Junts y ERC mantienen intacta la negociación de la investidura pese a las presiones de la ANC
Las dos fuerzas independentistas se acusan de deslealtad pero continúan con su objetivo común de obtener la amnistía y el referéndum
Junts per Catalunya y Esquerra Republicana salieron este lunes prácticamente indemnes de la Diada tras su decidida apuesta de negociar la investidura de Pedro Sánchez. Los dos partidos mantienen intacta su hoja de ruta, que pasa por pactar en una primera fase la amnistía de los cientos de personas encausadas por el procés y dejar en una segunda etapa la negociación de un eventual referéndum de autodeterminación que el PSOE rechaza de plano. Las bases se mantienen inamovibles pese a que Dolors Feliu, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), les conminara a condicionar cualquier negociación con el Gobierno a declarar ya la independencia. “Independencia o bloqueo”, resumió. El discurso de Feliu se produjo tras una de las manifestaciones de la Diada con menor asistencia de los últimos años en comparación con otras ediciones.
La líder de la ANC reclamó al finalizar la marcha que Junts y ERC declaren la independencia en el Parlament y les avisó de que si no se atreven a dar el paso, que convoquen elecciones anticipadas en Cataluña. De hecho, Feliu les recordó que la entidad impulsa una candidatura, denominada “lista cívica”, que se presentará a las próximas elecciones autonómicas con la intención de agrupar el voto independentista desencantado con las formaciones tradicionales del secesionismo. Todas esas amenazas, sin embargo, caen en saco roto al estar decididas las dos fuerzas a negociar la investidura. Òmnium Cultural, la otra entidad independentista, les exigió además que negocien de forma “seria” y “coordinada” por el bien de las 1.432 personas que deberían, a su juicio, beneficiarse de la amnistía y por el referéndum de la autodeterminación.
La jornada dio alas, de hecho, a las dos fuerzas independentistas, pese a que se acusaron mutuamente de falta de lealtad, en una ruptura ya crónica, para proseguir la negociación con el Gobierno, aunque sea por separado. Con todo y pese a algunos silbidos, no hubo en la marcha ningún clamor contra esas conversaciones. La Diada de hace un año fue en realidad más tensa que la de ayer. La ANC alimentó entonces el discurso antipartidos y reclamó la dimisión del Govern. El president Pere Aragonès y ERC estuvieron en el foco y decidieron entonces no participar en la marcha para evitar silbidos. Este año han cambiado de actitud y la duda estaba en Junts, que afrontó la jornada con la incertidumbre de descubrir qué reacción podía merecer el giro estratégico impulsado por Carles Puigdemont. “A nosotros no nos silban nunca”, apuntó antes de la manifestación de este lunes un cargo cercano a la dirección del partido.
Laura Borràs, presidenta de Junts, aseguró antes de la manifestación que el partido no tiene “ninguna nueva estrategia”, aunque también recordó que los manifestantes de ayer coreaban “independencia” y no “investidura”. “Siempre hemos dicho que los conflictos políticos se tienen que resolver políticamente”, apuntó este 11-S, y celebró que “el Estado español necesite a los independentistas”. La expresidenta del Parlament, condenada por delitos vinculados a la corrupción, afirma que para su partido “la amnistía siempre fue un punto de partida”, y defendió la autodeterminación como el verdadero objetivo final.
La Diada reflejó nuevamente la bronca entre Junts y ERC y la distancia enorme entre Òmnium y la ANC, cada vez más alejadas por mucho que compartan pancarta. En un acto en el paseo Lluís Companys y bajo el lema Un pais lliure (Un país libre), la entidad ha reivindicado la amnistía y el referéndum. Xavier Antich, presidente de Òmnium, avisó de que la amnistía es solo un primer paso al reivindicar el referéndum de autodeterminación al que, ha dicho, Cataluña tiene derecho. En su discurso, instó a Junts y a Esquerra a negociar de manera coordinada. “Esto no va de investidura y democracia. Va de un conflicto político”, afirmó ante la presencia de Pere Aragonès y dirigentes de la mayoría de partidos políticos soberanistas.
Antic aprovechó el acto para afirmar que la entidad calcula que 1.432 personas deben beneficiarse de una eventual amnistía tras ser condenadas, juzgadas o investigadas. Según sus datos, de esas 1.432, 113 ya han sido condenadas penalmente, 17 están pendientes de sentencia, 387 con causa penal abierta, 880 con sanciones administrativas y 35 pendientes de sentencia del Tribunal de Cuentas. En la lista no figura Laura Borràs, pese a que ella insiste en que fue perseguida por su condición de independentista.
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