Las entidades alertan de que crecen las dificultades para obtener el padrón en al menos 37 municipios: “Poner impedimentos es vulnerar derechos”

Al calvario que sufren los colectivos vulnerables de tener una economía precaria o padecer una situación de exclusión residencial, se le suman cada vez más dificultades burocráticas y administrativas, especialmente en el empadronamiento. Obtener el padrón es un elemento básico para entrar en el sistema de salud, para la escolarización o para muchos otros trámites, y aunque para la mayoría de la población es algo prácticamente automático, para algunos colectivos es una carrera de obstáculos. La Red de Entidades para el Padrón ha lanzado este viernes la alerta de que cada vez más Ayuntamientos ponen trabas, en un contexto en el que el discurso político de ultraderecha marca el debate sobre la inmigración y los colectivos vulnerables. Las entidades han acreditado que al menos 37 municipios —entre los que está por primera vez Barcelona, pero también las otras nueve ciudades más pobladas de Cataluña y localidades donde gobierna la extrema derecha como Ripoll—, cometen infracciones que dificultan el acceso al empadronamiento. Son siete ciudades más que las que analizaron justo hace un año, pero además son ciudades con más población, con lo que la afectación es mayor. “Poner impedimentos en el padrón es vulnerar derechos”, han avisado las entidades.

Las dificultades en el padrón afectan a una parte pequeña de la población, pero como recuerda Laia Costa, de la fundación Ficat, “son los más vulnerables de los vulnerables”: desde personas sin hogar o personas que viven en habitaciones realquiladas hasta trabajadoras sexuales y personas de origen extranjero en situación administrativa irregular. Y son precisamente estos colectivos los que necesitan el padrón como puerta de entrada a otros trámites y al sistema de protección de salud y de servicios sociales. Las entidades han explicado que, aunque la legislación española establece que el padrón es un derecho de obligado cumplimiento para el ciudadano y que los Ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas que viven en el municipio (solo se puede revertir si se demuestra posteriormente un fraude), cada vez más consistorios ponen impedimentos, argumentando que están ejerciendo su principio de autonomía. La Generalitat presentó esta semana un decálogo que dibuja unas bases mínimas para el empadronamiento en Cataluña, pero solo ocho Ayuntamientos lo han firmado.

Las dificultades pueden ir, entre muchas otras, desde la arbitrariedad en los criterios para dar el padrón, el requerimiento de documentación innecesaria, la demora en otorgar el padrón más allá de los tres meses de tope, o las comprobaciones físicas en la vivienda para acreditar que la persona vive donde dice vivir, mediante la policía local o en algunas ocasiones la policía nacional. Las entidades recuerdan que todas estas trabas se dirigen casi exclusivamente a personas migrantes o colectivos vulnerables, con un evidente sesgo racial. Y afirman que los niños y los adolescentes sufren especialmente esta situación, porque vulnera la igualdad de oportunidades (por ejemplo, haciendo que empiecen la escuela más tarde que el resto porque no tienen padrón). El caso de los menores extutelados por la Generalitat también es “flagrante”: vienen de ser reconocidos por la Administración, pero al tener que renovar la documentación reciben una negativa si no tienen padrón.

Con todo, es muy complicado saber cuánta gente está afectada por estos impedimentos. En Barcelona, hay 40.000 personas empadronadas con la fórmula del padrón sin domicilio fijo, y para obtenerlo todas ellas han pasado por dificultades, con lo que, explican las entidades, al menos un 4% de la población barcelonesa lo sufre. Las entidades han acreditado “infracciones” en al menos 37 municipios, algunas más graves y otras menos, pero recuerdan que no tienen datos de otros municipios que puedan cometerlas. Estos municipios son: Alcanar, Arbúcies, Agramunt, Arenys de Mar, Badalona, Balenyà, Barcelona, Bellpuig, Calafell, Cornellà, El Masnou, Figueres, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Llagostera, Lleida, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Olot, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripoll, Sabadell, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Farners, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa, Tremp, Vic i Vilanova i la Geltrú.

“Para tener constancia de las infracciones, los afectados se tienen que quejar. Y al ser personas vulnerables que necesitan el padrón para tener la tarjeta sanitaria o para escolarizar a sus hijos, prefieren no decir nada y buscar otro municipio donde sí podrán empadronarse”, apuntan los portavoces de la plataforma. Ocurre lo mismo con llevar estos casos a la justicia: para que la Fiscalía actúe necesita un caso, y las personas afectadas no lo denuncian porque no quieren alargar el proceso ni entrar en un procedimiento judicial. Las entidades recuerdan que ha habido casos, como el de Premià de Mar (donde el Ayuntamiento dijo en 2020 que no empadronaría a quien no tuviese contrato de trabajo, lo cual infringe la legislación), donde tuvieron que pasar dos años para que, fruto de la presión de los grupos políticos de la oposición, un juez declarase nulas estas restricciones.

Barcelona entra en la lista de municipios por primera vez, después de ser una de las ciudades más garantistas en la cuestión del empadronamiento. Lo era tanto, que las entidades de municipios de su alrededor que tenían más dificultades, derivaban a sus usuarios a Barcelona para obtener el padrón. Hace un mes, el Ayuntamiento de Jaume Collboni impulsó unos cambios para ordenar esta situación, y uno de ellos era dar de baja a las entidades sociales —como Arrels o Stop Sida— como sitios donde sus usuarios se pueden empadronar sin pernoctación (es decir, que están empadronados en las entidades aunque no vivan allí, porque son personas que viven en la calle o que tienen un domicilio no fijo, o son personas vulnerables como trabajadoras sexuales que no pueden empadronarse donde viven). “¿De verdad tenían que empezar a ordenar por aquí?”, se ha preguntado Costa.

La red de entidades ha presentado diez puntos en los que recuerda a las administraciones que el padrón es un registro que certifica que la persona reside en el municipio, “no un instrumento para comprobar las condiciones en las que vive, ni una herramienta para perseguir su situación administrativa”. La plataforma apunta que los consistorios tienen que garantizar el padrón con políticas activas de información, tienen que incluir en los formularios todas las opciones de vivienda —”no puede ser que se vea el alquiler de habitaciones como algo excepcional que no se pone en el formulario, cuando es lo más habitual”, señalan—, y avisan de que comprobar los datos que ha facilitado el ciudadano “no puede ser una excusa para no empadronar o dilatar el proceso”.

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