Familiares y grupos de la oposición critican el informe del Parlament sobre la covid en las residencias: “Es una vergüenza”

El grupo de trabajo parlamentario que debía analizar el impacto que tuvo la covid-19 en las residencias catalanas ha llegado al final del camino. Y los resultados han decepcionado a familias, trabajadores de los centros y a varios grupos de la oposición. El informe final, adelantado por EL PAÍS, se ha debatido este miércoles en la comisión de Derechos Sociales del Parlament y se ha aprobado con los votos a favor de ERC, Junts y PSC, que han permitido que las conclusiones saliesen adelante pese a los votos en contra de los comunes, la CUP, Ciutadans y Vox —el PP no ha participado—. Al ser un grupo de trabajo, y no una comisión de investigación, el informe no tiene ni que presentarse ante los diputados en un pleno, y no tiene ningún efecto vinculante. Las conclusiones, que han sido tachadas de “descafeinadas”, “una vergüenza” y “una tomadura de pelo” por varias voces críticas, dan por cerrado el análisis sobre lo que ocurrió en las residencias catalanas con la irrupción de la covid. Entre marzo de 2020 y enero de 2023 murieron más de 8.200 personas usuarias de residencias por el virus, según la estimación más elevada que da el Imserso.

Antes del inicio del debate en la comisión, una treintena de personas se manifestaban en la mañana de este miércoles delante del Parlament, convocadas por la plataforma de familiares de usuarios de residencias Coordinadora 5+1. “Que no se haya escuchado casi a las familias, que no se haya hecho un ejercicio de transparencia de verdad... es una tomadura de pelo”, apuntaba una de las manifestantes. La portavoz de la plataforma, María José Carcelén —que ha participado en el grupo de trabajo como experta propuesta por el grupo de Catalunya En Comú Podem— ha afirmado que las conclusiones que se han aprobado en el grupo de trabajo “son una absoluta burla”. “Se dicen cosas que no son ciertas, como que las derivaciones a hospitales se hicieron siguiendo criterios médicos, y se omiten muchas cosas, como las personas mayores murieron sin atención sanitaria, sin paliativos y abandonadas”, ha aseverado Carcelén, que ha añadido: “No vemos que se haya hecho justicia, se ha hecho una labor de maquillaje que en el fondo justifica lo que se hizo: pensaron que las personas mayores eran prescindibles”.

El grupo de trabajo echó a andar a principios de 2022, después de que ERC, PSC y Junts votaran en contra de constituir una comisión de investigación que continuase con el análisis que se había hecho con una comisión en la anterior legislatura, pero que decayó sin resultados. El grupo de trabajo se ha llevado a cabo en 10 sesiones a puerta cerrada, en las que han participado expertos, responsables políticos y representantes de entidades. En julio, los grupos presentaron unas primeras conclusiones, pero con una extensión y un nivel de análisis muy dispar, que no podían consensuarse. Los grupos recibieron entonces la directriz de redactar sus conclusiones por segmentos de 120 palabras, que luego dieron lugar a un texto común en el que prevalecieron las propuestas de los tres partidos que han votado a favor. Los comunes renunciaron a presentar sus propuestas porque consideraron que esta corta extensión no permitía hacer el análisis adecuado.

“El Parlament no ha estado a la altura de lo que las entidades y los familiares esperaban. Estas conclusiones no permiten ni tener la verdad, ni la justicia ni la reparación, ni mucho menos las garantías de no repetición”, ha dicho la diputada de la CUP Laia Estrada en una rueda de prensa posterior al debate en la comisión. Estrada ha criticado que ERC, Junts y PSC impidiesen que el trabajo de la comisión de investigación de la legislatura anterior pudiese continuar en la legislatura actual: “No hubo ganas de aclarar qué sucedió verdaderamente”. “Las conclusiones muestran un Parlament miedoso, servil a los intereses de las grandes empresas que hacen negocio con la gente mayor, y al servicio de los gobiernos que gestionaron la covid”, ha añadido.

Tanto Estrada como Jéssica González, de los comunes, han reprochado que el informe omita aspectos clave de cómo se gestionó la pandemia en las residencias. Uno de ellos, la vulneración del derecho a la salud en las personas de más de 80 años, cuando un protocolo impidió que fuesen derivados a las UCI en caso de infección. “También nos parece grave que no se haga una auditoría sobre qué ocurrió con las plazas buffer, que se reservaron para la covid, se pagaron, y en muchos casos no se ocuparon”, ha añadido Estrada. “Hoy es un día de vergüenza, porque la política no ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos desaprovechado completamente esta oportunidad”, ha apuntado González, que recrimina que el informe, pese a contar con las intervenciones de muchos expertos, no haya señalado a responsables ni haya entrado en la crítica del modelo. Los grupos de ERC y Junts, que conformaban el Gobierno de Quim Torra que estuvo al frente de la gestión de la pandemia, han admitido errores de gestión con la irrupción de la covid, pero lo han contextualizado en la virulencia de la pandemia, y han expresado que esta mostró la debilidad en el modelo de financiación de la ley de Dependencia, de la que responsabilizan al Estado: “Reconocemos todos los aspectos mejorables del sistema, hay que impulsar un modelo de curas más personalizado y domiciliado. La imprevisibilidad de la llegada del virus evidenció también la infrafinanciación del sistema”, ha dicho la diputada de ERC Najat Driouech.

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