Cierre de edificios y calefacciones apagadas: las universidades se adaptan a la subida de la factura energética

Las universidades ven cómo cada vez crece más la factura energética. En la mayoría se duplicará respecto al año pasado. Aunque muchas de ellas ya impulsan medidas de ahorro desde hace años, estas no están siendo suficientes para controlar el gasto, así que los rectorados están aprobando planes de urgencia que pasan, básicamente, por reducir las horas de encendido de luz y calefacción o reorganizar los turnos para poder cerrar edificios, mientras se desarrollan medidas a medio y largo plazo como la instalación de iluminación LED o de placas fotovoltaicas. “Estamos ajustando gastos por responsabilidad [es dinero público], por lealtad institucional [por los reales decretos que dicen debemos hacerlo] y por sensatez [2023 será más duro]”, resume un portavoz de la Universidad Complutense de Madrid, el mayor campus español.

Muchas universidades ya empezaron a aplicar hace una década medidas de ahorro energético para controlar el gasto en un momento de recortes presupuestarios, como el cierre de las instalaciones durante periodos vacacionales. La crisis climática también ha tocado la conciencia de los campus en los últimos años. Pero la escalada de precios de los últimos meses obliga a tomar medidas más restrictivas. El Decreto-Ley 14/2022 ya fija que la calefacción no podrá superar los 19 grados y el aire acondicionado, los 27. Aunque el frío se resiste a llegar, lo que supone un respiro para los gerentes, las universidades se están armando de medidas para controlar el consumo. Una de las principales y que más impacto puede tener entre profesores y alumnos es la restricción en el uso de la calefacción, encendiéndola solo cuando sea necesario.

Universidades como la Jaume I de Castellón o la Politécnica de Valencia ya han dado la orden de no encender la calefacción hasta que la temperatura ambiente lo permita. Con ello, esperan contener la factura energética que, en el caso del campus valenciano, se disparará este año hasta los 15 millones, el doble que el año pasado. Con la medida, esperan ahorrar unos 16.000 euros al día. Su rector, José E. Capilla, admitió en una entrevista a Ràdio València que el precio de la energía es “inasumible” y que buscan “aguantar todo lo posible”.

En Castellón el recibo también se duplicará este año, hasta los seis millones, pero asumirán el incremento gracias a los remanentes. Aunque la Jaume I aplica desde hace una década medidas de ahorro como controladores de presencia (para apagar las luces cuando no hay nadie), desconectar el 80% de la iluminación de las calles del campus por la noche, instalación de LED, la sustitución de máquinas por otras más eficientes, obras de mejora del aislamiento en edificios antiguos o colocación de placas solares, la escalada de precios obliga a tomar “medidas extraordinarias”, admiten, como el estricto control de la luz y la calefacción.

La Universidad del País Vasco hace tiempo que también hacen los deberes, pero en abril vieron que el gasto se desmadraba y aplicaron nuevas medidas: prohibición de usar aparatos de climatización individuales o cerrar dos semanas en agosto (algo inédito hasta ahora), a lo que se sumará el cierre durante una semana en Navidad y otra en Semana Santa, o apagar la calefacción dos horas al mediodía. “Hemos logrado reducir hasta un 10% de consumo, pero ello no se traduce en ahorro en euros por la variación de precios”, lamenta Juan José Unzilla, vicerrector de Transformación Digital y Comunicación. La gran apuesta del campus es crear una instalación hidrotérmica en Portugalete (Bizkaia).

En la Universidad de Santiago de Compostela también han puesto en marcha este curso un plan que pasa por apagar automáticamente los equipos informáticos por la noche, reducir la iluminación ambiental o retirar los aparatos de calefacción individuales. Asimismo, se cierran varios edificios administrativos por la tarde y, en el resto, se están reorganizando los turnos del personal para reducir las horas de apertura. Además, la universidad cerrará completamente durante dos semanas en Navidad. Previendo que la factura casi se duplique el próximo año, el campus trabaja en otras medidas a corto y medio plazo como la inversión de 1,5 millones en placas fotovoltaicas, medidores de control y sectorización de instalaciones. Y hasta 2026 se destinarán ocho millones para la instalación de centros de biomasa.

La Universidad de Vigo también ha empezado a tomar medidas muy similares, pero además dictaminan que la calefacción solo se encenderá entre el 1 de noviembre y el 15 de abril, en horario de 7 a 12 horas y de 15 a 19 horas, y cuando la temperatura exterior sea inferior a los 18 grados. También se solicita a personal y alumnos utilizar las escaleras en lugar de los ascensores. “Como no podemos actuar sobre el precio, tendremos que actuar sobre el consumo”, tercia Jacobo Porteiro, director del área de Sostenibilidad.

