Puigdemont exige una ley de amnistía antes de comenzar a negociar la investidura de Sánchez
El ‘expresident’ reclama también un “mecanismo de mediación” en las conversaciones, y avisa que Junts “no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad”
El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha enumerado este martes en Bruselas sus cuatro “condiciones previas” para sentarse a negociar con el PSOE el apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez. En la lista figuran el “respeto a la legitimidad democrática” del independentismo; la creación de un “mecanismo de mediación y verificación” para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue —no ha aclarado si pide la intervención de un supervisor externo—; el “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”; y la garantía de que los “únicos límites” a cualquier pacto serán los establecidos por los “tratados internacionales”, sin alusión a la Constitución. Ese abandono de la vía judicial, que tendría que ser “permanente”, lo ha concretado Puigdemont en la exigencia de una ley de amnistía de “amplio espectro” para todos los hechos vinculados al procés independentista.
“España tiene un dilema de resolución compleja: o repite elecciones [...] o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre [el referéndum ilegal de independencia de 2017] y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”, ha afirmado el expresident, prófugo de la justicia desde hace casi seis años. Las cuatro condiciones deben cumplirse, ha remarcado, antes de embarcarse en la “negociación posterior”, la de la investidura; esa segunda fase tendría nuevas condiciones u “objetivos” que no ha querido adelantar este martes. No ha reclamado así, en este momento, un referéndum de independencia, aunque sí ha abogado por un “acuerdo histórico” que reconozca “el derecho a la autodeterminación”. “Solo un referéndum acordado con el Estado español podrá sustituir el mandato político del 1-O, tal como hemos recalcado desde hace años”, ha recordado.
Puigdemont ha interpelado tanto al PSOE como al PP. Ha recordado a ambos partidos que a día de hoy ninguno de los dos cuenta con los apoyos suficientes para lograr formar Gobierno, y los ha emplazado a negociar, aunque con una advertencia: “No estamos hablando, o no al menos nosotros, de un parche para sacar adelante una investidura y cerrarle el paso a la derecha”. La conferencia ha sido pronunciada en la sala de un céntrico hotel de la capital comunitaria, con la cúpula de Junts entre el público —incluida la presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra— y representantes de ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
El expresidente catalán ha retado a los dirigentes de los dos principales partidos nacionales a que demuestren que hay un “camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respecto y la supervivencia de Cataluña como nación”. “Si hay voluntad real de encarar este acuerdo, esas condiciones se deben crear, aunque sean forzadas por la necesidad y no por la convicción”, ha añadido. “Por ahora nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujar cambios históricos en los que las viejas naciones sean reconocidas”, ha ironizado.
Las condiciones
Puigdemont ha asegurado que en España se persigue al independentismo catalán “como la segunda amenaza del Estado, después del yihadismo”, y ha añadido: “El Estado español espía, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento”. Por eso, ha planteado como primera condición que el Estado reconozca la “legitimidad” del independentismo como opción política.
La segunda condición de Junts para empezar a negociar es “el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, que en su opinión debería producirse por dos vías: “A través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014″; y “a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, a quien el Gobierno, ha sugerido el expresident, debería dar instrucciones para retirarse de todas las causas judiciales. Puigdemont no ha dado un plazo preciso para el cumplimiento de este requisito aunque ha remarcado que debe hacerse “antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones”; es decir, antes del 27 de noviembre. Junts no ha querido aclarar si con el solo registro de una ley de amnistía en el Congreso bastaría para cumplir esa “condición previa”, si se aspira a que esté en vigor antes del 27 de noviembre o si valdría con un mero compromiso del PSOE y Sumar de promoverla. Fuentes del partido sostienen que tendría que estar “aprobada” antes de esa fecha, mientras otras se ciñen a que debería “tramitarse”.
Sí ha señalado Puigdemont que esa amnistía debe servir para “reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios”. Deja así en el aire si cree que los agentes de la Policía procesados por las cargas del 1-O deberían ser también beneficiarios de esa hipotética amnistía.
La tercera condición implica revivir una figura que en 2019 hizo saltar por los aires el último intento de diálogo entre el partido de Puigdemont y el Gobierno de Pedro Sánchez: la incorporación de una tercera parte, independiente, que en su día se llamó relator —lo que introducía una connotación clara de conflicto internacional— y a la que ahora se ha referido Puigdemont como “mecanismo de mediación y verificación” para “garantizar el cumplimiento de los acuerdos”. El expresident ha recordado la baja ejecución en Cataluña de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (en 2021 solo se ejecutó el 36%, mientras se duplicaron en Madrid).
En cuarto lugar, el expresidente ha pedido que los “únicos límites” a cualquier posible pacto sean los establecidos por los “tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos”. Aquí hay una diferencia sustancial con lo pactado entre el Gobierno y ERC en la mesa de diálogo, donde siempre se puso como límite “la legalidad vigente”, en referencia al marco de la Constitución. Puigdemont, en todo caso, ha remarcado que, en su opinión, ninguna de las condiciones de la lista está fuera de la Carta Magna o de cualquier tratado europeo. “Solo dependen de la voluntad política”, ha afirmado. “El 1 de octubre no fue un delito, ni la declaración de independencia ni las manifestaciones posteriores”, ha subrayado también Puigdemont, para quien el “abandono de la represión del independentismo democrático” constituye una “exigencia ética”.
La conferencia del que fuera presidente de la Generalitat entre 2016 y 2017 llega un día después de que lo visitara en Bruselas la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Se trata de la primera visita de un alto cargo del Ejecutivo a Puigdemont desde que este huyera de Cataluña para evitar responder ante la justicia por el procés. El sector socialista de La Moncloa se desmarcó de esa visita.
La Eurocámara obliga a Junts a retirar una foto del 1-O
El Parlamento Europeo ha ordenado este martes retirar de su sede en Bruselas la fotografía de una multitud de personas portando una de las urnas del referéndum ilegal independentista del 1-O en Cataluña. La imagen formaba parte de una exposición organizada por Junts y financiada por la diputación de Girona que fue inaugurada hoy mismo en un acto presentado por exconsejero y eurodiputado Toni Comín y el expresidente catalán Carles Puigdemont, horas después de que este fijara, en un discurso también en la capital belga, sus condiciones para negociar una investidura de Pedro Sánchez.
La muestra, titulada “Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE”, había sido autorizada, pero no esa fotografía en concreto, que fue denunciada la víspera por los eurodiputados de Ciudadanos, que exigieron su retirada. El responsable de autorizar las muestras en la Eurocámara, el eurodiputado conservador Christophe Hansen, confirmó a Efe que esa fotografía no había sido incluida en el expediente que se presentó cuando se propuso la exposición, por lo que se ordenó su retirada. Personal del equipo de Comín procedió a primera hora del martes a llevarse la fotografía, de gran tamaño y que ocupaba un puesto destacado en la muestra.
Posteriormente, Comín calificó la orden de “triste y absurda” y colocó, mientras inauguraba la muestra, una réplica pequeña de la urna de la foto sobre el atrio desde el que hablaba. Cerca, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch denunció el acto como “apología del golpismo”, a lo que Comín respondió que el 1-O es “estar en la vanguardia de Europa, en el reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos”.
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