El Gobierno catalán pedirá un millón de euros de indemnización a la empresa que gestionó las oposiciones

La crisis por el caos de las oposiciones está lejos de cerrarse, pese a que el Govern lo ha intentado tras destituir a la directora general, fijar un nuevo calendario para repetir las pruebas y tras el anuncio de que rescindirá el contrato con la empresa que las custodió. Este viernes, la oposición en el Parlament ha criticado duramente al Ejecutivo de Pere Aragonès en la comparecencia que ha hecho la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, para dar explicaciones sobre el caso. Varios grupos han pedido su dimisión, y los diputados se han hecho eco del comunicado de la empresa que gestionó las pruebas, Cegos, que el jueves por la noche acusó al Govern de no cumplir con sus obligaciones y de entregar tarde y mal la información que necesitaba para llevar a cabo sus tareas. Vilagrà ha centrado su intervención en exponer que fue la compañía la que incumplió el contrato y la que fue responsable de las graves incidencias que han obligado a repetir todas las pruebas. La consejera ha explicado que pedirá una indemnización de al menos un millón de euros.

Ante el reclamo de una compensación por parte de la Generalitat, fuentes de la empresa destacan que un anuncio como este “no tiene ninguna base jurídica”. “Seguimos trabajando, con profesionalidad y rigor. Mantenemos la cadena de custodia [de las pruebas] y continuamos con el proceso”, señalan. La empresa, de hecho, explica que no ha recibido ninguna comunicación formal por parte de la administración, y continúa con los trabajos de análisis de las incidencias.

Tras el caos del pasado sábado, el Govern abrió un buzón virtual para recibir las quejas y las notificaciones de las incidencias que se registraron en la jornada de exámenes. Ese día, estaban convocados 13.581 interinos (9.000 de ellos, en Barcelona) que habían sido admitidos para participar en el proceso de estabilización, en el que se ofertaban 1.825 plazas de funcionario. Ante la complejidad y la envergadura del proceso (se llevaron a cabo 72 exámenes distintos), y ante el hecho de que la Generalitat no tenía suficiente personal para controlar las aulas (ya que muchos de los que estaban en la bolsa de efectivos para hacerlo, también se presentaban a las oposiciones) el Govern optó por externalizar parte de la gestión de las pruebas, y adjudicó a Cegos el contrato de 1,5 millones de euros, que está vigente hasta diciembre de 2024. La empresa tenía las funciones de imprimir, distribuir, vigilar y corregir los exámenes. Pero todo falló, y se registraron problemas como retrasos de hasta siete horas, falta de copias de los exámenes, falta de sillas, problemas de aforo en las aulas, e incidencias de tipo grave que vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad y que obligan a repetir las pruebas (estas incidencias son la presencia de dispositivos electrónicos o de móviles, la falta de vigilancia en las aulas y la falta de control en las entradas y salidas de las mismas). Tras analizar todas las incidencias recibidas en el buzón (3.847 formularios para denunciar más de 12.000 incidencias), el Govern determinó que prácticamente todos los exámenes estaban viciados, y que por lo tanto se tenían que repetir. Las nuevas jornadas de oposiciones serán el 1 y el 8 de julio.

El Govern carga toda la responsabilidad a la empresa, a la que acusa de incumplir el contrato. “Es evidente que podríamos haberlo gestionado mejor, pero en cualquier caso la empresa ha incumplido el contrato”, ha dicho Vilagrà en su comparecencia. “Se están analizando todos los incumplimientos de los pliegos, rescindiremos el contrato y estamos analizando todos los daños causados a las personas opositoras y a la administración. Pediremos una indemnización de como mínimo un millón de euros. Entiendo que la empresa se defienda pero lo que pasó es injustificable”, ha añadido. El Ejecutivo no ha recibido ni pagado aún ninguna factura de Cegos, y no piensa hacerlo. A la vez que pide una indemnización a la empresa, el Govern indemnizará de oficio a las personas afectadas —para lo que están estudiando la cuantía de las compensaciones—. Pero la empresa, que guardó silencio durante toda la semana, contraatacó el jueves por la noche con un comunicado en el que acusa a la administración de no cumplir su parte: dice que la Generalitat no proporcionó suficientes aulas, que no entregó a tiempo los exámenes, y que hasta dos días antes no recibió el listado definitivo de los aspirantes, entre otros incumplimientos. También cuestiona la seguridad jurídica de una rescisión del contrato y asegura que, la semana antes, advirtió a la Generalitat hasta en tres ocasiones de la necesidad de tener todos los exámenes en el plazo para asegurar la fiabilidad del montaje de las cajas.

Vilagrà ha afirmado que lo que falló fue la gestión del sábado, pero que en los días previos todo se hizo bien. “Nos reunimos semanalmente, las aulas estaban bien dimensionadas”, ha dicho la consejera, que ha afirmado que desde el día 27 de marzo la empresa sabía en qué aulas se harían los exámenes, y que en marzo y abril se entregaron todos los exámenes para hacer las copias necesarias. Ha admitido que a última hora hubo personas que comunicaron que tenían necesidades especiales, por lo que algunas incidencias estuvieron abiertas hasta poco antes de empezar las pruebas.”Claro que se defiende con uñas y dientes, porque las consecuencias de incumplir un contrato con la administración son muy graves”, ha dicho. Pero a los grupos de la oposición no les han convencido las explicaciones, y solo los comunes han agradecido la “celeridad” en la búsqueda de soluciones. “Es evidentísimo que hubo dejadez, si se hubiesen hecho las comprobaciones no hubiese pasado nada de esto”, ha dicho la diputada de la CUP. Este partido y Vox han pedido la dimisión de la consejera, mientras que Junts se ha hecho eco de un artículo del exdirector de la Escuela de la Administración Pública, Agustí Colomines, en el que pedía su dimisión y la de todo el Govern por este caso, aunque no ha pedido la renuncia directamente.

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