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OPERACIÓN VOLOH

El abogado de Puigdemont pide apartar al juez Aguirre del ‘caso Voloh’ por dar una entrevista y por opinar en un interrogatorio

La defensa cree que el magistrado que investiga la presunta injerencia rusa en el ‘procés’ ha perdido su “imparcialidad” tras aparecer en la televisión pública alemana

El expresidente catalán Carles Puigdemont (en el centro) y su abogado Gonzalo Boye (primero por la derecha), en una imagen de archivo.
El expresidente catalán Carles Puigdemont (en el centro) y su abogado Gonzalo Boye (primero por la derecha), en una imagen de archivo.Leo Rodríguez (EFE)
Jesús García Bueno

El juez de Barcelona que investiga la presunta injerencia de Rusia en el procés está en la diana del independentismo. La entrevista que el magistrado Joaquín Aguirre concedió a la televisión pública alemana hablando del objeto de la causa que está instruyendo ha dado munición a las defensas, que han pedido que sea apartado del caso. El abogado de Carles Puigdemont y de uno de los investigados en el caso Voloh, Josep Lluís Alay —jefe de la oficina del expresident en Waterloo, adonde Puigdemont huyó en 2017— ha solicitado la recusación de Aguirre por esa entrevista y también por unas opiniones que vertió durante uno de los interrogatorios.

El lunes, coincidiendo con su decisión de ampliar seis meses más la investigación del caso Voloh, Aguirre hizo declaraciones al programa informativo Tagesthemen desde su despacho en la Ciudad de la Justicia. En ellas explicaba el objeto de sus investigaciones, aunque sin entrar en detalles específicos. “Se trataría de la influencia directa de Rusia sobre el proceso de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con el objetivo por parte de Rusia de desestabilizar primero la democracia española y luego abriendo una puerta a la infiltración rusa en todas las democracias liberales de Europa Occidental”, dijo.

El abogado de Alay y Puigdemont, Gonzalo Boye, considera gravísimo que el juez hable de “un caso que está instruyendo” y asegura que ello supone “una pérdida absoluta de imparcialidad” que obliga a apartarle del caso. El letrado sostiene que la entrevista no fue fruto de “un acto de irresponsabilidad”, sino que fue grabada con anterioridad a que el juez dictara un auto que no solo alarga la instrucción sino que menciona la posibilidad de que los investigados cometieran un delito de traición y contra la paz del Estado. Ese añadido es muy significativo porque puede limitar la aplicación de la ley de amnistía a personas destacadas del procés (como Alay), ya que esos delitos están expresamente excluidos de la proposición de ley de amnistía que se tramita en el Congreso.

El escrito añade un segundo motivo de recusación: unas opiniones que el magistrado vertió durante el interrogatorio, en mayo de 2022, a Víctor Terradellas, otro de los investigados en el caso Voloh. Terradellas, antiguo responsable de asuntos internacionales de la extinta Convergència, es el personaje clave en la trama. Durante una investigación por desvío de fondos en la Diputación de Barcelona, salieron a la luz unas conversaciones telefónicas que Terradellas había mantenido (y grabado) con dos líderes del procés en mayo de 2018. Allí, Terradellas explicaba la presunta ayuda que un grupo ruso, bien conectado con el Kremlin, había ofrecido a Cataluña en el otoño de 2017, entre el referéndum ilegal del 1-O y la fallida proclamación de independencia. Rusia había prometido, según contó, enviar 10.000 soldados a Cataluña para asegurar su independencia a cambio del reconocimiento de Crimea.

Esos audios fueron el origen de la investigación sobre la trama rusa, que implicaron la toma de declaración de Terradellas como investigado. Ante el juez, Terradellas dijo que Puigdemont mantuvo, días antes de la declaración unilateral de independencia, reuniones con dos ciudadanos rusos que se presentaron como personas “del entorno del Kremlin” y que ofrecieron ayuda militar y económica a una hipotética Cataluña independiente.

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El contenido de esa declaración trascendió, pero no así el vídeo íntegro (con sonido), que ahora ha publicado el digital El Món. El juez hizo entonces una serie de manifestaciones que, según el escrito de Boye para la recusación, son otra muestra de falta de imparcialidad, además de una falta de “decoro y respeto a su función jurisdiccional”. El escrito atribuye al juez unas frases contra Puigdemont (“se cagó en las bragas”, fue “débil y cobarde” o “se fue en el maletero de un coche en estado de pánico”) que, en realidad, no pronuncia él. Tal y como ha constatado este diario, el juez tan solo pone en su boca expresiones que Terradellas había dicho en sus conversaciones.

Sí es cierto que, durante el interrogatorio, Aguirre vertió opiniones sobre el procés, el papel del expresidente catalán (“usted trata de blanquear la figura de Puigdemont”, le espetó a Terradellas) y sobre la realidad de la hipótesis de la injerencia rusa. “Necesitaban ustedes el control del territorio, por eso lo de los 10.000 soldados no es una afirmación gratuita por su parte”, le dice al investigado, antes de añadir: “Que fuera una ocurrencia suya, no lo sé, no digo que no, que se lo haya inventado para quedar bien”.

El escrito de Boye, en cualquier caso, concluye que hay una “prueba evidente” para cuestionar la imparcialidad del juez. “Es imposible que siga un minuto más malgastando los recursos públicos en una delirante persecución de marcado carácter prospectivo y clara orientación política”, denuncia. El abogado admite que Aguirre es “soberano para pensar lo que considere más oportuno”, pero insiste en que con su actuación ha demostrado que tiene un “interés” especial en este procedimiento que le lleva, incluso, a conceder entrevistas y a actuar de manera “grosera y esperpéntica”.

El incidente de recusación, presentado ante el mismo Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, del que es titular Aguirre, solicita que se emita una orden europea de investigación para recabar los originales de la entrevista a la cadena alemana que la emitió, además del lugar y fecha de grabación.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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