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La ofensiva contra el chabolismo topa con la escasez de alojamientos de emergencia

En Barcelona 1.245 personas duermen a diario en la calle, mientras que hay 2.860 en camas de entidades sociales

Uno de los chabolistas de Montcada i Reixac recoge entre los escombros del asentamiento derribado por el Ayuntamiento
Uno de los chabolistas de Montcada i Reixac recoge entre los escombros del asentamiento derribado por el Ayuntamientomassimiliano minocri
Alfonso L. Congostrina

Ester Guix tiene 46 años y, hasta el martes, llevaba un año y medio viviendo en una chabola del campamento de la Vallençana Baixa situado a la orilla del Besòs y justo al lado de la depuradora de Montcada i Reixac. Guix era la “propietaria” de una de las 15 barracas en las que vivían 25 personas hasta que el martes el Ayuntamiento, echando mano de órdenes judiciales, desalojó el campamento y una excavadora derribó las infraviviendas. “Desde que tiraron las chabolas ha llovido muchísimo. Pude recuperar una tienda de campaña y estoy durmiendo un poco más arriba de la zona donde estaba el campamento. De hecho, estoy intentando construir otra chabola”, admite Guix a EL PAÍS. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ofreció a los 25 chabolistas una noche de hostal en las instalaciones del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Ninguno se acogió a la oferta municipal.

El Consistorio justifica el operativo advirtiendo que la zona donde estaba el campamento es inundable. Fuentes municipales aseguran que el desalojo se realizó por motivos de seguridad y denuncian que Montcada i Reixac se encuentra “sola y sin recursos” ante el problema de la llamada “favela” del Besòs. La misma fuente mantiene que el Consistorio “hará todo lo posible” para que estos asentamientos no se expandan y justifica que no tienen recursos sociales para atender a personas como Ester Guix, que siguen existiendo una vez que las chabolas se han convertido en escombro. El caso de Montcada i Reixac —con un Ayuntamiento gobernado por el PSC en coalición con el PP y el grupo municipalista Vivimir— no es excepcional. El pasado mes de abril, Badalona —con mayoría absoluta del PP— cerró el albergue para personas sin hogar de Can Bofí Vell. Estas ofensivas para atajar el sinhogarismo chocan, a su vez, con la escasez en la oferta de alojamientos de emergencias, por lo que los vulnerables son cada vez más vulnerables.

Albert Sales es investigador del Institut Metròpoli y coordinador del informe Diagnosis 2024. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Este documento se actualiza cada dos años y, según este, la situación cada vez es más preocupante. La red de atención a personas sin hogar (Xapsll, las siglas en catalán de Xarxa d’Atenció a Persone sense Llar) contabilizó en 2008 a 658 personas durmiendo en las calles de Barcelona. Este año se han batido todos los récords y son 1.245. A esas personas deben sumarse las que duermen a diario en camas de entidades e instituciones, que este año han sido 2.860 frente a las 1.190 que había cada día en 2008. La única cifra que se ha mantenido más o menos estable es la de personas durmiendo en chabolas dentro de la capital catalana. En 2008 eran 265 y este año son 260 (en 2018 se llegó al máximo de 444).

“En Barcelona consideramos asentamientos los construidos con chabolas y los que están dentro de naves. El alquiler de habitaciones es cada vez más caro y expulsa a muchas personas a la calle. Eso contrasta con que cada vez hay menos asentamientos en la capital catalana. Cada vez hay menos solares y menos naves en Barcelona y las personas se han ido a solares del área metropolitana, han ocupado pisos, locales…”, argumenta Sales. El investigador denuncia que las políticas municipales son antagónicas: “Por un lado, están los servicios sociales que acompañan a estas personas pero, por otro, los ayuntamientos están preocupados por las quejas relacionadas con la inseguridad, la convivencia... A los vecinos les molesta ver la pobreza a las puertas de casa. Las autoridades también temen que suceda alguna catástrofe (inundaciones, incendios…) que se pueda atribuir a la administración”. La principal dificultad es que “las políticas sociales y de vivienda se llevan dando la espalda” décadas.