La Universidad de Zaragoza también ordenó apagar la calefacción el 15 de marzo, pero llegó una ola de frío y no quedó otra que encenderla unos días. En todo caso, el plan de urgencia energética del campus aragonés contempla agrupar las aulas que se calientan en una parte del edificio, reducir un 66% la iluminación en pasillos y zonas comunes, reorganizar horarios para cerrar más horas los edificios y facturar el consumo energético cuando se alquilen los espacios del campus para eventos externos.

En Málaga, con unas temperaturas veraniegas en pleno mes de octubre, el rectorado dictaminó el apagado del aire acondicionado a mediados de mes y que la calefacción solo se encenderá si la meteorología obliga a ello. En Granada también han decretado retrasar el máximo el encendido de la calefacción, que solo estará activa de 7 a 13 horas y 16 a 20 horas.

Otras universidades respiran ligeramente más tranquilas. Como en Salamanca, donde la factura ha pasado de los cinco millones del año pasado a los siete, un incremento menor que en otros campus y que asumirán con el remanente, aunque no se libran de las medidas habituales para reducir el consumo de luz y gas.

Y en la Complutense la preocupación no es este año, sino el próximo, ya que en el peor de los casos la factura se podría multiplicar por cuatro. El motivo es que la UCM contrata la energía a través de una central de compras del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC), junto al resto de campus públicos catalanes. Actualmente gozan de un precio muy ventajoso, pero el problema es que deben renovar el contrato a finales de año, y allí será cuando reciban el impacto. Con todo, esperan no tener problemas para pagarlo. “Venimos de tener mucho oxígeno por los precios bajos que estamos pagando ahora. En el próximo presupuesto tendremos que encajar la subida ajustando otras partidas, pero es asumible”, admite Jorge J. Gómez, vicerrector de Sostenibilidad. La universidad madrileña trabaja en tres frentes: la colocación de 3.000 placas solares, la renovación de máquinas e instalaciones por otras más eficientes y reducir las horas de encendido de luz y gas.

Las universidades catalanas comparten esta preocupación de cara a las cuentas de 2023. Actualmente los siete campus públicos pagan una factura de 21 millones, que se disparará el año que viene hasta los 44 millones si deciden renovar el contrato por cuatro años o hasta los 88 millones si lo hacen por un año. Los rectores, incapaces de asumir este gasto, ya han pedido ayuda al Departamento de Universidades, que se encuentra en plena transición con un cambio de consejero, y que de momento se limita a responder que está estudiando la problemática.

La Universidad Autónoma de Barcelona, un gran campus no urbano con una amplia red de calles cuya iluminación asume la institución, asegura que ha logrado reducir un 30% el consumo en los últimos años gracias a la instalación de LED, de placas fotovoltaicas, de detectores de presencia y la sustitución de calderas por otras más eficientes. Pero preparan medidas adicionales. “Cuando no haya clase cerraremos los edificios y pondremos la calefacción cuando realmente sea necesario. La consigna del Gobierno es ponerla a 19 grados, así que no se podrá ir en manga de camisa, pero esto ya pasó durante la covid, cuando había que ventilar las aulas. No obstante, los alumnos están sentados muchas horas y hay que encontrar la manera de que estén confortables”, explica el rector, Javier Lafuente.

La Politécnica de Cataluña centra sus esfuerzos en la fotovoltaica y tiene previsto instalar 1.000 kW el año próximo, casi doblando los 600 kW colocados en los últimos tres años, con una inversión de 700.000 euros.

La Universidad de Barcelona tiene más asignaturas pendientes en cuanto a eficiencia energética. Invertirán 1,8 millones en sustituir los fluorescentes por LED y 300.000 para empezar a colocar placas fotovoltaicas (el objetivo es contar con 3,5 millones para llenar de placas todos los edificios que las admitan de aquí a tres años), además de otras medidas para reducir el consumo. “Si ahora la calefacción se enciende a las 7 y las clases empiezan a las 8, pues la encenderemos a las 8″, apunta Glòria Matalí, gerente del campus, quien admite una gran preocupación por la situación. “Estamos desesperados. La factura tiene un gran impacto y venimos de donde venimos, con presupuestos muy justos. No sabemos cómo vamos a afrontarlo”.

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