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En la guardia de una abogada de oficio: “Aquí ves las miserias de la vida humana”

EL PAÍS acompaña a la penalista Carla Campelo en un recorrido por calabozos y juzgados de guardia en plena pugna del colectivo para mejorar las retribuciones y dignificar su labor

Carla Campelo, el miércoles en Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA
Carla Campelo, el miércoles en Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA
Jesús García Bueno

Son las 22.00 del lunes y Carla Campelo sabe que, durante las próximas 24 horas, no puede despegarse del teléfono móvil. Ha empezado su guardia como abogada del turno de oficio, por la que cobrará un mínimo de 178 euros. Acabarán siendo bastantes más, pero ocurre como con los taxistas: nunca se sabe de entrada si se hará una buena carrera. Nadie la despierta a medianoche para que salga corriendo de la cama. Hay horarios establecidos y todo está organizado para empezar a atender a detenidos a la mañana siguiente. Recibe un SMS que le indica su primera misión: una alcoholemia.

“Las alcoholemias van muy buscadas, porque suele estar todo muy claro y se cierran con una conformidad. Te pagan unos 300 euros”, cuenta Carla, de 38 años, en una cafetería junto a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde entra poco después con la seguridad de quien conoce las entrañas del edificio y a sus funcionarios. Son cerca de las 11.00 del martes. En el juzgado de guardia, le informan de que el detenido por conducir ebrio ha contratado a un abogado particular. Acaba de ver cómo se esfuman 300 euros. Nadie la había avisado del cambio. Pero, como se ha presentado a la cita, logra que el juzgado le selle un documento que acredita que ha prestado su primera asistencia.

“Vamos como locos buscando los sellos, porque si llegamos a seis nos pagan la guardia por duplicado”, bromea Carla, que se pone seria cuando habla de su trabajo en el turno de oficio. Lleva 12 años en la jurisdicción penal. “Me lo tomo sobre todo como una labor social que me permite estar con los pies en la tierra y conocer a personas con las que de otro modo no hablaría. Aquí ves las miserias de la vida humana”, cuenta Carla. Aunque está apuntada a todos los servicios (“hago detenidos, menores, víctimas, extranjería...”) apenas tiene una o dos guardias al mes, que el año pasado le reportaron 15.000 euros. “Sí, es un aporte de dinero extra, pero nadie vive solo de esto”, explica Carla, que trabaja como abogada particular en el despacho familiar de su padre, Mario Campelo.

“Hay abogados fantásticos... y otros no”

Carla recibe llamadas desde una especie de call center que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) gestiona junto a los juzgados. El teléfono no para de sonar allí. Los trabajadores asignan a los detenidos del día entre los 18 abogados que, como ella, están de guardia solo en Barcelona. Mari Cruz Martínez es la coordinadora de un servicio que es “un termómetro social”. Aquí detectan que las agresiones sexuales o los desahucios son fenómenos crecientes. Martínez reivindica la labor de unos abogados a menudo “denostados por la imagen distorsionada que ofrece el cine norteamericano”. “Hay fantásticos abogados de oficio y otros que no lo son, como en cualquier ámbito”.

En España hay casi 44.000 abogados adscritos el turno de oficio, que garantizan el acceso a la justicia de las personas con menos recursos. Solo en 2021 atendieron 1,2 millones de asuntos. Ahora están en pie de guerra. El pasado abril protagonizaron una concentración de protesta frente al Congreso. Reclaman que se dignifique su profesión y se mejoren sus retribuciones: aunque hay muchas desigualdades por territorios, perciben una media de unos 150 euros por asunto tramitado.

Carla Campelo, abogada de oficio, en la comisaría de Les Corts.
Carla Campelo, abogada de oficio, en la comisaría de Les Corts.Gianluca Battista

La coordinadora no cree que la baja remuneración afecte a la calidad del servicio. Pero Carla, que ha acudido al local para que le paguen el ticket del aparcamiento, no está del todo de acuerdo. Sí, es una “labor gratificante” y trata de ser “igual de profesional que con un cliente privado”. Pero admite que, al final, el sistema está organizado de tal forma que, más allá de la guardia, no se puede dedicar a la persona afectada todo el tiempo que su caso merece. Con desenvoltura, y siempre bromeando, Carla aprovecha para pedirle al hombre que reparte el trabajo que le asigne alguna alcoholemia, que la anterior ha sido un fiasco. Los dos se ríen.

