende que los centros donde se realizan las prácticas “están homologados” por las Cámaras de comercio, aunque admite que “como en cualquier entorno laboral real, las tareas a realizar no son siempre las mismas, pero están incluidas en los aprendizajes curriculares adquiridos”.

Pero los alumnos de otros centros también se quejan de situaciones parecidas, principalmente por las prácticas. Begoña (nombre ficticio) estudió Anatomía patológica con CCC y la enviaron a una clínica veterinaria. “Allí no había anatomía patológica, haces de todo y puedes mirar, pero no prácticas de veterinaria porque no sabes, eso lo dejan para los estudiantes de la universidad. Ves pasar las horas y ya está”. La mujer se queja de que los centros acepten alumnos cuando “no hay plazas de prácticas para todos”. “Solo es un negocio, cobran miles de euros a cada alumno y tienen centros enormes y super chulos”, remata. CCC no ha querido responder las preguntas de este diario.

Inma cursó Imagen para el diagnóstico con Medac y el día antes de empezar las prácticas en un hospital, Medac le envió un mail. “Me dijeron que por causas ajenas a ellos no podía hacer las prácticas y me enviaron a hacerlas a su fundación”. La alumna se siente estafada por cómo fue: “Era un edificio hecho a prisas para meter todos los alumnos que se han quedado sin prácticas reales. Cuando empezamos no había sitio donde sentarse, ni otras cosas básicas. Prometían material que nunca llegó. Realizamos unas prácticas que era igual que jugar a las casitas. Todos los aparatos eran reales, pero todos estaban desenchufados. Realizábamos resonancias magnéticas y TACs con un ordenador, el cual tenía un archivo de imágenes e hicieras lo que hicieras, dieras a botón que dieras, salía la misma imagen. Es vergonzoso. He pagado casi 5.000 euros por un curso en que me prometieron prácticas, y ha sido un cachondeo”, lamenta.

Desde Medac, con 20.000 alumnos y 200 profesores, admiten que encontrar prácticas es “complejo, que el problema afecta a centros públicos y privados” y aseguran que disponen de un equipo de 50 personas buscando plazas para prácticas. En cuando a la fundación, con 17 sedes, Paco Isla, director educativo de Medac, abunda que es una institución que impulsa proyectos de carácter social y se dedica a la investigación biosanitaria. “No es un centro médico y no hay pacientes, pero sí usuarios y se cumplen los requisitos de aprendizaje. Además, cumple la normativa porque es una empresa diferente”. Isla admite que allí se envían a los alumnos cuando no se les han encontrado una empresa: el año pasado, unos 1.800 de un total de entre 8.000 y 9.000 alumnos que debían hacer prácticas.

La experiencia de Eva (nombre ficticio) con el centro Linkia FP tampoco es buena. “Te pasan pdf de centenares de páginas para que los imprimas, pero están llenos de faltas y no están actualizados. Por ejemplo, te pone que la temperatura de un quirófano es de 28 grados”, comenta la alumna. A su lado, Miguel (también ficticio) añade otras quejas: “la mala calidad de las clases, profesores desmotivados y unas clases que no te sirven de nada y al final te tienes que mirar por tu cuenta el material”. Los alumnos llegan a explicar el caso de una clase virtual impartida por una profesora desde una cafetería. “Había mucho ruido, no se entendía nada y ella no estaba en las mejores condiciones”, coinciden. Una tercera compañera, María (ficticio) y procedente del sur de España, no entiende que tenga que estudiar el sistema sanitario catalán. “No me avisaron cuando me matriculé, y ¿para qué lo quiero si no voy a trabajar en Cataluña?

Linkia FP, con 3.000 alumnos y un centenar de profesores, apuntan que sus contenidos pasan “controles de calidad y procesos de revisión” y que los desarrollan expertos en la materia, aunque admiten que pueden haber “errores puntuales”. Asimismo, Víctor Gómez, CEO del grupo, asegura que su profesorado está “altamente cualificado” y defienden que dicha profesora acudió a una cafetería “por problemas de conexión”, “demostrando su compromiso” al no dejar tirados a los alumnos. El grupo asegura que “no ha recibido controles directos de la inspección educativa” en la modalidad online.

La sorpresa del catalán

Muchos alumnos de todas las autonomías se matriculan en centros de Cataluña porque la normativa permite matricularse por semestres, y no por cursos enteros, cosa que permite más flexibilidad. El problema es que este curso se han encontrado con la sorpresa de un nuevo módulo de catalán, obligatorio desde este año en todas las especialidades que requieran atención al público o contacto con la gente. Los alumnos se quejan de que cuando se matricularon no se les informó de ello y muchos pertenecen a otras comunidades (por ejemplo, el 83% de alumnos de Ilerna son de fuera de Cataluña). Para poder superar el examen de este módulo (se hacía de forma virtual, con la posibilidad de tener un traductor), los alumnos se pasan las respuestas por los chats que comparten, igual que pasa habitualmente con las pruebas de evaluación continua. Gran parte de ellos obtienen un 10. Los centros son conocedores de estas prácticas. Ilerna explica que logró cerrar una web donde se compartían las respuestas, pero que los chats privados “escapan” a sus competencias y no los pueden controlar.

Ayudar a la inspección

Ante este desbarajuste, que la inspección detectó hace unos años, el Departamento de Educación trabaja en un decreto para regularizar y limitar el sector. Como el trámite de esta normativa es lento -se espera de aquí a un año-, ha avanzado una resolución -publicada en el Diario Oficial de la Generalitat del pasado 5 de diciembre y que entra en vigor este mismo curso- que regula tanto las actividades formativas recurrentes -básicamente las clases más prácticas que se realizan de forma presencial, excluyendo los exámenes finales- que los centros de FP privada de Cataluña realizan en otras comunidades, como de los centros de otras regiones que organicen clases en Cataluña. Concretamente, los centros deben comunicar estas actividades con tres meses de antelación, asegurar que el espacio cumple los requisitos básicos y tener a punto la acreditación del profesorado, en caso de que se presente la inspección.

Francesc Roca, secretario de Formación Profesional, asegura a este diario que Educación optó por regular estas actividades a raíz de preguntas de los mismos centros y admite que la resolución “facilita el trabajo de la inspección educativa”, al conocer con antelación dónde se realizan. Con todo, el Departamento de Educación no detalla la cifra de denuncias recibidas por la inspección sobre estos centros.