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La ‘operación Sagunto’ consigue aparcar la tensión interna por el agua en Cataluña

La medida de traer agua de la desaladora valenciana a Barcelona aplaza un hipotético envío en navieras desde el río Ebro, del que bebe Tarragona

Carlos Garfella
Una agricultor del delta del Ebro.
Una agricultor del delta del Ebro.NACHO DOCE (Reuters / ContactoPhoto)

El agua saldrá más cara en el norte pero rebajará los decibelios en el sur. El gran reto de la Generalitat de Cataluña para garantizar este verano el abastecimiento de Barcelona con agua traída de fuera sin tensar la cuerda con otros territorios (a nivel interno con Tarragona y a nivel externo con Aragón) ha encontrado solución en Sagunto (Valencia). La oferta del Ministerio para la Transición Energética de llevar hasta siete hectómetros cúbicos de agua, como adelantó EL PAÍS el pasado sábado, desde la desaladora valenciana ha tenido una derivada: no tocar, por el momento, el agua del Ebro. Algo que logrará sortear tensiones política con Aragón y Tarragona, esta última una provincia catalana que recibe en verano a miles de turistas. En paralelo, el Govern insiste en que no se plantea ni se espera rescatar el proyecto, paralizado en 2008, de interconectar los dos sistemas hidrológicos mediante una tubería.

Fuentes de la consejería de Acción Climática de la Generalitat seguían sin descartar el pasado sábado un hipotético traslado de agua en barco, más adelante, desde el puerto de Tarragona (el puerto de esa ciudad ya está habilitado para recibir grandes navieras), aunque por lo pronto la operación Sagunto ha desviado el foco del territorio al que apuntó el Govern desde un principio para garantizar el consumo doméstico de la capital catalana como opción más viable por distancia y disponibilidad.

La Generalitat decretó el pasado viernes la emergencia para el 80% de la población catalana, que vive en los 239 municipios afectados que se nutren del sistema Ter-Llobregat, cuyos embalses ya se encuentran por debajo del 16% de su capacidad. Tarragona y 51 poblaciones más, en cambio, están abastecidas por el embalse de Mequinenza (Aragón). Esta infraestructura, en la cuenca hidrográfica del Ebro, está al 80% de su capacidad.

Las llamadas “a la solidaridad territorial” por parte del conseller David Mascort durante las últimas semanas habían despertado recelos en la zona, especialmente sensible a cualquier medida que pase por sacar agua del territorio tras el intento del Gobierno de José María Aznar a principios de siglo de un trasvase del río a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Este sistema hidrológico, que está sorteando mejor la crisis hídrica, está bajo la gestión también del Ministerio para la Transición Energética, a diferencia de las cuencas internas (Ter-Llobregat), competencia de la Generalitat. La propuesta de varios colegios de caminos, industriales, agrónomos y economistas catalanes para establecer la interconexión física entre la cuenca del Ebro y la cuenca del Ter-Llobregat, elevó la tensión.

“La gran ventaja es que la infraestructura ya está lista”, respondió el lunes la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en Barcelona a preguntas de los periodistas sobre por qué se ha optado por traer agua desalada (más cara por el gasto energético que conlleva) desde la planta de Sagunto antes que hacerlo del río Ebro. La ministra acudió a Barcelona el lunes para tratar el transporte de agua desde la planta desaladora valenciana, competencia del ministerio, y pactar la financiación de las dos desaladoras pendientes.

El Govern de ERC llevaba semanas tratando de hacer equilibrios para garantizar el agua de Barcelona sin generar tensión en las Tierras de l’Ebre, una comarca donde Esquerra es precisamente el partido hegemónico a nivel municipal (ostenta 25 de las 52 alcaldías). Voces municipales del partido en esa zona admiten su hartazgo sobre que se ponga en entredicho su “solidaridad” con el resto de la comunidad. “Aquí tenemos las nucleares, plantas eólicas, la industria petroquímica...”, añaden estas fuentes para reivindicar lo que ya aporta su territorio al resto de Cataluña en materia energética. Y recuerdan que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ya aplicó en abril de 2023 un recorte del 50% de agua en la dotación de las comunidades de regantes de los arroceros, lo que causó una caída del 15% de la producción de arroz.

Trasvase descartado

El territorio arrastra un sentimiento crónico de agravio respecto al norte y hablar de agua siempre implica activar alarmas. Y la propuesta de varios colegios profesionales para establecer la interconexión física entre la cuenca del Ebro y la cuenca del Ter-Llobregat, las hizo sonar todavía más fuerte. Con todo, el Govern de Pere Aragonès lleva semanas descartando la conexión de los dos sistemas hidrológicos, aparcado en 2008 (se llegó a iniciar la construcción de la tubería), tras la entrada de un frente de lluvias. Mascort reiteró este lunes junto a Ribera que “no habrá trasvase del Ebro”. Y cree que con las nuevas desaladoras de la Tordera y Foix, junto con el agua regenerada y los recursos del río barcelonés Besòs, en 2027 se generarán más de 400 hectómetros cúbicos para el suministro de agua, lo que conseguirá que Barcelona y toda su área metropolitana no vuelva a depender nunca más de otros territorios para que salga agua de los grifos.

Pese a la rebaja de tensión, desde la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que aglutinó hace dos décadas las masivas protestas contra el proyecto del trasvase de Aznar, temen que el envío de buques con agua desde Sagunto pueda llevar a la larga a que la Comunidad Valenciana rescate la idea de otra interconexión con el Ebro, manifiesta a este diario un portavoz de la plataforma. Por lo pronto, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), planteó el pasado sábado una reunión con el ministerio para abordar las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana como los transvases de Tajo-Segura o la emergencia de la Albufera. Mazón planteó la reunión con Ribera tras dar el visto bueno al envío de barcos a Barcelona y mostrarse a favor de la solidaridad hídrica entre regiones, una solidaridad que “debe extenderse de manera oficial a toda España”, dijo.

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Sobre la firma

Carlos Garfella
Es redactor de la delegación de Barcelona desde 2016. Cubre temas ambientales, con un especial interés en el Mediterráneo y los Pirineos. Es graduado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, Máster en Periodismo de EL PAÍS y actualmente cursa la carrera de Filosofía por la UNED. Ha colaborado para otros medios como IB3 y Ctxt.

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