Laura Borràs estalla en el juicio contra los otros dos acusados por su pacto con la Fiscalía

Laura Borràs siente que ha sido víctima de una traición. En la primera sesión del juicio por el supuesto fraccionamiento ilegal de contratos en la Institución de les Letras Catalanas (ILC), su defensa ha estallado contra el pacto entre la Fiscalía e Isaías Herrero, el informático que fue beneficiario de contratos a dedo por 335.700 euros. Los abogados de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts per Catalunya han lamentado haber conocido el acuerdo “apenas 72 horas antes” del juicio, a través de la prensa y después de tres años de haber trabajado “de forma coordinada” con la defensa de Herrero. Ese acuerdo, que aún no se ha formalizado, pasa por una rebaja de la pena para el informático —que afronta ahora una petición de seis años de cárcel— a cambio de incriminar a Borràs.

El divorcio entre las partes es absoluto y se ha escenificado con gran estruendo. La defensa de Borràs asegura que el pacto con la Fiscalía de Herrero y del tercer acusado, Andreu Pujol ―que supuestamente se prestó a presentar presupuestos ficticios―, la deja a ella como “la única defensa”. Irritada por un giro de guion que los sitúa en una situación procesal muy complicada, la abogada Isabel Elbal ha pedido declarar siempre en último lugar y ha afirmado, en un escrito, que el resto de los acusados están “compensados, bonificados o pagados” por el ministerio público, lo que ha desatado una guerra sin cuartel, pocas veces vista, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La penalista Marina Roig, abogada del beneficiario de los contratos, se ha opuesto a esa petición y ha acusado a la defensa de Borràs de “cuestionar y no entender el derecho de defensa”. “[Isaías Herrero] está sentado en el banquillo y es un acusado; cuando llegue el turno de interrogatorio, ejercerá su derecho de defensa”. Se le ha sumado su compañero Àlex Solà, abogado del tercer acusado, que ha considerado “desafortunadas” las palabras de la defensa de la presidenta de Junts sobre los pagos y ha pedido “una retractación”.

El presidente del tribunal que juzga el caso, Jesús Barrientos, ha coincidido con ellos (“tienen el estatuto de acusados y están en su derecho de defenderse en el sentido que quieran”) y ha rechazado la petición de Borràs. “No tenemos ninguna constancia de que exista ningún acuerdo. Nadie ha planteado una conformidad”, ha afirmado el magistrado, aunque la Fiscalía se ha limitado a decir que el acuerdo “no está formalizado”. Según han explicado a EL PAÍS fuentes conocedoras de las negociaciones, hace semanas que Herrero y la Fiscalía dialogan para llegar a un acuerdo. En diciembre de 2019, el informático aceptó una condena de cinco años de cárcel por tráfico de drogas que quedó suspendida. Una nueva pena como la que afronta ahora ―seis años de cárcel por el fraccionamiento de contratos― le resulta inasumible porque incrementa su riesgo de acabar entre rejas.

En los pactos del ámbito penal en España, una de las fórmulas habituales es que, antes del juicio, acusación y defensa anuncien al tribunal que se han puesto de acuerdo, lo que da lugar a una sentencia de conformidad, que siempre es firme. No es esto lo que va a ocurrir en el caso Borràs. El juicio va a celebrarse también contra los otros dos acusados. En su declaración, el informático previsiblemente apuntará a Borràs como la persona que le indicó cómo debía facturar los trabajos para la Institución de las Letras Catalanas, el ente de la Generalitat que promueve la literatura en catalán y que la acusada dirigió entre 2013 y 2017. Esa declaración se corresponderá, por otra parte, con la tesis que se desprende de los correos electrónicos intervenidos, que muestran cómo Borràs daba indicaciones precisas a Herrero sobre cómo elaborar presupuestos ficticios. La ratificación de Herrero, no obstante, refuerza la acusación de la Fiscalía, que puede así salvar una eventual nulidad sobre los correos, tal como solicita la defensa de la expresidenta del Parlament.

Un informe pagado a medias

El fantasma del pacto ha sobrevolado una primera sesión tumultuosa. La negativa del magistrado Barrientos a permitir que la defensa de Borràs intervenga siempre en último lugar ha provocado una nueva andanada de reproches. La sensación de la dirigente de Junts es que se ha urdido un engaño a sus espaldas. “Las defensas de Herrero y Borràs nos hemos coordinado durante tres años, con la misma línea de defensa. Nos hemos comunicado por WhatsApp, hemos intercambiado documentación, hablado por teléfono…”, ha lamentado Elbal. La abogada ha reprochado incluso que Borràs pagó una tercera parte de un informe pericial para que los tres acusados se defendieran de la malversación, un delito por el que fue procesada, pero que finalmente no contempla la acusación de la Fiscalía.

“No puedo desvelar más”, ha dicho Elbal en alusión al secreto profesional que rige para los letrados y del que ha pedido ser dispensada para denunciar supuestas “irregularidades deontológicas” de las otras defensas y ahora rivales. También ha solicitado la suspensión de la vista porque el pacto, “inconfesable ahora mismo y que la Fiscalía no niega”, lo conocieron hace apenas 72 horas y no han podido preparar la defensa debidamente. “Borràs no va a tener un juicio justo”.

Más allá del pacto, la estrategia de la líder de Junts pasa por intentar ganar sin jugar el partido. La primera sesión ha estado dedicada a las cuestiones previas, aspectos de carácter técnico y jurídico en los que las defensas exponen vulneraciones de derechos. Elbal ha pedido que se suspenda la vista porque, una vez que Borràs fue suspendida como diputada y presidenta del Parlament (en julio de 2022), “no corresponde juzgarla” al TSJC. También ha solicitado la nulidad de los correos electrónicos porque no estuvieron debidamente custodiados durante la entrada y registro al domicilio de Herrero.

La política ha seguido el juicio desde el banquillo de los acusados, no lejos de Herrero. A su llegada al TSJC, se ha encontrado la clásica puesta en escena del independentismo a las puertas del tribunal, con una concentración de apoyo de apenas unas 200 personas que han lanzado críticas a la justicia española (”no es justicia, es venganza”) y han animado a Borràs, a la que consideran su presidenta “legítima” pese al acuerdo entre Esquerra, la CUP y PSC de julio para suspenderla. A la dirigente de Junts la han acompañado su familia y una comitiva encabezada por el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. Con ella también estaban algunos de sus compañeros políticos más fieles, caso de los diputados Francesc de Dalmases, Aurora Madaula y Cristina Casol. Jordi Puigneró, que ha hecho contadas apariciones desde que hace cuatro meses el president, Pere Aragonès, lo cesara de su cargo de vicepresidente, estaba en el grupo de próximos a Borràs.

Jordi Turull y otros cargos del partido, como Albert Batet, Mònica Sales o Marta Madrenas, esperaban a Borràs delante del edificio judicial, junto con representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). No estaba, como ya se anunció, ningún cargo del Govern, ni había representación de Esquerra ni de la CUP. La convocatoria de apoyo ha generado tibieza dentro del mismo partido de Borràs. Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona y principal baza electoral de Junts, ha evitado aparecer en la foto junto a ella, lo mismo que el expresidente Artur Mas.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal