El Govern destituye a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, tras el fiasco de las oposiciones

El Govern ha anunciado este martes la destitución de la directora general de Función Pública, Marta Martorell, tras el fiasco de las oposiciones de este fin de semana. Con ese cese, la Generalitat busca frenar la crisis desatada después de que, el pasado sábado, se denunciaran cientos de irregularidades en el proceso de selección al que estaban convocados 13.600 interinos para optar a 1.800 plazas de funcionarios. El Ejecutivo de Pere Aragonès espera acordar con los sindicatos qué pruebas de las 72 celebradas se han de repetir y cuáles no, teniendo en cuenta la información y denuncias recibidas en un buzón abierto por el departamento de Presidencia que estará activo hasta el viernes. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha justificado el cese por los fallos en “el seguimiento y control” del dispositivo de las pruebas, que en su día aprobó la predecesora de Martorell, Alícia Corral, y cuya contratación comenzó cuando Junts aún estaba al frente de la Función Pública en el Gobierno catalán.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ya anunció el domingo que la Generalitat repetirá los exámenes de oposiciones del proceso de estabilización de la ocupación pública temporal en la Administración. El cómo se concretará ese anuncio se conocerá después de que Función Pública analice las quejas presentadas por los afectados -tienen plazo para hacerlo hasta el próximo viernes, vía telemática- y haya una reunión con los sindicatos. Hasta ahora, el Govern insistía en que todo se derivaba de un “incumplimiento flagrante” del contratista -Cegos- pero la presión ha sido tanta que el pasado lunes se optó por destituir a Martorell, exalcaldesa de ERC en Tiana (Barcelona) y que llegó al cargo en la Generalitat después de que la descabalgará una moción de censura en el consistorio pactada entre Junts per Tiana y PSC, en enero pasado.

El Consell Executiu ha acordado este martes el nombramiento de un sustituto, según ha adelantado Ara. La nueva encargada de esa cartera y de pilotar el nuevo proceso es la hasta ahora subdirectora general de análisis y planificación estratégica de Presidencia, Ana María Molina. Plaja no ha querido dar por cerrada la depuración de responsabilidades al interior de la Generalitat, aunque si ha asegurado que la de Vilagrà está descartada. Las miradas ahora están sobre la hasta hoy superior jerárquica de Martorell, Alícia Corral, uno de los pocos altos cargos de Ejecutivo que, estando en una cartera de Junts, continuó en el Govern monocolor de ERC. Corral ocupó hasta el pasado 25 de octubre la posición que ahora ha tenido que dejar Martorell y fue ella la que hizo el proceso de contratación y adjudicación a Cegos.

Plaja ha insistido en que, a diferencia de otros procesos, muchos de los funcionarios que son voluntarios para la logística de este proceso también optaban a una plaza y que esa había sido una de las razones para buscar la externalización. El proceso, ha remarcado, era complicado porque implicaba 72 pruebas diferentes y se presentaban un total de 13.600 interinos en las cuatro demarcaciones Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. De momento, los servicios jurídicos buscan fórmulas para que Cegos responda por el caso. La empresa, que aún no ha querido explicar su versión de los hechos, ganó en el verano pasado un contrato de 1,4 millones de euros por las pruebas a realizar entre 2022 y 2024. En 2016, también tuvo el encargo de organizar pruebas en el Metro de Madrid, polémicas porque el examen estuvo en internet antes de celebrarse. El abanico de anomalías detectadas incluye las que siguen: retrasos de por lo menos dos horas en iniciar las pruebas, un grupo que no pudo hacerlas tras siete horas de espera, hojas en las que no se garantizó el anonimato, o personal subcontratado sin formación para atender a los interinos.

El PSC subraya que la directora general destituida no estaba en el Govern cuando se adjudicaron las oposiciones a la subcontrata

La destitución de la directora general no ha calmado precisamente a la oposición y particularmente a los socios presupuestarios del Govern. El PSC no ha querido entrar en si consideraba suficiente el relevo y se ha emplazado a escuchar las explicaciones que ofrecerá Vilagrà. Con todo, Alicia Romero, portavoz socialista, ha insinuado que Martorell podría ser una cabeza de turco al recordar que fue nombrada en enero y que el proceso de preparación de las oposiciones se hizo en 2022. “Solo quiero poner el foco en que ella no estaba. Queremos escuchar explicaciones antes de pedir otras responsabilidades”, ha afirmado, calificando de “desastre” el cúmulo de incidentes.

“Hacen falta muchas explicaciones. Hay mucho malestar entre los opositores que han sufrido situaciones indignas”, ha dicho Romero, mostrando su perplejidad al subrayar que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, convocó 7.000 plazas a las que se presentaron 85.000 personas sin que se registraran incidentes, que tampoco suceden cuando convocan exámenes las universidades. “Si no sabes organizar unas oposiciones, tampoco puedes dirigir un país”.

Los comunes han sido más categóricos y han apuntado que, de entrada, la dimisión de Martorell era “lo mínimo”. Jéssica Albiach, presidente del grupo parlamentario de En Comú Podem, ha señalado que los interinos fueron víctimas de un “disparate” y que el único responsable es el Govern. “La dimisión es lo mínimo, pero con esto no se acaba la responsabilidad. Escucharemos lo que diga”, ha afirmado. La formación de izquierdas ha advertido del riesgo sobre la externalización de las oposiciones. “Lo ocurrido demuestra que hay servicios que no se pueden externalizar”, ha concluido.

La CUP ha deplorado también el “caos organizativo” y ha considerado que estas oposiciones son “la punta del iceberg” que revela, a su juicio, el escaso apego del Govern por los servicios públicos. Basha Changue, diputada anticapitalista, ha calificado de “incongruencia” que se externalice un concurso cuando se trata del proceso de estabilización del personal interino. “Ni la comparecencia ni la dimisión van a solucionar las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos”, ha dicho Changue, que ha apuntado el déficit de Cataluña en cuanto a trabajadores públicos al estar situado en el 4% cuando en Aragón y Madrid es del 6% y en Extremadura, del 8% y la temporalidad supera el 25%. “Pedimos responsabilidad a la consejera: que rectifique o se vaya”, ha zanjado.

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