Ada Colau declara ante la juez que no intervino en el caso por el que el fondo Vauras le acusa de coacciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado este lunes como investigada en el juzgado por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras. La empresa le acusa de presionarles y multarles para que ofreciera un alquiler social a familias vulnerables del conocido como bloque Llavors, en la calle de Lleida, que desde 2020 vivió varios intentos de desalojo. Durante su declaración, Colau ha señalado que el consistorio aplicó la ley y que no tuvo ninguna vinculación con los expedientes a Vauras, porque estas son funciones delegadas en los técnicos municipales.

Posteriormente, durante una comparecencia, Colau ha vinculado la querella al malestar de empresas afectadas por las políticas de viviendas de sus dos mandatos, de las que ha sacado pecho por “defender a la ciudadanía”. Esta vez “un fondo buitre que no consigue lo que quiere e intenta intimidar a un Ayuntamiento democrático”, en referencia a Vauras. Preguntada por la reapertura del caso, ha considerado que “es llamativo que se reabran casos, pidiendo declaraciones y sin pedir información técnica o pruebas nuevas, si pasa próximo a las elecciones es todavía más llamativo, pero no puedo ir más allá si no tengo más pruebas”. Y finalmente ha exigido de nuevo al presidente Pedro Sánchez que apruebe la Ley que regulará las subidas del alquiler, al tiempo que ha acusado a la vicepresidenta Nadia Calviño de frenar la regulación y de actuar “de portavoz de los lobbies”.

La alcaldesa ha llegado a la Ciudad de la Justicia pocos minutos antes de las 10 horas de la mañana acompañada de sus abogados, Olga Tubau y Àlex Solà, y del concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, donde está ubicado el edificio Llavors. En la calle le han arropado un centenar de personas. Fuentes conocedoras de la declaración explican que Colau ha declarado que no intervino en ningún momento en los expedientes del caso, sobre los que tiene las funciones delegadas. La propia juez ha señalado que la firma de la alcaldesa no aparece en ninguno de los documentos en los que el consistorio se dirigió a Vauras, apuntan las mismas fuentes. Colau también ha negado que el Ayuntamiento se dirigiera a los Mossos d’Esquadra en relación a su intervención en ninguno de los intentos de desahucio, ni a los servicios sociales para dar alguna orden respecto a las familias afectadas. En su querella, Vauras acusa a Colau en tanto que máxima responsable del funcionamiento del Ayuntamiento.

La declaración de este lunes llega después de que la Audiencia de Barcelona aceptara la petición de Vauras para reabrir una causa que la juez instructora no llegó ni a admitir. El pasado viernes declararon por la misma razón el concejal Serra, la de Vivienda, Lucía Martín, y una funcionaria municipal. Los tres negaron las acusaciones y revelaron que representantes del fondo de inversión pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables del Bloc Llavors.

El consistorio multó seis veces a Vauras por un total de unos 400.000 euros por no ofrecer a las familias vulnerables un alquiler social, como prevé la ley catalana, y que se pudieran quedar en los pisos. El concejal Marc Serra, que además de edil del distrito lo es de Derechos de Ciudadanía, tachó los hechos de “falsos y distorsionados” y enmarcó la insistencia de Vauras en recurrir el caso “en mantener la sospecha en plena campaña electoral”. Al conocer la reapertura del caso hace unas semanas, Colau afirmó que está “muy tranquila” y defendió que el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir con la ley catalana de vivienda, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias que ocupan viviendas.

Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde la concejal de Vivienda, supuestamente “habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social”, lo que el Ayuntamiento niega.

Tras la declaración y ya en el Ayuntamiento, Colau ha comparecido en la solemnidad del Saló de Cent del donde ha insistido en que “no hay caso” y ha vaticinado que “quedará archivado” como otras 11 querellas. “Normalmente en este Ayuntamiento las querellas eran de asociaciones vecinales contra políticas que consideraban especulativas; en nuestro caso, son de grandes operadores económicos que no no estaban acostumbrados a que el Ayuntamiento les para los pies y se pusiera al lado de la ciudadanía”, ha manifestado y ha añadido: “Lo que me preocupa no este este fondo o un lobby que me pueda llevara ante los juzgados, sí que los fondos sigan especulando a sus anchas con total impunidad, echando a vecinos y me preocupa que los alquileres sigan subiendo de forma descontrolada”. “Gran parte de mi vida la he dedicado a que se cumpla el derecho a la vivienda, desde el activismo [fundó la PAH] y ahora como alcaldesa”, ha zanjado.

Colau ha recordado que hace ocho años que reclamó una ley para regular las subidas de los alquileres, y cinco que Sánchez se comprometió a hacerlo. “Llevamos años haciéndolo desde la adminsitración que tiene menos presupuesto, arriesgando y estando al lado de los movimientos sociales, poniendo el cuerpo”, ha dicho. Y ha finalizado arremetiendo contra la vicepresidenta Calviño por “actuar de portavoz de los lobbies e intentar aguar y frenar la Ley” y el presidente de la asociación de propietarios ASVAL, el ex alcalde Joan Clos (PSC) de ejercer presión. La alcaldesa ha instado a Sánchez a que tenga la última palabra.

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