Los cambios en el padrón de Barcelona indignan a los colectivos vulnerables: “Además de todos nuestros problemas, nos ponen trabas”

Jenny es masajista y trabajadora sexual y vive en el barrio de Gràcia, en una habitación que también es su sitio habitual de trabajo. Originaria de Perú, lleva mucho tiempo en España, y con seguridad y desparpajo cuenta todas las dificultades que ha tenido que vivir como mujer trans. Una de ellas es la que tiene que ver con la vivienda y los servicios básicos. Actualmente, por la relación que tiene con su casero, que no pone objeción a su oficio, ella podría empadronarse en el piso de Gràcia, pero prefiere constar como empadronada en la ONG Stop Sida como persona sin domicilio fijo, porque ahí acude a menudo, le respetan la intimidad y le gestionan los trámites. El uso de esta fórmula se ha disparado en los últimos años en Barcelona —mientras otros municipios niegan esta opción— y ha llevado a algunas entidades a tener decenas y centenares de personas empadronadas. En el caso de Stop Sida, son unas 900. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona quiere centralizar esta posibilidad de empadronamiento y ha decidido dar de baja a las entidades sociales como facilitadoras del padrón. El Consistorio afirma que no ha cambiado el modelo, sino que lo mejora haciendo pasar a las personas por el circuito municipal. Las entidades y sus usuarios, indignados, lo reciben como una nueva barrera burocrática: “Además de todos nuestros problemas, nos ponen trabas”, dice Jenny.

El empadronamiento sin domicilio fijo, también llamado “en domicilio ficticio”, es una opción prevista por la ley que está pensada para las personas de colectivos vulnerables, por ejemplo las personas sin hogar. El padrón es necesario para acceder a servicios básicos como tener una tarjeta sanitaria, y esta fórmula permite entrar en el sistema a personas que no tienen hogar o que no lo tienen asegurado —ya sea porque viven en una habitación realquilada o porque su situación les obliga a cambiar a menudo de piso—. El empadronamiento sin domicilio fijo, ya sea mediante entidades sociales o mediante el Ayuntamiento, se ha disparado en Barcelona en los últimos años, coincidiendo con la llegada de Ada Colau a la alcaldía y en contraste con otros municipios de Cataluña, donde se niega esta opción pese a estar recogida por la ley. En 2016, en la capital catalana había 4.815 personas empadronadas sin domicilio fijo, una cifra que ha ido creciendo exponencialmente hasta las 45.016 personas este mes de mayo.

En un intento de poner orden, el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha optado por centralizar todos los trámites, impidiendo a las entidades sociales ejercer esta función. El objetivo es asegurar que todas las personas empadronadas en Barcelona efectivamente viven en Barcelona, y por otro lado hacer pasar por el circuito municipal a todas las personas que necesiten este empadronamiento ficticio. “El Ayuntamiento no ha cambiado su modelo de padrón”, señalan fuentes municipales, que añaden: “No se ha restringido el acceso a la modalidad del padrón en domicilio ficticio, la ciudad continúa empadronando y comprometida con garantizar el derecho de las personas”. La comisionada de Acción Social del Consistorio, Sonia Fuertes, destaca que el Ayuntamiento “defiende el derecho al padrón para las personas que viven en el municipio”, pero apunta que “también tiene que saber cuanta gente vive”. “El debate que hemos hecho en Barcelona es necesario que se haga en todas las poblaciones. Barcelona no expulsa a las personas de sus políticas sociales, solo que para desplegar todo el potencial debemos conocer realmente cuanta gente vive”, añade.

A partir de ahora, para tener el padrón sin domicilio fijo uno habrá que acreditar en las oficinas de atención a la ciudadanía o en la oficina de prestaciones sociales básicas que vive en una dirección concreta de Barcelona, o, en el caso de las personas sin hogar, confirmar esta situación mediante los equipos de servicios sociales especializados. El Ayuntamiento explica que también ha mejorado los sistemas para hacer llegar notificaciones a los usuarios, y ha aumentado el número de trabajadores que acreditan situaciones como estas. Y que, en casos específicos que presenten más dificultades, se ha creado una comisión con el departamento de Salud y las entidades sociales para tratarlos individualmente.

