La vida después de la amnistía: aliviados pero insatisfechos

El martes por la tarde, Oleksandr S. estaba sometiéndose a una sesión de entrenamiento de crossfit cuando un compañero se le acercó para felicitarle. Pensó que se había confundido con la fecha de su cumpleaños. Pero no. Era otra cosa. “¡Has sido amnistiado!”, le anunció. La noticia corría desde mediodía, pero Oleks, de 27 años, había estado trabajando en el club náutico de Sant Andreu de Llavaneres, en la costa del Maresme, y no se había enterado de nada. Vio que tenía wasaps de su abogada. Leyó la sentencia. Se sintió aliviado al comprobar que se alejaba la amenaza de la prisión. Pero su satisfacción fue incompleta cuando comprobó que los hechos por los que inicialmente había sido condenado a siete años y medio de cárcel —la pena más alta de todas las impuestas por los disturbios en las movilizaciones del procés— no se habían revisado como él solicitaba. El tribunal los dio por buenos y se limitó a aplicar la ley de amnistía.

“Te salvas de las consecuencias penales gracias a la amnistía. pero en la sentencia sigue diciendo que soy culpable. Y soy inocente. Lamento que hayan creído la palabra de los policías, aunque tengo la conciencia tranquila”, subraya Oleks. Sabe que la medida de gracia es una victoria, aunque una victoria un tanto amarga, sensación que comparten buena parte de las 18 personas que, el pasado 25 de junio, se convirtieron en los primeros beneficiarios de la ley de amnistía. Salvo el exconsejero de Interior Miquel Buch y el mosso d’esquadra Lluís Escolà, todos los amnistiados son jóvenes que participaron en movilizaciones de protesta vinculados al proceso independentista a lo largo de 2018, 2019 y 2020, y que se vieron inmersos en procesos judiciales por desórdenes públicos, atentado a la autoridad o lesiones. EL PAÍS ha charlado con cuatro de ellos.

Las primeras amnistías concedidas son fruto de revisiones de sentencias. La sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha optado por una fórmula que no ha gustado del todo a los beneficiarios: ha dado por buenos los “hechos probados” de la primera sentencia condenatoria (sin entrar a revisarlos) y ha extinguido las responsabilidades penales en estricta aplicación de la ley de amnistía. En los casos en que hubo policías lesionados, además, ha mantenido la responsabilidad civil para los condenados, lo que implica que en el futuro —si los agentes presentan demandas en procesos civiles— pueden afrontar aún consecuencias económicas. “No sé. Si un policía quiere poner una demanda, que lo haga, pero al menos que tenga una fecha límite, que ya he tenido mucha paciencia todo este tiempo”, cuenta Oleks, condenado a pagar más de 52.000 euros a dos policías.

El 18 de octubre de 2019, Oleks participó en una manifestación de protesta contra la sentencia del procés frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Según la sentencia, lanzó piedras, adoquines, objetos contundentes y “un artefacto de pirotécnica” a los pies de dos antidisturbios. Fue condenado a cuatro años y medio por atentado y a otros tres años por lesiones. “Creí que el juicio había ido bien, la verdad. Pero cuando vi las penas ya me cagué un poco encima. Pensé incluso en irme del país. Explicaba a la gente mi angustia, mi impotencia. Me dijeron que, si no había hecho nada, me quedara e hiciera vida normal. Y eso hice”. Tuvo miedo de entrar en prisión, pero ya luego se aisló. “Si se aprueba y estoy dentro, olé, y si no sigo como toca”, cuenta el joven, que en estos años ha pasado de trabajar como mecánico de camiones y motos a arreglar motores de barcos, y que nunca perdió de vista la amenaza real de ingresar en prisión.

“Han conseguido meternos miedo”

El dinero, más que la cárcel, fue lo que siempre preocupó a Gerard M. (nombre ficticio), uno de los llamados “tres de Granollers”, que fueron condenados a tres años de cárcel cada uno por atentado a agentes de la autoridad el 1 de octubre de 2020. Los chicos, que tenían entonces 18 años, acudieron a la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural en el centro de Barcelona para conmemorar el tercer aniversario del referéndum del 1-O. Según la sentencia, lanzaron piedras a una furgoneta policial. Gerard, además, trató de evitar la detención y, en su huida, embistió a un policía, que sufrió una fractura en el peroné. Por eso se le impuso el pago de una indemnización de 76.647 euros.

“Somos inocentes al 100%. No hicimos nada. ¿Que ante la justicia sigo siendo culpable y solo me han perdonado? Bueno, es el menor de mis problemas. He pasado cuatro años pendiente de qué pasaría conmigo, pensando en cómo pagaría la multa y parando proyectos personales por miedo a pasarme media vida pagando un dinero que no tengo. Y por algo que no hice. Lo único que hice fue correr por mi vida. Pensaba que eran nazis o gente de ultraderecha, no sabía que eran secretas. Nunca he querido hacer daño a nadie”, cuenta Gerard, que ahora tiene 23 años y trabaja en el sector de las artes gráficas. “Han conseguido cagarnos, meternos miedo. He rehecho mi vida, pero me fastidia tener que seguir pendiente del tema. En fin, seguiremos luchando...”, cuenta. Porque la sentencia le exonera de responsabilidad penal y cancela sus antecedentes penales, pero deja la puerta abierta a que el policía reclame el dinero.

