PSC y ERC arrancan la negociación de la investidura en Cataluña con el horizonte fijado en agosto
La extrema tensión en Esquerra ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas por si esto pudiera envenenar el proceso de negociación parlamentaria para la que hay dos meses de margen
El presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), empezó este martes al mediodía la ronda de conversaciones para la investidura del presidente de la Generalitat, y minutos antes PSC y ERC anunciaron, casi al unísono en sucintos comunicados, que empezaban las negociaciones. No parece casualidad y al menos el gesto indica que el foco de la política catalana estará centrada en esos dos partidos para una posible investidura de Salvador Illa (PSC). Las conversaciones se prevén muy largas y las dos partes son conscientes de que un eventual acuerdo podría darse, si es que lo alcanzan, en pleno verano o en el límite del plazo, fijado para el 25 de agosto. Consciente de que se avecinan meses intensos, este martes Rull propuso a los líderes parlamentarios con los que se reunió pactar un receso entre el 8 y el 18 de agosto para que sea un periodo de facto inhábil y vacacional.
Rull recibió en su despacho a Jéssica Albiach (Comuns), Ignacio Garriga (Vox) y Alejandro Fernández (PP) y este miércoles hará lo propio con Albert Batet (Junts), Josep Maria Jové (ERC) y Salvador Illa (PSC). El socialista ya ha anticipado que le pedirá más tiempo para armar una mayoría de izquierdas con ERC y los comunes, mientras que la propuesta de Puigdemont requiere los apoyos de los republicanos, la CUP, y una improbable abstención del PSC. El presidente del Parlament previsiblemente anunciará por la tarde que no hay ningún candidato en condiciones de reunir los 68 votos necesarios y se abrirá la vía para firmar la resolución “razonada” de un ”acto equivalente”, un procedimiento con el mismo valor de una investidura fallida y que pone en marcha la cuenta atrás hacia una repetición electoral.
La incógnita es si se limitará a rubricar ese texto o si preferirá escenificarlo también en un pleno extraordinario. El acto equivalente fue la fórmula que propusieron en 2020 el entonces letrado mayor, Joan Ridao, y el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, para que empezara a contar el reloj y convocar elecciones para sustituir al expresident Quim Torra, condenado por desobediencia. En este caso, el límite antes de que se convoquen unas elecciones de forma automática es el 25 de agosto, pero se puede convocar una sesión de investidura antes. “Hay margen [para alcanzar acuerdos]”, aseguró el propio Rull en una entrevista en La 2, donde recordó el precedente que llevó a Puigdemont a la Generalitat en 2016. “Fue investido en el último momento, la última tarde, un domingo al último momento”.
Los comunes y la CUP —el PP no habló— dieron por válida la vía del “acto equivalente” bajo el argumento de que es mejor no hacer perder el tiempo a la ciudadanía. “No debemos generar más frustración a la gente”, defendió la líder de Comuns, Jéssica Albiach. De hecho, solo ERC puso el grito en el cielo al acusar tanto a socialistas y a Junts de “irresponsables” por no someterse a esa sesión. El president Pere Aragonès se presentó por dos veces en la primavera de 2021 a sendas investiduras fallidas al tener solo los votos de la CUP. “Es inconcebible e irresponsable que ningún representante quiera presentarse. Es irrespetuoso con el Parlament y con la propia ciudadanía”, afirmó Marta Vilalta, portavoz de ERC, que sostuvo que Aragonès se sometió entonces a la Cámara por una cuestión de responsabilidad. La republicana animó a Junts y PSC a mostrar desde el atril el liderazgo que les han concedido las urnas. Sin pleno, ERC pierde también la posibilidad de visibilizar ante ambos partidos que sus votos son determinantes para sus propuestas y llevar el debate a su terreno en plena crisis interna.
El futuro de ERC
Las negociaciones parlamentarias en Cataluña parecen ir más allá de una simple investidura. De su resolución puede depender el futuro político a corto plazo de ERC, en plena catarsis. Unos 300 militantes y altos cargos del partido pidieron en un manifiesto relevar a Oriol Junqueras y a toda la “cúpula dirigente”; y las bases han dado muestras de ebullición al movilizarse contra la entrada del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, que gobierna el PSC. La extrema tensión en Esquerra ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas por si esto pudiera envenenar el proceso de negociación parlamentaria.
También la propia estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez parece entrar en la ecuación. Los socialistas se abren a negociar una financiación singular, pero ERC avisa de que no quiere que su propuesta se vacíe de contenido y reivindica tener la llave de la caja y un modelo similar al vasco, pero con un fondo de solidaridad interterritorial y limitado en el tiempo. El planteamiento, en todo caso, enerva a diversos gobiernos autonómicos gobernados mayoritariamente por el PP e incluso ha hecho subir el tono a Junts, que desde la campaña electoral ha ido amagando con la posibilidad de retirar su apoyo en el Congreso. Si Puigdemont ya acusó el lunes a Sánchez de realizar un “chantaje” con su oferta de financiación a ERC, el martes se le sumó Jordi Turull, presidente de Junts, que puso los Presupuestos Generales sobre el tablero. “La negociación de la financiación de Cataluña no debería estar vinculada a una negociación sobre quién quiere ser presidente de Cataluña, sino sobre quién quiere tener presupuestos generales y ser presidente de España, entre otras cuestiones”, planteó en la red social X.
El diálogo entre ERC y PSC requiere a su vez el apoyo de Comuns. La formación de Jéssica Albiach también ha iniciado las conversaciones con los socialistas y el martes defendió tras reunirse con Rull que una “mayoría progresista” es la única opción válida en el Parlament. “O mayoría progresista o repetición electoral”, simplificó Albiach en rueda de prensa. La líder reivindicó un modelo de financiación propio para Cataluña que tiene que estar “negociado con el Gobierno del Estado de manera bilateral”, además de mejoras en vivienda, educación, sanidad dentro de un marco ecológico en el que no cabría el Hard Rock, el macrocasino que se desencadenó la convocatoria anticipada de elecciones.
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