El Gobierno catalán tendrá que repetir todos los exámenes de oposición tras registrar graves incidencias

El Gobierno catalán ha anunciado este jueves que, tras analizar las incidencias ocurridas en las oposiciones del pasado sábado, se ha visto obligada a anular todas las pruebas custodiadas por la empresa Cegos, y estas tendrán que repetirse los próximos 1 y 8 de julio. El caos en las pruebas, a las que estaban convocados unos 13.000 interinos en toda Cataluña para optar a unas 1.800 plazas de funcionarios, desató una lluvia de críticas por parte de los sindicatos y de la oposición en el Parlamento catalán, y el Ejecutivo de Pere Aragonès terminó por destituir a la directora general de Función Pública, Marta Martorell. En paralelo, abrió un buzón virtual en el que se han recibido 10.120 quejas en 3.069 formularios rellenados por los afectados. Tras analizar las incidencias, el Govern ha detallado que 67 de las 72 pruebas están afectadas por graves incidencias, y que el 99,7% de los aspirantes y de las plazas que se ofertaban quedaron afectadas. Ante esta situación, el Govern ha decidido repetirlas todas y gestionarlas directamente. También indemnizará a las personas afectadas y rescindirá el contrato de la empresa que lo gestionó. La compañía, por su parte, ha contraatacado con un comunicado al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que cuestiona la base jurídica de la decisión y afirma que la Generalitat no cumplió con su parte de la gestión, porque entregó tarde los exámenes, no facilitó suficientes aulas y hasta el día antes comunicó incidencias.

El Govern quiere dar por cerrado así el bochornoso capítulo que empezó el pasado sábado. En esa jornada, estaban convocados 13.581 interinos (9.000 de ellos, en Barcelona) admitidos para participar en el proceso de estabilización, en el que se ofertaban 1.825 plazas de funcionario. El proceso de estabilización, una iniciativa que se acordó entre Gobierno central y sindicatos tras el toque de atención de la Unión Europea para que España rebajase su alta tasa de temporalidad, fue diseñado por los sindicatos en lo que se refiere al tipo de pruebas y el calendario, pero de la gestión tenía que encargarse la Generalitat. La secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, fue quien pilotó la gestión y la licitación del contrato, pero Martorell, que llevaba en el cargo desde enero, era la encargada de supervisarlo.

Ante la envergadura de un proceso como este (13.581 candidatos, 210 aulas y 72 exámenes distintos), el Govern decidió, por primera vez, externalizar la gestión de estos exámenes, y lo hizo a la empresa Cegos, con una licitación de 1,5 millones de euros y un contrato que se extiende hasta diciembre de 2024. Cegos se ha encargado de procesos similares, como el de las pruebas del MIR, el de las oposiciones de Correos o el de las pruebas en el Metro de Madrid en 2016, que estuvo rodeado de polémica porque el examen estuvo en internet antes de celebrarse. Una de las razones para externalizar las pruebas de la Generalitat es que, si bien normalmente el personal que controla las pruebas son funcionarios, para un proceso como este no había suficiente personal, en parte porque muchos de los que normalmente vigilan las aulas, en esta ocasión estaban al otro lado, haciendo las pruebas. El resultado de la falta de personal fue que el sábado hubo retrasos generalizados, de hasta siete horas, problemas para la identificación o para garantizar el anonimato, falta de sillas o de copias de los exámenes o incidencias consideradas como “graves” que podrían haber vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que obligarían a la repetición de las pruebas.

