Cataluña apuesta por reducir la población reclusa para mejorar la seguridad ciudadana

La Generalitat pretende mejorar la seguridad ciudadana reduciendo el número de personas que cumplen pena en las cárceles catalanas. La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha presentado este viernes un plan con 15 medidas para disminuir la cantidad de población reclusa y para que cumplan parte de las penas en medio abierto (como el tercer grado). La premisa, avalada por la experiencia de países que ya caminan en esa dirección, es que la mayoría de internos lo están por delitos que no son graves y que el cumplimiento en medio abierto facilita la reinserción y reduce el riesgo de que, al salir, vuelvan a cometer un delito.

En Cataluña, dos de cada 10 presos reinciden una vez que cumplen condena, una tasa muy inferior a la del resto de España y que es consecuencia de un modelo penitenciario propio, que apuesta por la rehabilitación y la reinserción. Esa tasa, en cualquier caso, se reduce aún más (12 puntos) cuando el interno sale en libertad desde un medio abierto. El encarcelamiento “interpone una barrera entre el interno y su entorno social, laboral y familiar” y las penas “excesivamente largas o rígidas acaban siendo negativas” para su reinserción, ha dicho Ubasart, en un acto en el Palau Robert de Barcelona junto a jueces, fiscales, abogados, criminólogos y juristas. “La prisión, en muchos casos, no ayuda a la persona encerrada ni a la sociedad”, interesada en que el interno salga en las mejores condiciones posibles y no reincida. De ahí que la consejera de Justicia concluya que el plan, bautizado con un nombre abstruso (”Obertalidad Penitenciaria”) sea “una apuesta por la cohesión social y la seguridad ciudadana”.

La Generalitat no pretende vaciar las cárceles sin más, ni abrir sus puertas para que delincuentes no rehabilitados salgan a la calle. La propuesta deja claro que no existe alternativa a la cárcel para los delitos graves. Pero añade que la mayoría de la población reclusa en Cataluña lo está por delitos menos graves y leves, muchas veces delitos contra el patrimonio que están “a menudo vinculados a la pobreza o la exclusión”, ha apuntado Ubasart. “Menos prisión son menos delitos, por eso hay que profundizar en que la pena también puede cumplirse fuera de la prisión”, ha insistido a propósito de la mejora de las tasas de reincidencia.

En Cataluña, el 42% de los presos (3.338 personas) o bien están en prisión provisional (a la espera de juicio) o bien cumplen penas de prisión inferiores a los dos años, según los datos de Justicia. Las 15 propuestas buscan facilitar las progresiones de grado en ámbitos en los que, por inercias del sistema, no se produce. La aplicación de algunas medidas no depende de Justicia, pero el departamento fomentará herramientas para que los jueces puedan valorar reducir prisiones preventivas: por ejemplo, la posibilidad de implantar pulseras GPS (para garantizar la localización del investigado).

Documentación para los presos extranjeros

La población extranjera sufre especialmente la prisión preventiva. Como en muchos casos no tiene documentación en regla, ni familia en el país, no puede demostrar arraigo y permanece más en esa situación. Según la estadística penitenciaria, los extranjeros cumplen penas más bajas que los españoles (4,8 años de media frente a 7) pero acceden menos a los permisos y al régimen abierto (13,5% frente a 21,5%). La falta de documentación hace que sea imposible clasificarlos en tercer grado (incluso aunque cumplan otros requisitos), lo que limita su acceso al medio abierto y, en consecuencia, a la reinserción. Justicia pretende revertir también esa situación y promoverá que los extranjeros presos obtengan la documentación.

La iniciativa del Gobierno catalán topa con la política criminal tradicional, basada en endurecer las penas para combatir la reincidencia. A menudo, cuando emerge un problema de delincuencia (robos violentos, agresiones sexuales), la fórmula que proponen políticos de casi todos los colores es una reforma del Código Penal para endurecer tales o cuales penas de prisión. El plan califica esta práctica de “populismo punitivo”, un “error histórico” que ha acabado conduciendo al “encarcelamiento masivo de personas”.

El plan recoge 15 propuestas concretas que apuntan al camino ya transitado por Alemania, Irlanda o Escocia, pero también por los países escandinavos o, en Estados Unidos, los estados de Nueva Inglaterra y California. El pilar de la estrategia es la apuesta por el medio abierto, que “en muchos casos es preferible al encarcelamiento”, ha señalado Ubasart. Según el último estudio sobre reincidencia, el 26% de las personas que acaban la condena en segundo grado (el régimen ordinario) y salen de prisión vuelven a delinquir, frente al 10% que lo hace cuando sale desde un medio abierto.

El número de internos clasificados en tercer grado o libertad condicional ha caído en los últimos tres años (del 31,5% al 25%). Justicia quiere revertir esa situación y planteará criterios “ambiciosos” para proponer progresiones de grado a los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios, que son los que tienen que acordarlos. El departamento es el que aprueba después esos terceros grados, aunque en última instancia su mantenimiento depende de los fiscales y jueces. Justicia también modificará protocolos para que más personas puedan acceder, nada más entrar a prisión, al tercer grado.

La prisión preventiva (la situación en la que están en torno al 20% de los internos en Cataluña, 1.663 personas) la deciden igualmente los jueces si aprecian riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. Justicia ofrecerá pulseras GPS y comprobará si los juzgados las adoptan como alternativa a la preventiva. En otro plan piloto, el departamento ofrecerá a través de equipos técnicos asesoramiento a los juzgados a la hora de decidir sobre la suspensión de las penas de prisión.

Una de las premisas del plan es que la prisión debe ser la última ratio, la última respuesta del sistema. Por eso Justicia apostará, como ya lleva haciendo desde hace tiempo, por la justicia restaurativa, una fórmula alternativa que permite buscar soluciones entre víctima y victimario y que es paralela al sistema penal. El departamento reforzará los equipos que se dedican a esa tarea y la ofrecerá antes de que se ejecute la pena de prisión.

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