El teléfono vuelve a sonar cuando se acerca la hora de comer. Número oculto. Es una llamada de comisaría. Le informan de que están muy liados y de que no podrá asistir a sus detenidos hasta las 19.00. Mientras, vuelve a los asuntos de su despacho. Firma un convenio de divorcio con una mujer que le reporta 1.500 euros, el doble de lo que acabará cobrando entre la guardia, las declaraciones y los juicios rápidos. En la zona de custodia de Les Corts conoce a Halim. Le acusan de robar con violencia un reloj. Él lo niega. Como ofrece un domicilio (un centro de acogida para jóvenes y extutelados de la Generalitat) y como los calabozos están saturados, la policía deja la detención sin efecto. En las celdas ve también a Jacqueline, una mujer peruana. Duerme.

De noche, la abogada recibe un último encargo: debe regresar a la Ciudad de la Justicia para atender a un hombre al que se buscaba por robar, presuntamente, 5.800 euros en una casa de Arenys y que ha sido detenido cuando iba a renovarse el DNI en Barcelona. Como ocurre a lo largo de la guardia, a la abogada apenas le dan tiempo para leer el atestado y mantener una breve charla con su defendido, al que aconseja no declarar. Sale de allí a las 22.00 horas. La guardia ha terminado. Pero eso solo significa que ya no va a recibir nuevas peticiones. Su trabajo continúa. Jacqueline será conducida a los juzgados a las 10.00. Y allí vuelve a estar Carla, después de dormir, vestida de nuevo de modo impecable pero con el rostro algo cansado. “La verdad es que estoy agotada. Las guardias son duras”.

“Sí doctora, lo hice”

El área de custodia de la Ciudad de la Justicia está en la planta -1. Acompañada por un funcionario, Carla baja en ascensor y espera. Se percibe un característico olor a desinfectante y se oyen gritos desesperados de los detenidos y golpes en los barrotes. A paso firme, cruza el pasillo hasta la celda 18. Al verla pasar, varios hombres que esperan en la celda contigua le hacen comentarios. Se planta ante Jacqueline, que asoma el rostro en la oscuridad de la celda. “Sí doctora, yo lo hice, las cogí. Vivo en una casa ocupada, tengo dos hijos a mi cargo”, explica.

Carla Campelo, abogada de oficio, en la comisaría de Les Corts.
Carla Campelo, abogada de oficio, en la comisaría de Les Corts. Gianluca Battista

Carla apenas ha leído “en diagonal” el atestado que atribuye a la mujer el robo de dos gafas de sol en el centro de Barcelona. Un vendedor la ha identificado. Los Mossos la han detenido, hay imágenes de lo sucedido y han encontrado las gafas en el bolso. Hay pocas opciones de defensa. La prueba parece incontestable y Carla cree que lo mejor es una conformidad: que acepte una condena menor. Jacqueline está en situación irregular. “Me gustaría poder hacer los papeles y trabajar”. Carla le advierte de que, con una sentencia firme, seguramente le sea más difícil tramitar el permiso de residencia. La mujer tiene que decidir en unos minutos qué conviene más su futuro y cuenta para ello con el criterio de Carla.

La abogada emerge de nuevo en el juzgado de guardia. Busca un buen acuerdo para su clienta. Entra al despacho de fiscal, que se muestra benévolo: propone sustituir la prisión por el pago de una multa. Todo parece listo. Pero mientras Carla espera a que se redacte la sentencia, surge un imprevisto. El fiscal ha leído con más atención el atestado. Comprueba que son dos robos en dos tiendas distintas, por lo que es un delito continuado y no se puede reducir tanto la pena. Le ofrece nueve meses de cárcel, pena que en todo caso tampoco cumplirá porque no le constan antecedentes.

A Jacqueline la conducen, esposada y seguida por dos mossos, a la sala de vistas. Sopesa opciones. Parece que entiende todo bastante bien. Luego se acerca a Carla, lejos del oído de los policías. Le cuenta que tiene una causa anterior pendiente de juicio, también por robo. Decide aceptar el pacto. “Son realidades muy duras las que se ven aquí, pero a veces los clientes también te enredan”, dice Carla. El juicio rápido le supondrá cobrar otros 375 euros de la administración, lo que, sumado al hecho de que ha doblado guardia, le reportará un total de 731 euros. Regresa a su despacho relativamente satisfecha, con una nueva guardia en la mochila.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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