Puigdemont exige a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica alegando que ha aumentado “el nivel de peligrosidad y riesgo”

El expresidente catalán Carles Puigdemont reclama al departamento de Interior de la Generalitat que le proporcione un servicio de escolta oficial en Bélgica, a cargo de los Mossos d’Esquadra, porque “ha aumentado el nivel de peligrosidad y riesgo”. La petición se ha hecho pública este lunes a través de una carta que firma Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont. El documento está fechado en Barcelona el 6 de noviembre y va dirigido al consejero de Interior catalán, Joan Ignasi Elena. Alay le reprocha que la solicitud ya se ha formulado en repetidas ocasiones y critica que solo ha generado silencio: “En 22 meses no he recibido ninguna respuesta”. La consejería de Interior alega que la habilitación de agentes para desempeñar tareas policiales en el extranjero depende del Ministerio de Interior.

El equipo de Puigdemont denuncia que la reclamación inicial se remonta a julio de 2018, y concreta que el 4 de enero de 2022 se mandó un escrito formal a la consejería para reclamar el servicio de vigilancia. Cada expresidente de la Generalitat cuenta con una serie de prerrogativas cuando abandona el cargo, entre las que se encuentra una oficina de representación, con personal al servicio del exmandatario. Sin embargo, Alay detalla que la oficina no dispone de medios materiales ni personales para asegurarle a Puigdemont una dotación mínima de escoltas y subraya en la carta que, según la ley, es competencia de la consejería de Interior dar un servicio policial que “otorgue la máxima seguridad” a quienes han ejercido como presidentes de la Generalitat. La demanda exige “la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de los Mossos” y esgrime que en las últimas semanas ha aumentado “el nivel de peligrosidad y riesgo” para la figura del expresident. De esta manera, Puigdemont desvela el temor que le infunden las protestas que han azuzado sectores conservadores y de ultraderecha contra la ley de amnistía.

El PSOE ha registrado este lunes la proposición de ley sobre la amnistía, una norma que da carpetazo judicial a las causas derivadas del procés y del referéndum del 1 de octubre de 2017. Supone anular la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y este lunes, 13 de noviembre de 2023.

La ley ha sido condición indispensable de los partidos independentistas catalanes, tanto Junts como Esquerra, para garantizar la reelección de Pedro Sánchez, pero determinar el alcance de la norma ha sido motivo de una ardua discusión entre las partes y, por momentos, ha puesto al límite las negociaciones por la investidura. Puigdemont ha negociado personalmente las exigencias de Junts para la amnistía. Dos personas de su círculo cercano, que en su momento maniobraron para asegurarle al expresident un servicio de seguridad personal, se pueden beneficiar de la ley: Son el exconsejero de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà. Interior pagó con dinero público al sargento para ejercer como una suerte de guardaespaldas o protector del expresident en Waterloo. Buch fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y Escolà, a cuatro años.

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