Aragonès defiende a los Mossos en el ‘caso Ponsatí’: “Las detenciones en Cataluña no son políticas”

El presidente del Govern catalán, Pere Aragonès, ha evitado el cuerpo a cuerpo con varias voces del independentismo que le afean no haber impedido la detención por parte de los Mossos de la eurodiputada Clara Ponsatí, el martes a su llegada a Barcelona. En una entrevista en SER Catalunya, el republicano ha recordado que sobre la representante de Junts pesaba una orden de captura del Tribunal Supremo, que se solicitó por un delito de desobediencia, y que si bien él consideraba que tenía que prevalecer la inmunidad, existía la orden judicial. “No había margen de decisión política. Las detenciones en Cataluña no son políticas”, ha insistido.

La entrevista de Pere Aragonès en SER Catalunya

“Celebro que [Ponsatí] haya podido volver y que pueda hacerlo en unas circunstancias mejores que hace meses, que ahora sea posible hacerlo sin el riesgo de una prisión preventiva, algo que hace meses estaba sobre la mesa”, ha asegurado el líder republicano, refiriéndose así a la reforma del Código Penal que su partido pactó con el Gobierno central. Aragonès se suma así a las voces de otras personas de ERC, como el propio Oriol Junqueras, que han querido dejar en evidencia cómo desde Junts se aprovechan de la nueva realidad legal mientras que al mismo tiempo atacan la estrategia de diálogo que ha permitido sacarla adelante.

La CUP directamente había pedido, el miércoles en la tarde, que Aragonès respondiera políticamente sobre una detención que también tachan de ilegal. En Junts las opiniones han sido más matizadas. Si bien Ponsatí ya dejó caer que sí había responsabilidad política en su actuación, el propio Carles Puigdemont, huido en Bruselas, aseguró que el responsable último de la detención era el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, y no los Mossos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, también se había expresado en esa misma línea.

“Las detenciones en Cataluña no son políticas, son por orden judicial o cuando hay un delito flagrante, que no es el caso”, ha defendido Aragonès. Otra cosa, ha añadido, es si efectivamente el Supremo ha ignorado en su orden la condición de inmunidad que Ponsatí tiene por ser eurodiputada, y ha dicho que eso lo ha de resolver la justicia. Llarena había ordenado que, en caso de estar en territorio español, se llevara a Ponsatí ante un juez para notificarle su condición de procesada por un delito de desobediencia (sin penas de cárcel ni prisión preventiva) y después dejarla en libertad.

Ponsatí fue muy crítica con el Ejecutivo que preside Aragonès, al que acusó de colaborar con “las fuerzas de ocupación españolas”, y fue especialmente ácida con la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret. Ambas habían estado en Bruselas desde 2017, después de que huyeran allí tras la fallida declaración de independencia. Serret, hace un año, optó por volver a España pasando directamente por el Tribunal Supremo, un acto que desde un sector de Junts es visto como una genuflexión ante el Estado, y el miércoles, un día después de la vuelta a España de Ponsatí, se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ser juzgada por desobediencia. “No haré nada que ayude a la confrontación entre represaliados”, ha remachado Aragonès.

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