El padrón, frontera democrática

Hace unas semanas, las infinitas trabas que voluntariamente ponen algunos municipios al empadronamiento de personas migrantes saltaron a las crónicas por la verdadera cruzada llevada a cabo por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll por la formación de extrema derecha independentista Aliança Catalana. La acción de la alcaldesa ultra —que se configura como una acción de racismo institucional— ha motivado incluso un requerimiento por parte del Gobierno, que ha pedido a la edil informaciones detalladas sobre la gestión de ese trámite por parte de este Consistorio catalán.

Sin embargo, y como hizo notar a principio de febrero Comisiones Obreras de Cataluña, el caso de Ripoll —por mucho que sea más extremo en sus modalidades y más evidente por la publicidad que la misma formación de extrema derecha le quiso dar—, no es aislado. El sindicato —gracias al trabajo del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE)— ha podido documentar más de 30 casos de municipios que retrasan y dificultan los trámites de empadronamiento a personas migrantes. En la lista hay municipios de diferentes zonas y provincias —Santa Coloma de Farners, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat o Salt, entre muchos otros— gobernados por mayorías políticas de todos los colores.

Vale la pena conectar esta información con los resultados de la encuesta de valores publicada por el CEO la semana pasada, que recoge que el 31% de la población opina que “con tanta migración uno no se siente ya en casa”. Concretamente, la afirmación es respaldada por el 73% de los electores de Vox, el 50% del PP, y del 48% de Junts. En el caso de ERC el porcentaje es del 28%, del PSC del 25, de la CUP el 11 y, finalmente, de los comunes el 9%.

Todo ello, debería hacer saltar todas las alarmas porque para muchos partidos representados en nuestros ayuntamientos querer complacer a sectores significativos de sus electorados con políticas contrarias a los derechos humanos de las personas migradas puede convertirse en una tentación que hay que desterrar sin contemplación. Hay que recordarlo más: entorpecer o dilatar los trámites de empadronamiento para las personas migradas significa quitarles derechos humanos tan básicos como la salud, la escolarización, los servicios sociales o los trámites para la regularización.

Por otra parte, hay que recordar también que el padrón es un derecho para las personas y una obligación legal, tanto para la misma persona como para las administraciones, como establecen la legislación estatal (artículo 15 de la Ley 7/1985) y la catalana (artículo 39 del Decreto Legislativo 2/2003, que actualiza la Ley municipal y de régimen local de Cataluña).

En definitiva, empadronar a los migrantes en tiempo y forma es un imperativo legal para todos los ayuntamientos, pero aún más, un imperativo político para todas las personas que crean en los derechos humanos. Hoy en día es la frontera real de la democracia.

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