Del concierto ponderado al agravio insolidario: el giro copernicano del PP sobre la financiación de Cataluña

Hubo una época en la que dentro del Partido Popular, no solo el catalán, se llegó a plantear una mejora en la financiación de Cataluña idéntica al concierto vasco y navarro. La hemeroteca es un jarro de agua fría para muchas de las afirmaciones casi incendiarias que en los últimos días han hecho líderes populares sobre el acuerdo entre los socialistas y Esquerra Republicana y que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Y hay más: en el programa de las elecciones catalanas de 2012, la propuesta estrella era “conseguir un nuevo sistema de financiación singular”, con “capacidad normativa” y recaudación de todos los impuestos, aunque dentro del régimen común. Esta propuesta se acercaba mucho a lo pactado ahora entre los socialistas y ERC.

La histórica apuesta del PP de Cataluña por una mejora de ingresos para las arcas catalanas viene determinada por su relación cercana con el empresariado catalán, un colectivo que siempre ha considerado que la comunidad ve lastradas sus posibilidades de crecimiento por la falta de inversiones por parte del Estado. Ya en 2005, el entonces líder popular en Cataluña, Josep Piqué, planteó la necesidad de mejoras del sistema y de reconocer cierta singularidad, haciéndose eco de las demandas del empresariado. Una lucha común que hizo que, en marzo de este año, una veintena de patronales e instituciones empresariales de distintas sensibilidades políticas y que no siempre logran ponerse de acuerdo firmaron un documento a favor de una nueva financiación para Cataluña.

La relación entre el partido y parte del empresariado sigue y eso en parte podría explicar la contención de los populares catalanes frente a la actual polémica. En la comparecencia de Illa, el pasado jueves en el Parlament, el líder de la bancada popular, Alejandro Fernández, puso el énfasis en cargar contra “el sanchismo” y la relación con Esquerra más que repetir el argumentario sobre la financiación. Si bien la calificó de una salida de “confederación asimétrica” y que “no respeta las reglas del juego”, cree que el resultado será otro: “A Cataluña no llegarán más recursos, a Cataluña llegarán más impuestos, y si no, al tiempo”, vaticinó Fernández.

Uno de los puntos de mayor comunión entre los populares y esa reivindicación de una mejora de la financiación de la Generalitat llegó en 2012. En los albores del procés independentista, el PP catalán intentó ejercer de dique de contención ante los planteamientos de Artur Mas y Convergència, que en septiembre de ese mes llevó al entonces jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, su propuesta de “pacto fiscal”. La propuesta para esa repetición electoral de los entonces liderados por Alicia Sánchez Camacho, ahora diputada en la Asamblea de Madrid, tuvo como centro de gravedad la consecución de “un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña”.

El programa electoral para esa contienda deja ver que entonces la mención a la “singularidad” no tenía la connotación de agravio territorial que ahora privilegia el PP. El documento, titulado ‘Cataluña sí, España también’, sustentaba la necesidad del trato diferenciado para poder “resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias”. “Defenderé hasta el final este modelo. Si mi partido no lo acepta, valoraré las consecuencias. Para nosotros es una prioridad la mejora del modelo de financiación de Cataluña”, aseguró la entonces diputada en el Parlament y candidata a la presidencia de la Generalitat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Los de Sánchez Camacho veían posible promover esa singularidad dentro del régimen común ―la gran diferencia respecto al modelo pactado entre PSC y ERC― a través de medidas como “el incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesta de impuestos”. Además de lograr ceder “capacidad normativa”, el establecimiento de fórmulas de colaboración entre las respectivas agencias tributarias, continúa en programa electoral, permitiría “la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos”.

El programa electoral de los populares catalanes ―con el que lograron ganar cuota de votos y un diputado más― se comprometía que el principio de ordinalidad se respetara en la nueva fórmula. Abogaba así por que se garantizara “el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita” una vez se aplicara el mecanismo de nivelación de solidaridad interterritorial. E, incluso, en la línea de lo que ahora defiende Junts per Catalunya, Sánchez Camacho quería que esas aportaciones a otros territorios fueran finalistas. “Hay que garantizar que los fondos que Cataluña envía a las comunidades se destinen a que crezcan y no para dar subvenciones o regalar dinero”, apostilló en esa misma entrevista a la radio pública catalana.

Pero la hemeroteca también es especialmente cruel con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su acto de este viernes con los barones territoriales, en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, el líder de la oposición en el Congreso ha puesto como prioridad del curso “parar el cupo independentista”, fruto de lo que considera una “deslealtad institucional” por parte del Gobierno central y el de la Generalitat. Unas declaraciones que se suman a otras muchas en que dejaba claro que no había espacio para la discusión de un modelo en esa línea por estar “fuera del ordenamiento jurídico” y al estar seguro de que no habría ningún presidente autonómico dispuesto a renunciar a “lo que le corresponde” en beneficio de una única comunidad autónoma.

El Núñez Feijóo presidente de su partido parece pensar muy distinto al que fuera líder de la Xunta de Galicia. En 2016, en una intervención en la reunión anual del Círculo de Economía, su posición sobre un posible trato diferenciado para Cataluña era muy diferente. Ante decenas de empresarios dijo: “Yo no conozco, salvo un par de comunidades autónomas, que no digan que Madrid no me da lo que me corresponde. Con lo cual, bueno, no digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Eso es absolutamente cierto. También es cierto que en la discusión constituyente, pues, se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas se puedan cambiar y se puedan plantear y se pueden discutir, ¿no?”.

El ahora líder del PP, de hecho, mostraba la complejidad de un debate que, a diferencia de su posición actual, no cerraba en banda ni veía como una cosa implacablemente fuera de la ley “¿Qué es lo que se mide y lo que no se mide y lo que se pondera y lo que no se pondera?”

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