El ‘supersábado’ de las oposiciones en Cataluña: casi 40.000 interinos optan a 14.715 plazas de funcionario

La maquinaria de la Generalitat de Cataluña ya está a punto para afrontar el supersábado de las oposiciones, y el objetivo es que esta vez no haya incidencias. Este 1 de julio coincide el mayor proceso de estabilización de los docentes —36.304 aspirantes— con la primera jornada de repetición de los exámenes para estabilizar al personal de función pública, en la que están admitidos 3.414 personas —el sábado 8 de julio se celebrará la segunda jornada, con 9.585 candidatos—. Después del caos que se vivió en abril, con horas de espera, aulas masificadas y falta de controles, la Generalitat decidió anular las pruebas, repetirlas e indemnizar a los aspirantes con 90 euros. Intentará cargar todo el coste a la empresa que se adjudicó la gestión de los exámenes, Cegos. Esta vez la administración se hará cargo de la gestión: para ello destinará 1.343 trabajadores de la Generalitat a tareas de vigilancia, y furgones de Mossos d’Esquadra custodiarán el transporte de los exámenes, entre otras medidas.

La magnitud de las pruebas de oposición convocadas este sábado es mayúscula: entre los docentes y el personal de función pública que acudirá a esta primera jornada de repetición de exámenes, solo este sábado habrá 40.000 personas para optar a 14.715 plazas de funcionario (14.238 plazas de docentes, y 477 de función pública). El reto seguirá el sábado 8 de julio, con 9.585 aspirantes admitidos para 1.344 plazas de función pública. Estas oposiciones se han convocado en el marco del gran proceso de estabilización del personal interino, para atajar la excesiva tasa de temporalidad que hay en Cataluña: en 2021, la administración catalana tenía una tasa de temporalidad del 35,5%, con 59.000 puestos de trabajo ocupados de forma temporal. La Unión Europea forzó entonces a España a estabilizar interinos para rebajar esta tasa hasta al menos el 8%, y las administraciones han tenido que pactar con los sindicatos un proceso de estabilización que ha ido en dos direcciones: un concurso de méritos para conseguir plaza de funcionario, y unas oposiciones.

La mayoría de los convocados son docentes, pero la lupa está puesta en la repetición de las pruebas de función pública. En abril, los interinos de la Generalitat —excepto los docentes y el personal sanitario— fueron convocados para las pruebas de oposición. Se presentaron 13.500 personas para optar a 1.825 plazas, y ante la magnitud de la convocatoria, la Generalitat optó por abrir un concurso para ceder la gestión y el control de las pruebas. El contrato, de 1,4 millones de euros, lo ganó la empresa Cegos, que tenía experiencia en procesos similares. Pero el día de las pruebas se desató el caos, con irregularidades que iban desde no tener los papeles de los exámenes, a candidatos usando el móvil para hacer las pruebas, con una falta generalizada de control. La Generalitat recibió más de 4.000 formularios para denunciar incidencias, y decidió anular las pruebas y repetirlas en dos jornadas que estarían gestionadas íntegramente por la administración. Además, indemnizará con 90 euros a los aspirantes.

El presupuesto para repetir las pruebas, según ha explicado la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, en un encuentro con los medios, es de 900.000 euros. La Generalitat imputará este monto a la empresa, a la que también repercutirá los 1,2 millones correspondientes a las indemnizaciones, y una suma no especificada en concepto de daños reputacionales y responsabilidad patrimonial. Cegos no ha cobrado nada del contrato, que fue rescindido, mientras la Generalitat sí ingresó 434.112 euros de las tasas que han pagado los aspirantes. El proceso inevitablemente se judicializará, ya que la empresa ya emitió varios comunicados en los que acusaba a la Generalitat de ser la responsable del caos en las pruebas que tuvieron que anularse. “Lo que ha habido es un incumplimiento flagrante del contrato, se han anulado las pruebas y se ha rescindido el contrato. Naturalmente, se imputan los gastos, aunque aún no tenemos cerrada la cantidad total de dinero que se reclamará a Cegos”, ha explicado Corral.