Estas incidencias graves son tres —la presencia de dispositivos electrónicos o de móviles, la falta de vigilancia en las aulas y la falta de control en las entradas y salidas de las mismas— y el objetivo del departamento jurídico de la Generalitat ha sido estos días identificar cuántas pruebas estuvieron afectadas por estas, y por lo tanto, tendrán que repetirse. La conclusión es que en casi todos los procesos (67 de 72) se han registrado incidencias graves en al menos un aula, lo que invalida el proceso entero aunque hubiese aulas en las que no se registrase ningún problema. “Preferimos cortar por lo sano, de manera que sea muy transparente. Hay una rotura de confianza y podríamos exponernos a impugnaciones aunque hubiese casuística diversa”, ha dicho la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la tercera reunión que han mantenido con los sindicatos. Vilagrà ha admitido que la situación es “inadmisible e intolerable”: “Las oposiciones son sagradas”.

La empresa contratada, Cegos, acusa a la Generalitat de incumplir su parte

Por este motivo, el Govern ha decidido rescindir el contrato con Cegos, a la que no ha pagado todavía ninguna factura, y estudiar las penalizaciones que puedan ejercerse por el incumplimiento de contrato por parte de la empresa. Tras el anuncio del Govern, la empresa, que había mantenido silencio durante este tiempo, ha acusado a la administración de no hacer bien su parte de la gestión. Cegos lamenta los “inconvenientes a los opositores” y señala que seguirá con la “custodia y corrección de los exámenes hasta dirimir el alcance de las incidencias”. Y a continuación en un relato de tres folios relata la “complejidad” de un proceso que asegura que realizó sin “disponer de la información en tiempo y forma”. La empresa recuerda que sus tareas eran imprimir, distribuir, vigilar y corregir los exámenes. Pero que los espacios, el reparto de candidatos y la elaboración del material eran responsabilidad del Govern. En este sentido, acusa a la Generalitat de incumplir en varios supuestos. El primero, no proporcionar suficientes aulas (en el 48% de las aulas no se podía cumplir el compromiso adquirido de un 50% de aforo respecto a la capacidad y en el 22% estaban llenas). El segundo, no entregar a tiempo los exámenes (la empresa asegura que, a siete días de las pruebas —el plazo fijado para tener los exámenes— faltaban por entregar 184 de los 656 modelos de examen que se usarían en las 73 convocatorias, y que el mismo viernes faltaban 16); y por último, Cegos resalta que hasta el jueves 27, a dos días del examen, no recibió el listado definitivo de los aspirantes con asignación por aulas y que el día anterior el Govern les comunicó cambios sobrevenidos que afectaban a 100 personas. La empresa afirma que, la semana antes, advirtió a la Generalitat hasta en tres ocasiones de la necesidad de tener todos los exámenes en el plazo para asegurar la fiabilidad del montaje de las cajas.

Con todo, Vilagrà ha descartado que el Govern asuma más responsabilidades tras la destitución de Martorell: “Lamentamos profundamente la situación, pero hemos actuado rápido, y creemos que ahora es el momento de trabajar, y tenemos los mecanismos para hacerlo”. Los tres sindicatos presentes en las reuniones (IAC-CATAC, CC OO y UGT) han valorado positivamente la celeridad de la búsqueda de las nuevas fechas, y han destacado que las indemnizaciones que dará el Govern —y que está analizando para determinar su cuantía, aunque se hará de oficio y sin que haya que justificar ningún gasto— han sido una petición sindical. “Todos los procesos estaban viciados, y es lo que se tenía que hacer. No podemos estar contentos porque hay mucha gente afectada, pero sí que es verdad que ya hay fechas nuevas e indemnizaciones”, han dicho los portavoces. Solo el primer sindicato está todavía valorando si pide más responsabilidades, y no descarta exigir la dimisión de la consejera, que este viernes comparecerá en el Parlament.

La repetición de las pruebas se llevará a cabo el 1 y el 8 de julio. El primer día, se harán las pruebas de agentes rurales, de ejecución penitenciaria y las de laborales transversales. En el segundo, se harán las pruebas para el resto del ámbito funcionarial. Las que no tendrán que repetirse serán las que se hicieron también el sábado pero no estaban custodiadas por Cegos sino por la propia Generalitat. En estas 32 pruebas había 2.641 aspirantes para un total de 383 plazas.

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