La Generalitat anuncia el proceso para expropiar unos 70 pisos de grandes tenedores en vísperas de la campaña

Esquerra Republicana (ERC) se ha empleado a fondo los últimos días para criticar “el electoralismo” que cree que desprende la lluvia de anuncios del Gobierno central sobre ayudas para la vivienda. Este martes, sin embargo, el Ejecutivo de la Generalitat también se ha sumado a las promesas en ese ámbito en vísperas de la campaña electoral, avisando que busca cómo expropiar hasta 70 viviendas gracias a la ley catalana de la vivienda de 2022. El consejero de Territorio, Juli Fernández, ha desvinculado el interés electoral, alegado que solo lleva seis meses en el cargo. La vía de la expropiación, ha añadido, es un fruto “tangible” de las competencias del Govern y no un anuncio sin “novedades” como el de movilizar las viviendas del Sareb que hizo el propio presidente Pedro Sánchez hace unas semanas.

“Nuestras medidas siempre están acompañadas de hechos tangibles, al contrario de algunos anuncios que hemos podido escuchar estas semanas, que no aportan novedades”, ha asegurado Fernández. El encargado de la cartera de Territorio del Govern ha insistido en que se ha presentado la propuesta cuando ha estado bien perfilada y que afectará a entre 50 y 70 pisos que están vacíos desde hace al menos dos años, son propiedad de grandes tenedores y están 14 municipios que tienen acuerdos de colaboración con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). El consejero ha insistido en que esos pisos irán directamente a atender las mesas de emergencia para familias desahuciadas.

En los próximos días, el Departamento de Territorio enviará el requerimiento a los titulares de los pisos vacíos -en la lista de municipios con inmuebles con posibilidad de estar expropiados y necesidad acreditada de vivienda están Tarragona y Reus- para que acrediten que los dedican a vivienda. Si en el plazo de un mes no hay respuesta y se certifica que se está incumpliendo la función social del piso, la Administración podrá comenzar el proceso de expropiación, un trámite que podría durar hasta seis meses.

Los pequeños propietarios (los que tengan menos de 10 inmuebles, excluyendo garajes) quedan excluidos de la posibilidad de ser expropiados, ha recordado el consejero. La lista de los 70 inmuebles, ha añadido, es fruto de inspecciones realizadas entre 2020 y 2022 por la ACH. De un universo de 45 municipios donde se había detectado un aumento en las solicitudes de las mesas de emergencia, finalmente 14 aceptaron firmar convenios. El Incasòl cuenta con cinco millones de euros para esta primera fase de expropiaciones.

La Generalitat podrá así o adquirir los inmuebles y alimentar el parque de vivienda público, uno de los grandes déficit de la política sobre este tema, o forzar a los propietarios a que destinen el uso del piso a alquiler social. Esta vía está contemplada dentro de la ley de medidas de emergencia en el ámbito de la vivienda, la 1/2022.

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