Para la repetición de las pruebas —solo se salvaron de la repetición las que optaban a cuatro plazas del cuerpo de abogacía, exámenes que ya fueron gestionados por la administración— la Generalitat ha preparado un amplio dispositivo. En el ámbito de función pública, este sábado se harán las oposiciones para los cuerpos de agentes rurales, ejecución penal y laborales transversales, y el siguiente sábado será el turno del resto del ámbito funcionarial (juristas, economistas, administrativos...). La logística la ha asumido la Generalitat, con 63 personas dedicadas exclusivamente a ello, y el apoyo de personal funcionario y personal laboral fijo. 337 personas conformarán los 73 tribunales, y se han preparado 80 modelos de examen para las 160 pruebas que se realizarán (para lo que se imprimirán más de 300.000 documentos).

Las tareas de vigilancia las llevarán a cabo 1.343 trabajadores de la Generalitat (415 este sábado, 928 el siguiente) que han recibido formación teórica y práctica, con desplazamientos a los lugares de los exámenes, para asegurar que no habrá incidencias. Para las pruebas, Cegos habilitó 216 aulas, y para la repetición se han reservado 452 aulas (158 el primer día), que se llenarán al 50% de su capacidad, teniendo en cuenta el calor del mes de julio. Las pruebas se realizan en nueve edificios distribuidos en las cuatro provincias catalanas. La Generalitat también ha tomado medidas de seguridad: se ha reservado un espacio en el Distrito Administrativo para preparar todos los materiales, custodiado bajo llave, se ha certificado la seguridad del sistema informático, y se utilizarán siete furgonas de los Mossos d’Esquadra para trasladar los documentos hasta las aulas. También se ha establecido un protocolo para asegurar que no se usan móviles en las aulas o que siempre habrá personal acompañando a los aspirantes y vigilando las pruebas.

Corral ha explicado que la coincidencia de la primera jornada de repetición de pruebas de función pública con la de los docentes ha sido “casualidad”. En la convocatoria específica para los profesores, 36.304 aspirantes se disputarán 14.238 plazas. En el sector educativo, el proceso para estabilizar los 35.804 profesores interinos con exceso de temporalidad detectados por la Generalitat es más complejo. En total, se convocarán 29.279 plazas: 12.859 de un concurso de méritos que ya se ha llevado a cabo, y se resolvió en abril, 14.246 de las oposiciones extraordinarias en julio y 2.174 más de unas oposiciones ordinarias, a medio plazo. La nueva consejera de Educación, Anna Simó, reconoció el martes en el Parlament que se trata de un “reto brutal para el sistema”, pero que permitirá reducir la temporalidad del 34% actual a un 8% a finales de 2024.

A pesar del reto logístico que suponen estas oposiciones, el sindicato Ustec, el mayoritario en el sector educativo, no teme un caos organización. “Las oposiciones las gestiona internamente Educación, y ya están acostumbrados a hacerlo. Además, Función Pública se organiza de una forma y Educación de otra, y no tiene por qué interferir una con otra. En las oposiciones educativas normalmente no hay problemas de organización, a parte de las quejas porque les ha tocado un tribunal lejos de casa, pero eso ha pasado siempre, especialmente cuando eres de una especialidad poco habitual y hay pocos tribunales”, valora su portavoz Iolanda Segura. No obstante, critica que las listas se publicaron con pocos días de antelación, así como la información sobre los tribunales. Con todo, Ustec considera que las oposiciones de este sábado no deberían celebrarse y que todos los interinos con exceso de temporalidad se tendrían que haber hechos fijos con el concurso de méritos. “Los interinos ya son evaluados por los centros, pero las oposiciones tienen mucha carga de subjetividad, porque alguien puede ser un buen opositor, pero no significa que sea buen profesor”, remacha Segura.

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