Los municipios catalanes renuncian a crear nuevas plazas de guardería con fondos europeos por las trabas burocráticas

Tortosa, una ciudad con más de 33.000 habitantes, no tiene ninguna guardería pública en su núcleo municipal (aunque sí en la Entidad Municipal Descentralizada de Jesús). En septiembre de 2025 se espera que abran las puertas dos escuelas infantiles municipales, con un total de 148 plazas. El Ayuntamiento se afana para que los procesos administrativos no sufran ninguna demora. La lentitud de los trámites es precisamente lo que más preocupa; el coste de las obras, no tanto, ya que el Consistorio recibirá 1,5 millones de los fondos europeos Next Generation, que cubrirán la construcción de los dos centros.

Esta capital meridional se beneficiará de la bolsa creada por la Unión Europea para ayudar a revertir los efectos de la pandemia, entre los cuales se incluía una partida para la creación de plazas de guardería. De esta, la Generalitat cuenta con 110 millones, que deberían permitir la aparición de 10.884 plazas (10.195 euros por cada una) entre 2021 y 2024, con la condición de que permanezcan activas durante cinco años.

Muchos municipios han visto aquí un filón para hacer crecer la etapa de educación infantil, coincidiendo que el gran aumento de la demanda de las familias después de que la Generalitat implantara la gratuidad en el curso de infantil 2 (bebés de dos años). Pero una cosa es querer y otra, poder. Los largos procedimientos burocráticos y los costes de mantenimiento se han impuesto como un pesado obstáculo que ha llevado a renunciar a algunos ayuntamientos. Desde la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) alertan de que ello impedirá llegar a esas casi 11.000 plazas nuevas. El Departamento de Educación se niega a facilitar la cifra de las plazas creadas hasta el momento. Pero el Gobierno, consciente de las dificultades administrativas ha decidido ampliar un año el plazo para autorizar las nuevas plazas (hasta diciembre de 2025), y que la Generalitat publicará en los próximos días en el Diario Oficial.

Precisamente, las trabas burocráticas se están convirtiendo en una pesadilla para el gobierno municipal de L’Hospitalet de Llobregat. La segunda ciudad más poblada de Cataluña, también muy necesitada de plazas públicas, optó por no crear nuevas escuelas, sino en reconvertir cinco guarderías privadas, pero ya ubicadas en edificios municipales y que cuentan con subvenciones del ayuntamiento. Ello supondría ganar 380 plazas hasta alcanzar las 1.100 públicas. El plan inicial es que la transición hubiera finalizado el pasado septiembre, pero el Ayuntamiento admite “retrasos en el procedimiento, que ha sido más lardo de lo previsto”. El cambio de titularidad de los centros, la licitación de la gestión de las escuelas (en L’Hospitalet las guarderías las gestionan diferentes empresas) o las obras para adaptar los edificios a la normativa son algunos de los pasos del farragoso proceso. El Ayuntamiento se muestra prudente y no quiere poner fecha a la finalización del proyecto, pero espera llegar a tiempo de acogerse a los fondos si de prorroga un año el plazo.

Lleida también se ha topado con procesos administrativos complejos. Ante la demanda de plazas, la ciudad quería ampliar la escuela infantil Gargot con 41 nuevas plazas, y había solicitado una subvención de 400.000 euros para llevar a cabo la ampliación, que ha sido denegada. La idea era llevar a cabo esta ampliación en los espacios de una escuela de primaria, pero ello implicaba desafectar parte de este edificio y reorganizar los alumnos. “La realidad es que el Departamento de Educación no ha llevado a cabo esta reestructuración, así que no se ha podido pedir la desafectación para ampliar la guardería. Por tanto, no se ha podido iniciar el proyecto”, explican desde La Paeria.

Otras grandes ciudades metropolitanas, la zona con más necesidad de plazas, tampoco se podrán beneficiar. Terrassa amplió en 60 plazas su oferta municipal de guarderías en el curso 2022-23, pero no se ha podido acoger al fondo porque eran plazas ya autorizadas por la Generalitat en el momento en que se abrieron las guarderías, hace varias décadas. “No entran en la subvención porque, de hecho, no hemos ampliado”, admite el concejal de Educación, Joan Salvador. Terrassa fue el municipio que planteó al Departamento la posibilidad de aprovechar espacios vacíos de escuelas para ubicar guarderías. Finalmente, el Gobierno municipal lo ha descartado. “Después de las 60 nuevas plazas no veíamos la necesidad de crear más, además la subvención solo cubre el 50% del coste de creación de la plaza”, añade Salvador.

La vecina Sabadell también dejará pasar el tren de los fondos europeos. El Ayuntamiento explica que actualmente tiene todas las guarderías a su máxima capacidad, así que aumentar la oferta pasaría por la construcción de nuevos edificios o la ampliación de los ya existentes. “Los fondos Next Generation nos piden justificar los gastos antes de diciembre de 2025, no podemos cumplir estos plazos”, admiten desde el consistorio, pero añaden que buscan formas de crear las plazas al margen de las subvenciones.

Pero los hay que sí aprovecharán la oportunidad. Barcelona, con una falta endémica de plazas públicas, es el municipio que más se beneficiará de los fondos. Ya ha obtenido 4,2 millones para crear 471 plazas (cosa que ayudará a reducir la lista de 3.000 personas que el año pasado se quedaron fuera). La mayoría abrieron el pasado septiembre, raíz de la inauguración de nuevas escuelas (Teixonera y Can Rosés) o ampliación de otras ya existentes (Torre del Rellotge y Pere Calafell), aunque también se incluye la guardería Els Gats, abierta en 2021. De hecho, el Ayuntamiento de la capital admite que se ha podido beneficiar ampliamente de los fondos porque se trata de obras ya previstas o iniciadas anteriormente. Si no, no hubieran podido hacerlo, ya que “el proceso de creación de una guardería puede llegar a los cuatro años, dando por hecho que ya se cuenta con el terreno, y que no es necesario hacer ninguna expropiación”.

Desde la FMC listan los elementos que han lastrado la creación de plazas: la tardía convocatoria de las subvenciones (se publicó en enero de 2023), la lentitud de los procesos administrativos, el elevado coste de la construcción de nuevos edificios o el salario de las nuevas trabajadoras que se contraten. Su presidente, Eduard Rivas, asegura que “son los ayuntamientos que reciben la presión, ya que la gratuidad del I2 ha hecho aflorar una demanda hasta ahora inexistente”. Por eso, reclama soluciones rápidas, como aprovechar los espacios vacíos en escuelas de primaria (aunque presenta un conflicto de competencias con la Generalitat). “Hubiera sido más fácil que la Generalitat creara las plazas y después firmar convenios con los ayuntamientos. Pero tenemos que trabajar juntos para no perder la oportunidad. Debemos hacer frente común, si no, no avanzamos”, remata Rivas.

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