El independentismo se impacienta por la aplicación de la amnistía

Cuando no había pasado ni un día desde la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, el independentismo comenzó a apremiar este viernes al Gobierno para que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y acelere los trámites para garantizar que los beneficiarios de la norma, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza, puedan volver a España lo antes posible. De los plazos en la activación de la amnistía, que será efectiva una vez se publique en el diario oficial, dependen parte de las posibilidades de que el líder de Junts asista presencialmente al Parlament de Catalunya en el próximo debate de investidura, como aseguró en campaña electoral. La sesión plenaria está prevista como máximo para el 25 de junio.

En un acto electoral desde Bruselas, Puigdemont no concretó este viernes ninguna fecha, aunque sacó pecho de su trabajo en Europa: “Ahora el Estado español tiene menos margen para actuar contra disidentes políticos. Antes había barra libre”, dijo. También están pendientes de garantizar su regreso una decena de personalidades del ámbito social y político, como el diputado de ERC Ruben Wagensberg.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denunció este viernes que el Gobierno tiene “embargada” la publicación de la ley a propósito. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, negó esa acusación: “Se están haciendo los trámites [correspondientes] y se publicará, como todas las leyes, cuando toque”, aseguró el socialista en un mensaje que buscó normalizar los ritmos de publicación.

Boye sostuvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “retiene” la publicación de la ley para que el PSOE no salga perjudicado durante la campaña de las elecciones europeas y porque tiene “miedo al empuje electoral” de Puigdemont. En una entrevista en Rac1, el abogado añadió que el Gobierno hace “muchas cosas que son rayanas con la ilegalidad” y puso en cuestión los tiempos de este proceso. “La pregunta es por qué el Gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey la mantiene en un cajón”, añadió antes de apuntar de que “alguien está metiendo en un lío” a Felipe VI, la autoridad que debe sancionar en última instancia todas las leyes.

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, se expresó en la misma línea, y planteó que sería “inverosímil” que la ley no se publicara en el BOE antes del 9 de junio, fecha de los comicios europeos. “Debe publicarse ya”, zanjó. Bolaños quitó hierro al asunto, y en un acto en Pamplona remarcó que “la ley se publicará” una vez se hayan hecho “todos los trámites”. “Se va a publicar la ley cuando corresponda, como todas”, insistió. El año pasado se aprobaron leyes como la de Vivienda (tardó ocho días en ser publicada) o la de protección animal (su aparición en el BOE se demoró 13 días) que fueron fruto de complicadas negociaciones entre los partidos políticos. La espera media para publicar una nueva norma en el BOE fue en 2023 de 10 días, según fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, ha habido leyes importantes y orgánicas como la reforma del delito de sedición, de diciembre de 2012, que se publicó al día siguiente de aprobación en el Senado.

En cualquier caso, las muestras son de impaciencia, no de inquietud. En el independentismo reina la convicción de que la amnistía, tarde o temprano, será un hecho y validará la estrategia asumida por Puigdemont y los que, tras el fracaso del procés, decidieron huir de España en lugar de enfrentarse a la justicia. “Sin exilio hoy no habría amnistía”, ha sostenido en un acto en Bruselas junto con Puigdemont y Toni Comín, en el que ha defendido una estrategia judicial que se basó en “europeizar el problema y por hacer ver que las soluciones estaban más allá del marco del Estado español”. Una estrategia, ha avanzado, que continuará, también más temprano que tarde, cuando la amnistía llegue al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La gran pregunta es cuándo podrán volver los líderes políticos y sociales del independentismo a España, con el especial interés de Carles Puigdemont. Y no parece existir una respuesta clara. El Tribunal Supremo tendría que dejar sin efecto la orden nacional de arresto que pesa sobre el líder de Junts desde noviembre de 2017, cuando se marchó de España, una vez la ley entre en vigor. Pero fuentes del alto tribunal, sin embargo, aseguraron a EL PAÍS que, antes de dar ese paso, se debe conocer la opinión de la Fiscalía y del resto de partes personadas sobre si se debe acudir a la justicia europea o al Constitucional antes de aplicar la medida de gracia. El tribunal considera que la medida cautelar solo se puede levantar una vez que el tribunal tenga clara su decisión sobre la amnistía.

Si acude al TJUE o al Constitucional se dará a las acusaciones un plazo de 10 días hábiles para responder, por lo que es previsible que la Sala Penal no dicte ninguna resolución sobre la orden de detención hasta, como pronto, la segunda mitad de junio. Si el tribunal opta por levantar la orden de arresto, el expresidente de la Generalitat podrá volver a España sin riesgo a ser detenido.

El propio Boye concretó que Puigdemont no tiene previsto regresar a España “automáticamente, cuando aparezca en el BOE”, sino en función de cuándo se celebre el debate de investidura en el Parlament. El abogado ha recordado que sí podrían hacerlo los republicanos Marta Rovira y Rubén Wagensberg, ambos actualmente en Suiza.

El propio Puigdemont no dio detalles de sus planes para volver a Cataluña en un acto electoral en Bruselas donde sacó pecho de su estrategia “en el exilio”. Aseguró que su trabajo en Europa ha abierto las puertas a la transformación del marco jurídico actual, y dijo que “el perímetro en el que el Estado español puede actuar contra disidentes políticos es mucho más estrecho que hace siete años, cuando había barra libre”. La intención de la formación es que Puigdemont regresa con el eurodiputado Toni Comín, cabeza de cartel de la formación para el 9-J, y el exconsejero Lluís Puig, también en Bélgica. “Queremos que nuestro retorno simbolice lo que tiene que simbolizar, una gran victoria”, señaló Comín en una rueda de prensa.

A pesar del optimismo reinante en las filas independentistas, parte del colectivo observa con recelos la predisposición de algunos jueces de aplicar la ley en la mínima expresión tras conocer hace unos días que hizo circular desde unos correos corporativos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una guía para escapar de la ejecución de la nueva norma. “Usaron recursos públicos para ver si una ley que aún no había nacido era aplicable al delito de malversación”, ejemplificó Boye. “Venga, otro chupito”, ironizó. El propio Comín planteó que existe el riesgo de “prevaricación” si los jueces no aplican la norma. “Si un juez no levanta las medidas cautelares [órdenes de detención] de forma más o menos inmediata, estará incumpliendo la ley.

En la misma dirección se expresó el candidato de Comuns Sumar a las europeas, Jaume Asens, amigo personal de Comin, y persona clave para alcanzar un acuerdo de esta ley: “En democracia hay el imperio de la ley, no el imperio de los jueces”.

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