Vivir de alquiler con el salario mínimo

La afirmación de que el salario mínimo (SMI) está tres euros por encima del alquiler medio de un piso en Barcelona es demagógica. Es cierto que entre 1.077 euros y 1.080 solo hay tres euros de diferencia, pero establecer la comparación es de mal gusto. En una sociedad libre cada uno puede vivir donde le plazca. Por ejemplo, si te trasladas a Badalona y cobras el SMI podrás disponer de 241 euros para gastos suntuarios, como comida, agua y luz. Si buscas un piso de alquiler en l’Hospitalet de Llobregat con el salario mínimo, te quedarán 301 euros limpios de polvo y paja para tu libre albedrío. Son las inexorables leyes del mercado, razonan quienes afirman que los pobres lo son por elección, dejadez o mala cabeza.

Cada vez que vivimos una crisis se afirma categóricamente que hay que reformar el sistema, pero nunca se hace. No pasó ni en 2008 ni con la pandemia. En Barcelona y durante el periodo 2000-2020 la renta familiar disponible bruta aumentó en un 43,5%, mientras que el precio medio de la vivienda de alquiler lo hizo en un 136,3%, según un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y el Observatorio DESC.

Ni el presente ni las perspectivas son halagüeñas. El parque de viviendas de alquiler social en Cataluña en 2019 era de 54.088, lo que supone el 1,7% del total. Estamos por detrás del global de España (2%) y en el vagón de cola de UE, donde Holanda cuenta con el 29,1%, Austria con el 24% y Dinamarca –el gran referente independentista del centro-derecha– con un 21%.

La afirmación de que hay que construir más vivienda pública se ha convertido en un desiderátum, como desear la paz en el mundo. Hay un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que se evapora en contacto con la realidad. Ni el Gobierno más progresista de la historia ha conseguido, de momento, sacar adelante una ley al respecto, a pesar de explicitarse en el pacto PSOE-Podemos. Hay temor reverencial a los fondos de inversión. Hay también honrosas excepciones, como la acción del Ayuntamiento de Barcelona desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía y especialmente en su segundo mandato.

En el Gobierno catalán –ahora con tímidas señales de cambio– no ha habido mucha preocupación al respecto. CiU no se ocupó del tema y sus sucesores de Junts per Catalunya lo hicieron mientras se vieron arrastrados por la radicalidad del procés. Ahora ya es otra cosa. Ahí está Carles Sala, ex secretario de Vivienda de la Generalitat convertido en portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Sala tuvo responsabilidades con los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont entre 2011 y 2018 y luego en 2021, hasta que en 2022 Junts rompió el pacto de Gobierno con Esquerra. El exresponsable de políticas públicas de vivienda utilizó hace unos días el argumento de la “inseguridad jurídica” para justificar la falta de oferta que ha contribuido a la subida de precios del alquiler. Curiosamente, en estos términos habló inicialmente Rafael del Pino Calvo-Sotelo para explicar la marcha de Ferrovial a Países Bajos.

Como guinda de este pastel y de no variar la legislación, la pérdida de la vigencia de la protección afectará en la provincia de Barcelona a 36.031 viviendas en 2030 y a 53.671 en 2040. Según el Observatorio de la Vivienda de Barcelona, supondrá la pérdida en 2030 de un 40,7% de los efectivos–había 72.501 en 2021– y el 74% en 2040. La política está para cambiar el estado de cosas. Pero hay que usarla.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal