Los rectores catalanes piden acabar con la diferencia de precio entre las carreras humanísticas y científicas

Los rectores catalanes piden unificar los precios universitarios y acabar así con la actual diferencia entre las carreras humanísticas y científicas. Aunque los importes de ambos ámbitos han acercado mucho las posiciones este curso, todavía existe una diferencia de 77 céntimos por crédito, lo que se traduce en apenas 50 euros anuales i 184 toda la carrera. “Los estudiantes no tienen por qué pagar diferente según los estudios que elijan”, ha asegurado este martes Daniel Crespo, rector de la UPC y desde hace unas semanas presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).

Este curso los precios universitarios dieron un importante vuelco para recuperar los niveles anteriores a la crisis de hace una década, reduciéndose hasta un 33%, que se acumula a la rebaja iniciada en 2020, y poner fin así al tasazo de 2012 que disparó las matrículas un 67%. Otra importante novedad es que se simplificó de tres a dos la clasificación de precios según el tipo de carrera, de modo que actualmente estudiar una Filología cuesta 1.061 euros anuales (si se cursan 60 créditos), mientras que una Ingeniería cuesta 1.108. Esta diferencia se ha reducido este curso ostensiblemente, ya que el curso pasado era de 600 euros.

Pero los rectores catalanes piden dar un paso más y unificar los importes a la baja, y así lo pondrán sobre la mesa los próximos meses, cuando se empiece a hablar del nuevo decreto de precios para el curso que viene. “El precio de los grados tiene que ser uniforme, somos universidades públicas y tenemos que facilitar el acceso a los estudios superiores”, ha terciado Crespo. La clave para conseguirlo es que la Generalitat aumente su aportación y compense económicamente a las universidades por esta reducción de ingresos que supone una bajada de los precios.

Asimismo, este asunto se enmarca en un debate más amplio que es el modelo de financiación de las universidades. Crespo ha vuelto a reclamar “un marco estable que permita planificar las inversiones” y afrontar dos retos: la renovación de la plantilla y la mejora de los edificios. El presidente de la ACUP ha apostado por un modelo de financiación en que haya una parte del importe común para todos los campus públicos, pero también una aportación adicional que dependa de la casuística de cada universidad (por ejemplo, la Autónoma costea el mantenimiento de las carreteras del campus o la de Barcelona cuenta con mucho edificio patrimonial).

A nivel económico, este año las universidades también deberán hacer frente al encarecimiento de la factura energética, que finalmente será de 50 millones más. Las universidades contratan de forma consorciada el suministro eléctrico y hasta ahora contaban con unos precios ventajosos. Pero este diciembre debían renovar el contrato y actualizar los importes. En un principio temían que el aumento sería de 88 millones, pero Crespo ha admitido que finalmente han conseguido unas condiciones más ventajosas. El Departamento de Universidades ya se ha comprometido ha hacer frente a estos 50 millones en una aportación extraordinaria a los campus.

La problemática de los asociados

Otro de los retos pendientes de las universidades es regularizar a todos los profesores asociados que están en situación irregular, un problema que Crespo ha admitido, pero que no ha querido cuantificar. “Es un problema que arrastramos de la última década. Las universidades nos hemos visto obligadas a contratar profesores asociados porque no podíamos contratar profesores a tiempo completo”, ha aseverado. Crespo ha apostado por abordar “con delicadeza” el caso de los profesores asociados, y ver cómo se regulariza su situación. La Generalitat destina en sus Presupuestos de 2023 una partida de 15 millones para convertir falsos asociados en profesores lectores, aunque para ello los aspirantes deben tener un doctorado.

Crespo, que se estrenó hace unas semanas como presidente de la ACUP -que agrupa las siete universidades públicas y la UOC-, ha presentado este martes el plan de acción de la entidad durante su mandato, que dura un año, y que se centrará en varios ejes: la mejora de la docencia, la financiación de los campus, la adaptación a las nuevas normativas, asegurar una financiación basal para la investigación y en la proyección internacional de las universidades catalanas.

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