Del aeropuerto al hospital: Cataluña investiga el aumento de niños peruanos con cáncer que se tratan en Barcelona

Las llaman “familias oncológicas”. Familias con un hijo enfermo de cáncer que llegan a Barcelona procedentes de Perú sin nada más que la desesperación y los informes oncológicos. Algunas se dirigen directamente a un hospital desde el aeropuerto para acceder de manera irregular a través de urgencias y conseguir una visita. Otras obtienen primero una tarjeta sanitaria tras empadronarse desde la distancia o al llegar a casa de un familiar o amigo. Son las dos vías más habituales en plena emergencia para iniciar un tratamiento que no existe en su país. “Es un problema creciente en los últimos años”, admiten fuentes del consulado peruano de Barcelona.

Según datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat, unos 60 niños recién llegados del país sudamericano han recibido en este 2023 una “autorización excepcional por razones humanitarias” para tratarse de cáncer (mayoritariamente leucemia) en Barcelona. Representan alrededor del 25% de los nuevos cánceres diagnosticados en toda Cataluña, unos 250, aunque el porcentaje es probablemente mayor porque no incluye a aquellas familias que consiguen una tarjeta sanitaria, pero que llegan únicamente para tratarse. Salud, que investiga las causas del aumento de pacientes de esta comunidad específica, concede las autorizaciones a los pacientes irregulares después de recibir un informe del hospital en el que explica la gravedad de la situación. El centro sanitario realiza el tratamiento y el Servicio Catalán de Salud asume el coste, que puede alcanzar los 300.000 euros. El fenómeno se reproduce en otras zonas de España, especialmente en Madrid, según diferentes fuentes consultadas, aunque no concretan el volumen de casos.

Eva Bartra aterrizó en diciembre del 2019 a Barcelona junto a su hija de 15 años enferma. La menor, que a los ocho años requirió un trasplante de médula para combatir una leucemia, necesitaba tratamiento para el injerto contra huésped (Eich por sus siglas, el ataque de las células trasplantadas al receptor) que sufría en los pulmones. “En Perú existía un convenio con un hospital de Estados Unidos para casos complejos como el de mi hija, pero el Gobierno dejó de pagar y dejaron de atendernos”, explica. Sin opciones de cura en su país, buscó a través de internet, asegura, una posible solución. “En Perú solo me planteaban buscar la mejor calidad de su muerte y me negué a aceptarlo. Me informé de donde podrían atenderla y di el salto a Barcelona. Es lo que haríamos todos para salvar a una hija”, expone.

En tres semanas en la capital catalana consiguió la tarjeta blanca que le acreditó como solicitante de asilo y un NIE para poder residir en España. Inicialmente, le dieron cita para al cabo de 10 meses, pero tras justificar de todas las formas la urgencia de su llegada consiguió un documento regulado. A finales de enero del 2020 acudió con su hija al hospital de Sant Pau para ingresar a la menor. “Con la tarjeta sanitaria me pudieron atender”, dice. Tras tres años de tratamiento, ha conseguido el alta.

Hasta cinco de las seis asociaciones de la comunidad peruana consultadas admiten que el fenómeno aumenta. “Muchos de nosotros conocemos a casos particulares que llegan a Barcelona por su drama familiar”, explica Pina Quiñones, responsable de la Asociación Centro Peruano en Barcelona. “Llegan en avión, van al Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (Saier) de Barcelona y consiguen un padrón”, relata Quiñones, que asegura que la propia comunidad hace pedagogía a los que buscan dar el salto: “Les explicamos que la sanidad aquí está muy tensionada, pero toda esta situación es muy compleja porque nace de una necesidad vital”.