Casuística

No obstante, poner orden en este asunto es complicado por la disparidad de situaciones que existen. Jenny explica que de los 900 casos de la ONG donde ella está empadronada, no hay uno igual: “Cada una tiene su circunstancia. Y yo podría empadronarme en mi piso, pero no hablo solo por mí, hablo por todas. No todas tenemos las mismas oportunidades, pero tenemos asquerosamente las mismas necesidades”, sentencia. Jenny recuerda que hay personas que no pueden recibir correspondencia donde viven habitualmente, porque están en pisos donde sus caseros no saben que se dedican al trabajo sexual o son personas trans o personas portadoras del virus VIH que no quieren ser visibilizadas. “Lamentablemente, no todas queremos ser visibilizadas o no podemos. Por ejemplo, si eres trabajadora sexual y trabajas en el piso donde vives, al casero le puede caer una multa, así que si se entera te puede echar, y es muy complicado encontrar habitación en Barcelona”, detalla. Otro ejemplo es el de las trabajadoras sexuales que viven en los clubs de prostitución o las que en invierno van a diferentes ciudades europeas, donde hay más negocio, y por lo tanto pasan mucho tiempo fuera de su lugar de residencia. “La perspectiva del Ayuntamiento es que todas las personas tienen una vida ordenada, y no tiene por qué ser así”, dice Rubén Mora, portavoz del comité 1r de desembre.

Luis Villegas, portavoz de Stop Sida, que está integrada en el comité, explica que atienden a personas portadoras del virus VIH o enfermos de sida, y también a personas del colectivo LGTBIQ+ que se dedican al trabajo sexual. “Muchas veces llega gente de fuera que necesita un tratamiento muy rápido, y nosotros les hacíamos el trámite. Lo que ha pasado es feo porque le dan la vuelta a la tortilla y parece que seamos las entidades las que hemos hecho algo mal. Nos señalan y es injusto”, explica. Se dieron cuenta de que les habían dado de baja como entidad facilitadora cuando a uno de sus usuarios, Nicolás, de 25 años, le denegaron empadronarse en esta entidad. “Llevo dos años y medio en Barcelona y me han denegado el padrón dos veces y ahora llevo tres meses esperando”, explica este camarero que vive cerca del barrio de Congrés en un piso donde el propietario se niega a empadronarlo. Una alternativa se puede encontrar en el mercado negro: a Nicolás le ofrecieron empadronarlo en un piso por 150 euros, una cifra que se puede llegar a quintuplicar a espaldas de la administración. Luana, otra mujer trans de origen peruano que lleva medio año en Barcelona, relata el “estrés” de no poder acceder a este trámite tan básico. Es peluquera, pero no tiene permiso de trabajo, y no tener padrón es una barrera más que la puede llevar a plantearse el trabajo sexual como alternativa: “Cada vez es más difícil, y se suman los problemas personales”, relata.

En el caso de las personas sin hogar, la falta de facilidades para el empadronamiento tiene consecuencias evidentes. El director de Arrels, Ferran Busquets, que acoge y ofrece servicios básicos a estas personas, destaca que muchos de los usuarios que están empadronados mediante esta entidad probablemente no entrarán en el circuito municipal para hacerlo como pretende el Ayuntamiento. “Será mucho más complicado, aquí vienen cada día, reciben su correspondencia y notificaciones, están muy acompañados”, apunta Busquets, que lamenta que el Ayuntamiento, pese a haber hecho reuniones sobre el asunto, haya decidido hacerlo sin consenso previo. El problema ha llegado a oídos de la Sindicatura de Greuges de Barcelona —y no es la primera vez—, y pide una moratoria en esta medida.

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