“Hay personas que están permanentemente excluidas debido, en muchas ocasiones, al proceso migratorio y la irregularidad crónica. Cuando intervienen los servicios sociales se debe alojar temporalmente a esas personas pero tras ese paso no hay salida. Esas personas no se recuperan, no acaban durmiendo en una habitación alquilada porque hoy es imposible pagar un alquiler incluso con un ingreso mínimo vital”, lamenta. Casos como la destrucción de un campamento en Montcada solo sirven para “expulsar el problema a otro lado”, ya que no hay un abordaje integral. “Además, fuera de Barcelona no hay cifras muy fiables de sinhogarismo, por lo que no sabemos el alcance del problema”, denuncia.

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat destina 15 millones de euros para financiar 40 proyectos destinados a combatir el sinhogarismo. Según la Generalitat en toda Cataluña viven 4.624 personas al aire libre y otras 1.020 en chabolas.

Elena Sala es la directora La Violeta, un equipamiento para mujeres sin hogar del centro de acogida Assís. Sala constata a diario que el sinhogarismo no hace más que crecer en Europa. “La vivienda se ha convertido en un lujo excluyente y exclusivo. La insuficiencia de trabajo, las políticas que no permiten el empleo a inmigrantes… provoca exclusión”, denuncia. “El sinhogarismo no es un colectivo prioritario para las autoridades porque no votan. Hay municipios que apuestan por la expulsión de estos colectivos negándoles el padrón, derribando asentamientos… Necesitamos políticas estatales valientes para atajar el problema”, concluye Sala.

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, denuncia que la distribución de los recursos no es equitativa en Cataluña: “Hay municipios que aseguran que no tienen sinhogarismo pero no es correcto. No empadronan o no tienen duchas, camas, equipos… y las personas acaban viniendo a Barcelona porque no les queda otra”. Barcelona tiene 2.860 camas para personas sin hogar y 2.900 plazas en alojamientos temporales de urgencia (pensiones) cuya acogida es ahora de un máximo de medio año para luego explorar otras ubicaciones. “El gran impulso lo debe dar ahora la Generalitat. No es posible que Badalona haya cerrado su centro de acogida o en L’Hospitalet haya solo 27 camas, sin hablar de municipios donde no sé cuántas hay como Cornellà, Mataró, Sabadell…”, lamenta.

Ester Guix lleva varios días rebuscando entre los escombros de las chabolas derribadas el martes en Montcada i Reixac. “Yo creo que muchos nos desplazaremos juntos a otro sitio donde continuar sobreviviendo”, mantiene Guix.

Los zulos de Badalona siguen habitados

Gerard Farré

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ordenó precintar el 23 de octubre un almacén y un local comercial donde se habían construido 18 zulos ilegales. La mayoría, 16, fueron alquiladas. Tienen 15 metros cuadrados cada una, con cocina y baño pero sin ventilación ni ventanas. La mayoría de inquilinos son inmigrantes y pagan 450 euros al mes. Después de una inspección por parte de  los técnicos del departamento de urbanismo del Ayuntamiento, el lugar quedó clausurado y el alcalde amenazó con multas millonarias al propietario.  El local, situado en el barrio de Coll i Pujol, se encontraba el jueves precintado y con un cartel en la puerta de entrada al edificio anuncia: “Local no apto para el uso de vivienda”. Sin embargo, sigue habitado.

Diego Correa, habita uno de estos zulos. “Aquí sigue viviendo gente, familias con niños pequeños. Los que se pueden permitir una habitación se han marchado, aunque muchos de ellos han dejado sus cosas aquí”, informa. El Ayuntamiento aún no les ha podido echar, pero Correa sabe que el Consistorio está esperando las últimas órdenes del juez para poder expulsarlos: “Esta mañana, antes de ir al trabajo he pasado por el Ayuntamiento y me han dicho que entre el martes y el miércoles vendrán a darnos el primer aviso”.
Correa, que se enteró de que se alquilaban estas habitaciones por un amigo -que a la vez también se había enterado por otro conocido- confirma que el propietario ha desaparecido y que no saben nada de él: “No se ha interesado por nosotros, no nos ha ofrecido ninguna alternativa”. Este inquilino paga 700 euros mensuales y sabe que no puede permitirse algo más caro. “El problema seguirá existiendo cuando nos echen. No tenemos a donde ir y el Ayuntamiento solo nos ofrece uno o dos días en un albergue”, lamenta.
 

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