Ignacio M., otro amnistiado, se siente feliz porque, ahora sí, para él “todo ha terminado”. Pero no olvida estos últimos cinco años de “ansiedad, desconcierto y terror”, explica este hombre de 30 años que se manifestó en Barcelona un día después de que lo hiciera Oleks. La noche del 19 de octubre de 2019, los disturbios fueron intensos en torno a la plaza Urquinaona. Hubo barricadas y lanzamiento de objetos. La sentencia atribuye a Ignacio haber herido levemente a un policía en ese contexto. Y le condenó a una pena menor, de un año de cárcel. La recurrió. Pero el TSJC ha resuelto como en los otros casos: da por buenos los hechos de la primera sentencia y le amnistía.

“Estoy animado, la verdad. Tengo la sensación de que se ha hecho justicia. No tenía claro que me fuesen a amnistiar. Esta ley es una forma de romper el ciclo de odio y de ver que las cosas no se pueden solucionar a palos”. Ignacio, que fuma un cigarrillo en un descanso de su turno como dependiente de un supermercado, lo ha pasado mal. “El proceso, de cinco años, ha sido devastador a nivel personal, social… Ves amenazada tu supervivencia por una sombra gigantesca que te acompaña vayas donde vayas. Y te sientes solo porque, aunque tu familia te apoye, nadie, salvo los que han pasado lo mismo, pueden empatizar del todo contigo”. No piensa celebrar nada (“el daño que te han hecho ya está hecho y no se arregla con que te digan que estás amnistiado”), pero pide que se cite expresamente a su abogado, Xavier Sirvent: “Ha estado ahí, a nivel humano ha sido increíble… ¡Es el puto amo!”.

“Es una victoria popular”

A diferencia del distraído Oleks, Sergi V. sí estaba pendiente de las noticias el pasado 25 de junio. “Estaba comiendo, vi que salía la amnistía de Buch y entendí que la nuestra no tardaría en salir”. Este joven de 26 años, que trabaja en el mundo editorial, acudió a una protesta, en el parque de la Ciutadella de Barcelona (sede del Parlamento catalán), convocada por entidades independentistas para protestar por la investidura fallida del expresident Carles Puigdemont. Los hechos ocurrieron la tarde del 30 de enero de 2018. Más de 1.000 personas habían logrado entrar al parque pese al dispositivo de seguridad. Sergi y otras cinco personas fueron condenadas en primera instancia a penas menores por participar en la refriega con los antidisturbios.

A Sergi le impusieron cinco meses de cárcel. Aunque los hechos siguen (a efectos retóricos) incólumes, ha quedado exonerado de toda responsabilidad penal. Está satisfecho. A medias. “Debemos reivindicar la amnistía como una victoria popular, de la gente. Uno de los consensos más grandes en Cataluña es el fin de la represión. Lo más importante es que gente como Oleks y otros jóvenes que estaban en riesgo no entren en prisión. Pero es una victoria parcial y agridulce”, matiza.

Más politizado que otros compañeros de fatigas, Sergi lamenta las trabas de algunos jueces para aplicar la ley (“hemos visto el deep state [Estado profundo o cloacas del Estado] dentro del deep state”) y la pugna política entre Junts y ERC por apropiarse de la iniciativa. Asegura que ha sido sometido a una causa judicial con “carácter político” y admite que ser beneficiario de la ley supone “un alivio”. Los seis años transcurridos desde su arresto no han sido fáciles. Y han impactado en su vida. “Si pones nuestros nombres en Google, lo primero que sale es nuestra implicación en esta causa. Durante un tiempo me costó mucho encontrar piso. Nos hemos visto expuestos a una situación que no hemos escogido, somos ciudadanos anónimos”.

“Es un aprobado general”

El único personaje público de entre los primeros amnistiados es Miquel Buch, consejero de Interior de Junts durante el Gobierno de Quim Torra. La Audiencia de Barcelona condenó a Buch a cuatro años y medio de cárcel por contratar como supuesto asesor a un mosso d’esquadra, Lluís Escolà, que según la sentencia trabajó en realidad como escolta de Puigdemont en Waterloo (Bélgica), donde había huido de la justicia española. En entrevistas en radio y televisión en las horas posteriores a la noticia, el exconsejero trasladó esa misma sensación agridulce: “Para mí ha sido un aprobado general. Porque yo iba para nota. Teníamos un muy buen recurso. Y al tribunal le habría costado mucho mantener la sentencia inicial. Sigo defendiendo mi honorabilidad, mi gestión y lo que hice”, reivindica.

“Mi familia, mis amigos, estamos contentos hoy, no deja de ser una buena noticia”, contó Buch, que confía en que su caso (fue condenado por prevaricación y malversación) sirva de “precedente” para las causas que, tanto en Cataluña como en Madrid, afrontan otros cargos políticos por ese mismo delito de malversación. “Hemos sido los primeros, pero yo no me sentiré contento del todo hasta que estemos todos, hasta que esté el último”, subrayó en una de las entrevistas, en TV3.

Buch ha preferido no hablar con EL PAÍS. Prefiere ser prudente. Porque puede que no todo haya acabado aún. La Fiscalía cree que su caso queda extramuros de la medida de gracia. Y sopesa recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, según fuentes judiciales. Tampoco ha querido hablar el mosso al que contrató, que gracias a la amnistía evita una inhabilitación que le hubiese apartado del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Ni lo han hecho muchos de los amnistiados por las protestas del procés. No lo hacen porque no les apetece. O porque sienten que aún es demasiado pronto. O porque quieren pasar página. O porque, protagonistas involuntarios de la historia contemporánea, prefieren conservar el anonimato o recobrar el que un día perdieron.

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