Puigdemont pide la recusación del juez Llarena por pronunciarse sobre la amnistía

El expresidente de la Generalitat fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, ha solicitado la recusación del juez instructor del procés, Pablo Llarena, por haberse pronunciado sobre una hipotética amnistía a los encausados del desafío independentista. Llarena dictó una conferencia hace unas semanas en Burgos en la que afirmó, entre otras cosas, que debe examinarse si la amnistía está justificada y si tiene cabida en la Constitución. La amnistía es la condición que ERC y Junts han puesto a Pedro Sánchez para apoyar su investidura. Las palabras del magistrado, según la defensa de Puigdemont, “no dejan lugar a dudas sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la causa”.

Gonzalo Boye, abogado del expresident y líder de Junts, se pregunta “desde cuándo” la función de un juez “pasa por evaluar la legitimidad” de las leyes que aprueban los Parlamentos. Y subraya que es esa supuesta “falta de imparcialidad” de Llarena la que lo lleva a cuestionar “la legitimidad de las normas” aprobadas por los representantes políticos.

En su intervención en Burgos, Llarena se pronunció sobre diversos aspectos de una posible amnistía a los encausados del procés. “Si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que desactivemos como con un mando a distancia determinados principios esenciales como el de la separación de poderes y la igualdad ante la ley, pues vamos a ver”, dijo. Hay que examinar, añadió, si la razón para adoptar esa medida “justifica” la limitación de principios constitucionales.

Puigdemont ha presentado un segundo escrito en el que da respuesta a un requerimiento de Llarena. El juez había pedido al expresidente catalán que aclarara si había solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que mantenga su inmunidad parlamentaria, que le había sido retirada por el Tribunal General de la Unión Europea pero está pendiente de recurso. Boye argumenta que una petición de esa clase no tiene apoyo normativo y pide que el plazo dado por Llarena para contestar (10 días) quede en suspenso.

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