A diferencia del turismo sanitario, donde los pacientes abonan directamente los miles de euros que cuesta un servicio que ofrece cualquier entidad privada, el flujo peruano tiene su origen principal en la pobreza. “Las familias oncológicas vienen a la desesperada. Venden todo el patrimonio para llegar hasta aquí e intentar salvar una vida”, entiende Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana de Barcelona. Las familias se empadronan, muchas previamente a su llegada a la ciudad, y acceden al sistema. Los agentes del sector admiten que algunas familias se han llegado a empadronar en la sede de Cruz Roja o en el mismo hospital. “Conocemos familias que llegan directamente con las maletas en el hospital porque no pueden perder más tiempo y van directos. Sacan préstamos e hipotecas para poder venir a un hospital de Barcelona”, añade Quiñones.

La Generalitat ha cedido temporalmente pisos de servicios sociales en la zona próxima a Sant Joan de Déu a lo largo de los últimos dos años, según fuentes de la administración. “El problema afecta a más ámbitos que el sanitario porque nos encontramos que a veces no sabemos dónde meterlos”, remarcan. Muchas familias, explica Bartra, acaban regresando a Perú “porque no tienen dinero para establecerse el tiempo necesario”.

La consejería catalana ha mantenido encuentros con el consulado de Perú y la propia comunidad para encontrar soluciones a lo largo de los últimos dos años, pero el fenómeno no solo no se ha reducido, sino que ha crecido. El consejero Manel Balcells se reunió la semana pasada con la embajada en Madrid para encontrar fórmulas que blinden el tratamiento en el lugar de origen y encontrar convenios de “colaboración”. “El mismo consulado peruano ha contactado conmigo en alguna ocasión para que atienda a los recién llegados”, explica Bartra. “Yo intento ayudarles por humanidad, pero el Gobierno de Perú traslada sus obligaciones a sus ciudadanos y es terrible. Lo que debe hacer es pagar las deudas que tiene con los hospitales para habilitar los convenios y ayudar realmente a su población enferma”.

No parece sencillo regular una situación que a menudo se plantea por primera vez en las propias consultas peruanas. “Los mismos médicos de Perú plantean a los pacientes oncológicos viajar a Barcelona y a España cuando ven que no pueden ofrecer alternativas a su situación”, coinciden Quiñones y Bartra. “Ellos conocen que aquí es fácil acceder al sistema y que les podrán atender”.

“Se atiende a casi todos”

Los hospitales concertados catalanes tienen convenios con gobiernos y entidades extranjeras para atender a pacientes complejos. Los enfermos se tratan en Cataluña y el servicio se abona desde el lugar de origen. El problema es cuando no hay convenio y el paciente llega igualmente sin papeles. “¿Entonces quién paga?”, se pregunta Jordi Cruz, presidente del sindicato Metges de Catalunya. El médico ha vivido la misma situación entre adultos. Hace unos meses atendió en el hospital de Mataró a una mujer de 70 años con cáncer de colon que llegó “directamente” desde El Prat procedente de un país africano. “La familia la recogió en el aeropuerto y la trasladó a urgencias. Le hicieron una ficha médica, presentó los informes y le visitamos porque era una urgencia sanitaria”, dice. Dado que la paciente tenía una necesidad vital, los médicos la atendieron. “A nivel de urgencias debe atenderse a todo el mundo: demuestran que tienen un cáncer, pides la opinión del director médico y generalmente se le atiende o bien al momento o a través de un circuito programado”.

Los diferentes agentes del sector aseguran que “las familias oncológicas” no afectan a las listas de espera porque “no las hay” en menores, pero sí plantean afectaciones entre los adultos. “No es un problema mayoritario, pero si vas sumando, al final tiene un impacto”, entiende Cruz, que admite la complejidad para encontrar una solución. “Intentamos tener una sanidad pública universal y equitativa, cosa que cuesta mucho lejos del área metropolitana, pero tenemos una brecha en la que se cuela gente que no cotiza. No es cuestión de no querer gente de fuera: la prueba es que se atienden a casi todos los pacientes extranjeros sin tener la retribución asegurada; sino de articular las formas de cómo introducirlos en el sistema, cómo tratarles y cómo se paga”.

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