El alcalde de Junts que se desmarca de la xenofobia

Junts per Catalunya consiguió, el pasado 10 de enero, el compromiso del PSOE para delegar a la Generalitat las competencias de inmigración. Los posconvergentes arrancaban este traspaso (todavía por concretar) en un momento de fuerte competencia con ERC y también con Aliança Catalana, la formación independentista de tintes xenófobos que gobierna en Ripoll (Girona). La dirección de Junts se ha alineado los últimos meses con un grupo de alcaldes de la comarca barcelonesa del Maresme que exigen la expulsión de los migrantes reincidentes en una clara asociación entre inmigración y delincuencia. Lejos de desautorizarlos, la cúpula del partido ha abonado la misma tesis.

La deriva política de Junts en esta cuestión parece evidente, pero hay excepciones. En el municipio con mayor porcentaje de inmigrantes de Cataluña, Guissona (Lleida), viven 7.800 vecinos, de los que el 53% son migrantes. Pero justamente allí el partido fundado por Carles Puigdemont tiene el poder. El alcalde es Jaume Ars, quien ganó las elecciones de 2019 y arrasó en las de mayo de 2023 cuando consiguió nueve de los 13 concejales. Él tiene un discurso propio bastante alejado del que se ha escuchado en otros alcaldes de la formación. Y también lo demuestra con hechos: “No estoy a favor del binomio entre delincuencia e inmigración. En mi partido hay mensajes en los que no estoy, del todo, de acuerdo, pero también es cierto que los problemas que hay en Guissona no tienen nada que ver con de algunas poblaciones del Maresme”.

En el año 2000 vivían en Guissona 3.300 habitantes. Hoy se ha más que duplicado la población (7.800). Es uno de los pocos municipios donde los inmigrantes son mayoría. La clave para conseguir estas cifras la tiene la necesidad de mano de obra de la corporación alimentaria Bonàrea, una agrupación empresarial agroalimentaria en plena expansión. Bonàrea necesitaba tantos trabajadores que en los años 90 empezó a firmar contratos con trabajadores de otros países. Hoy en Guissona viven personas de 43 nacionalidades distintas. “La comunidad más grande es la rumana, con 1.260 vecinos, seguida de la ucrania, que ahora la integran 1.180 personas pero que cuando comenzó la guerra con Rusia llegó a los 1.300. Hay 600 vecinos de Senegal, 380 de Bulgaria, 150 de Colombia, 78 de Gambia, 67 de Guinea, 50 de Moldavia, 25 de Pakistán, 21 de Cuba, 11 de Mauritania…”, cuenta de memoria el alcalde. “No tenemos problemas de inseguridad porque hay trabajo y el porcentaje de parados es residual. Además, Bonàrea ejerce un papel de control. En el Ayuntamiento nos reunimos con la Guardia Municipal, Mossos y la seguridad de Bonàrea una vez al mes. Si una persona da problemas y es trabajador de Bonàrea le llaman la atención. Para la empresa, la convivencia es esencial”, revela Ars. “El problema de Guissona es que es complicado planificar el crecimiento de la población. El instituto se nos quedó pequeño antes de inaugurar la última reforma”, mantiene Ars.

En 2021 el alcalde decidió crear lo que se bautizó como “Espacio de Cohesión”. Es una reunión mensual en el Ayuntamiento en la que participan desde trabajadores del ambulatorio, los servicios sociales, Caritas o Cruz Roja, pero –sobre todo- los líderes de las comunidades de migrantes. Estos referentes actúan sobre las comunidades transmitiendo mensajes y ejerciendo una autoridad que se traduce en convivencia. Las reuniones se celebran los últimos jueves de mes y EL PAÍS acudió a la del pasado 25 de enero.

La primera en intervenir fue una técnica del Centro de Atención Primaria (CAP) de Guissona que recordó a los líderes de las asociaciones de inmigrantes que cada jueves se expiden tarjetas sanitarias para los recién llegados que no dispongan de ellas. Ars puntualiza: “Guissona es un municipio de libre padrón. Cuando llegan, lo primero que hacemos es empadronarlos para que pueda optar a todo: sanidad, educación…”. El discurso es muy diferente al que en las últimas semanas está dando la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, poniendo trabas al padrón de los vecinos de otras nacionalidades. La técnica del CAP se dirige a Tania Bashta, la vicepresidenta de la asociación de ucranios en Guissona: “Los médicos nos dicen que hay muchos ancianos ucranianos que no se relacionan. Están aislados”. Acuerdan montar grupos de actividades con la comunidad para intentar romper esta dinámica.

Hoy han acudido a la reunión media docena de miembros del hogar de ancianos del municipio. Pepito toma la palabra: “El centro está herido, no hay excursiones, no hay charlas, ni teatro. Tenemos un local gigante para cuatro personas y creemos que los ancianos de otras nacionalidades podían venir con nosotros”. Ivana Mocany, vicepresidenta de la asociación de rumanos, cree que no arrastrará a su comunidad hasta allí: “En mi país no hay cultura de ir de un sitio a otro. Les da vergüenza entrar en un bar”. La solución acordada: organizar talleres para acercar a ancianos migrantes al local.

La teniente de alcalde de Cohesión Social, Elena Guirado, saca a relucir el punto más espinoso del orden del día: “Nos han llegado noticias de que ha habido alguna conducta racista. ¿Habéis detectado algo?”. Bashta contesta enseguida: “Sí, pero no sabemos qué hacer”. Entre todos concluyen que, sobre todo, este tipo de conductas se dan en jóvenes adolescentes. Ars resume: “En un torneo de fútbol intercultural tuvimos un episodio. Hemos detectado que en el fútbol hay conflictos racistas y creemos que quizás podríamos hablar con los entrenadores y proponer algún tipo de formación”. Una representante de Bonàrea alerta: “En la empresa ha habido casos aislados entre colectivos de jóvenes. Nosotros tenemos nuestros propios protocolos que hemos puesto en marcha”. La técnica del CAP defiende que también hay charlas antibullying en el centro sanitario y Theophile Fayendione, de la asociación de senegaleses, y una representante de una de las asociaciones de vecinos de América Latina coinciden en que el problema son las “etiquetas” y la “educación” que se da dentro de las casas.

Uno de los cuatro guardias municipales, Raül Novell, toma la palabra para tratar sobre los conflictos de convivencia. “Este municipio trabaja por turnos (en referencia a los turnos laborales de Bonàrea) y hay que buscar equilibrios. Un bar debe poder trabajar y el vecino debe poder dormir. Tenemos que ganar todos”, decide salomónico Novell.

El último punto del día es el relativo a “los senegaleses”. Hasta 68 senegaleses sin permiso de trabajo llegaron en diciembre a Guissona y desbordaron los servicios sociales del municipio. “Necesitamos recursos. Estamos dándoles clases de catalán pero necesitan permanecer en España dos años para acreditar arraigo y poder trabajar. Ese recorrido es complicado en Guissona”, admite el alcalde. Ars anticipa: “Ahora están viviendo en pisos de otros senegaleses y no sabemos cuánto tiempo podrán aguantar así”.

Acaba la reunión. Poco a poco, los asistentes se van a sus casas. Ars se muestra orgulloso del espacio que ha creado. “Yo soy el alcalde de todos los vecinos. Al final, el sistema es injusto. Hay 7.800 vecinos, solo 3.200 tienen derecho a voto. En mayo lo hicieron el 62% y yo tuve mayoría absoluta con 1.000 votos”.

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