Casi la mitad de los empleados a tiempo parcial en Cataluña querría jornada completa

“Quien trabaja come y buena ropa se pone”, dice el refranero popular. El dicho, en el contexto actual de inflación, salarios bajos y pérdida de poder adquisitivo, como mínimo se tendría que actualizar. En Cataluña hace ya una década que el porcentaje de personas que pese a tener un empleo están en riesgo de pobreza no baja del 10%. En 2021, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat, la tasa era del 10,8%: es la más baja de la serie, pero afectaba a 350.200 trabajadores, y la cifra no registraba aún el impacto de la crisis de precios actual. Mientras que hay indicadores sobre pobreza laboral que han ido mejorando, otros se han estancado, como la parcialidad involuntaria, que afecta al 45,2% de los que tienen un contrato a tiempo parcial.

Aunque medidas como la última reforma laboral o las subidas del salario mínimo interprofesional han ayudado a mitigar problemas como la alta temporalidad o la rotación de contratos, hay otras lacras en el mercado laboral que persisten, y que ayudan a analizar el fenómeno de la pobreza en el trabajo. Una de ellas es la parcialidad involuntaria, es decir, los trabajadores que tienen un contrato parcial no porque quieran, sino porque no pueden optar a una jornada completa. Esta es la situación en la que se encontraban en 2022 el citado 45,2% de los trabajadores a tiempo parcial, una tasa que ha ido subiendo poco a poco desde 2019. En números absolutos, son 201.400 trabajadores.

Sobre el total de trabajadores, los que tienen un empleo a tiempo parcial representan el 12,7%. Este tipo de contratos son más habituales entre las mujeres (el 20% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial) que entre los hombres (el 6%), por la asunción de más tareas domésticas por parte de ellas que de ellos. También abundan entre los jóvenes, por la necesidad de compaginar trabajo con estudios. Pero una tasa tan elevada de parcialidad involuntaria indica que este tipo de contratos son una puerta de entrada precaria al mercado laboral, y que la situación se puede cronificar. “Tenemos que hablar de pobreza laboral, porque este fenómeno continúa pese a la reactivación del mercado de trabajo y la mayor estabilidad”, señalaba el viernes Romina García, responsable de Mercado de Trabajo del sindicato CC OO y autora del estudio sobre pobreza en el trabajo en el que se analizaban estos datos.

Otro indicador para medir la pobreza laboral es la rotación: en 2022 la tasa era de 2,16 contratos por persona, un índice que ha disminuido en los últimos años gracias al impacto de la reforma laboral, igual que el de la temporalidad. Pero hay otro elemento, que es el de la baja intensidad en el trabajo (y que es uno de los tres componentes con los que se elabora la tasa Arope, la que mide el riesgo de pobreza o exclusión social) que también explica este fenómeno y sobre el que Romina alertó. La muy baja intensidad en el trabajo se da cuando los adultos de un hogar trabajan menos del 20% de su potencial. En 2021 había en Cataluña 573.100 personas menores de 65 años que vivían en hogares en esta situación. Los autores del estudio señalaron que esta circunstancia afecta más a las mujeres, a los jóvenes y a los migrantes.

La pobreza en el trabajo, a la que la crisis de precios actual le augura un aumento (en 2022, la inflación fue del 8%, mientras que el incremento medio de los salarios protegidos por convenio fue del 2,8%) es algo que preocupa a las entidades sociales. En un informe del pasado mes de octubre, Cáritas de Barcelona destacaba que los adultos de casi el 60% de las familias atendidas por la entidad trabajan. Y de estos, el 51,5% trabaja a jornada parcial porque no ha encontrado una completa, y el 45,7% trabaja sin contrato.

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