La Oficina Antifraude de Cataluña investiga el cobro irregular de complementos salariales del exrector de la Universidad Pompeu Fabra

La Oficina Antifraude de Cataluña investiga el cobro presuntamente irregular de retribuciones del exrector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals, como director del Instituto de Humanidades de Barcelona. A raíz de una denuncia presentada en septiembre, Antifraude ha realizado consultas a las dos instituciones sobre la incompatibilidad en percibir los dos sueldos, ya que un profesor universitario a tiempo completo no puede recibir pagos por otra actividad. Casals ha admitido a este diario el cobro de este complemento, de unos 15.000 euros anuales, pero asegura que, tras hablarlo con la UPF, ha decidido renunciar al cargo en el Instituto de Humanidades, que ostenta desde hace tres décadas.

Jaume Casals está actualmente en un periodo sabático, un beneficio al que se pueden acoger las personas que han ostentado un cargo de gobierno, como es su caso, que fue rector de la Pompeu de 2013 al 2021. Casals tiene previsto reincorporarse a la docencia el curso próximo, pero desde mayo del año pasado es presidente del patronato de la Barcelona School of Management (BSM), un centro adscrito a la universidad.

Casals admite que ostenta el cargo de director del Instituto de Humanidades desde 1993, aunque le quita importancia a la posición y asegura que forma parte de su tiempo de “ocio”. “No he tenido nunca un horario ni un sueldo. He cobrado por participar en unos cursos o hacer de guía de la programación, pero no he trabajado en el instituto”, asegura el exrector. Fuentes de la institución así lo corroboran: “El director es ficticio, cobra por no hacer nada, nunca va allá ni asiste a reuniones”. Actualmente, Casals percibe unos 15.000 euros anuales, una cifra que ha variado con los años y que ha sido superior, según fuentes del centro, cuando este contaba con más financiación pública.

El Instituto de Humanidades de Barcelona es una fundación privada que se dedica a la organización de cursos de formación continua relacionados con la cultura. El centro, ubicado en el recinto del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) cuenta con la financiación de la Diputación de Barcelona.

Preguntado sobre si no se había percatado de la incompatibilidad después de tanto tiempo, Casals se muestra convencido de no haber hecho nada incorrecto. “Es que no creo que sea incompatible. Todo se debe a la interpretación que hace Antifraude de la normativa”. Con todo, Casals admite que la universidad lo alertó del problema, tras la consulta recibida por Antifraude, y que ha decidido dejar el cargo. “Si tiene que ser un problema, ya he comunicado que dejo el instituto.

La UPF asegura que prefiere no hablar sobre el caso porque la investigación de Antifraude continúa abierta, pero añade que nunca había recibido una denuncia.

Casals preside actualmente el patronato de la BSM, gracias a un cambio de estatutos polémico realizado el pasado mayo, ya que hasta entonces este cargo siempre había recaído en el rector del campus. La UPF lo justifica en el hecho de fortalecer las relaciones entre la universidad y la BSM, “y a veces el rector no puede estar en ambos sitios y se optó por Casals porque los conoce bien”, ya que ha ostentado cargos directivos en los dos centros. Con todo, Casals asegura que no cobra ninguna remuneración y que ha renunciado a las dietas que le corresponden.

Indicios de “fraude” en sueldos de dos catedráticos

La investigación sobre Casals ha coincidido con la denuncia presentada en noviembre, también ante la Oficina Antifraude, por las retribuciones recibidas por los catedráticos de Economía de la UPF, José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà desde instituciones privadas. En concreto, Montalvo percibe unos 275.000 euros anuales por su cargo en el consejo de administración de Abanca (que ostenta desde 2014) y Garcia-Milà, unos 287.000 euros anuales, en tanto que miembro del consejo de administración de Repsol (desde 2019), según avanzó Eldiario.es.

Según la resolución de Antifraude, con fecha del 15 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario, estos hechos contienen “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves”. La normativa indica que los profesores y catedráticos a tiempo completo, como era el caso de Montalvo y Milà, no pueden realizar “ninguna actividad pública o privada” retribuida. La UPF admite que ambos docentes, en su momento, habían realizado “una consulta informal” —aunque no dice ni cuándo ni a quién— sobre esta incompatibilidad, “pero se les informó mal” y se les permitió, ya que el cargo fuera de la universidad suponía “de cuatro a seis horas al mes”.

Antifraude indica que, si los docentes quieren mantener ambos cargos, deben reducir su dedicación en la universidad. Y así lo hicieron. Montalvo lo hizo el 10 de noviembre —según la UPF, antes de la notificación de Antifraude, el 25 de noviembre—, pero Milà lo hizo posteriormente, en diciembre. Entonces, se les comunicó que ambas retribuciones eran incompatibles. La Pompeu admite que si hace unos años los catedráticos hubieran hecho la consulta formal, “también se les habría avisado que no eran compatibles”. En febrero, la comisión del profesorado aprobó el cambio de dedicación completa a parcial, lo que comportó que Montalvo tuviera que cesar como comisionado de Política científica. Este diario no ha logrado recabar la versión de los dos catedráticos.

La Pompeu Fabra no descarta que haya más casos parecidos, pero rechaza iniciar una investigación “por falta de recursos”. Con todo, asegura que enviará un correo a todos los profesores recordándoles la normativa sobre compatibilidades.

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