La reindustrialización de Nissan solo cubrirá en 2023 poco más de la mitad de la plantilla que espera la recolocación

El retraso que ha sufrido el proceso para reindustrializar la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, que echó el cierre a finales del año pasado, tiene en vilo a los trabajadores. Si no hay una nueva dilación, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona confirmará antes de Navidad que el consorcio formado por QEV y BTech, de la mano del operador logístico Goodman, podrá finalmente ocupar la antigua fábrica de Nissan y poner en marcha su proyecto para fabricar vehículos eléctricos. Pero la lentitud de las decisiones amenaza con no poder cumplir con las expectativas de todos los trabajadores que, desde enero, esperan la recolocación mientras van consumiendo el subsidio de paro. De los 1.600 empleados que fueron despedidos (sin contar los prejubilados), unos 300 ya se han desvinculado del proceso y han pedido el 20% de la indemnización que les faltaba, y que todavía tienen congelada los 1.300 que esperan ser repescados. Pero los planes de las nuevas empresas no llegarán para todos en este segundo año en el que todavía tienen el paro: QEV y BTech contemplan contratar a unas 600 personas el próximo año, mientras que el fabricante de motocicletas Silence ha fichado ya a 40 y espera alcanzar las 110 en 2023. En total, 710 trabajadores.

El cierre de Nissan, con el ensamblaje de la última ranchera en la línea de producción, fue un mazazo para los trabajadores, pero pronto empezó el proceso de reindustrialización, que se ha demostrado lento y plagado de contratiempos. Mientras, el 80% de la plantilla empezó a cobrar el subsidio de paro en enero. Uno de ellos es Mario García. Entró como operario a los 18 años —ahora tiene 49— y ha pasado por los talleres de montaje de motores y ejes, los de transmisiones y los de carrocerías. Cobra unos 1.000 euros de paro. “Yo contaba con prejubilarme en la Nissan como había hecho mi padre, pensaba que si llegaba un modelo más, ya sería suficiente para mí”, explica por teléfono. El subsidio representa la mitad de lo que cobraba como trabajador. “Si me administro bien, voy haciendo, porque soy soltero y tengo el piso pagado, pero he tenido que ir recortando, ya no viajo tanto ni compro ropa”, dice. “Siempre he confiado en que me recolocarían. No es que esté desmoralizado, un poco sí porque va pasando el tiempo, pero empiezo a impacientarme. Espero no tener que gastarme los dos años de paro”, dice García, que reconoce estar “decepcionado” por el proceso: “Sobre todo por los Gobiernos, porque ya se veía que Nissan se iría, y las administraciones no hicieron mucho por impedirlo. Y luego, con la negociación, todos esperábamos que fuese mejor, los sindicatos han batallado mucho, pero se han encontrado con muchos palos en las ruedas”.

García explica que, de los que están esperando, muchos están en su situación: “Cobrando el paro en esta especie de tiempo sabático y si no llega para los gastos, rascando algo de la indemnización. Pero todos confían en volver a trabajar”. Otros, sin embargo, han tenido que buscar otro empleo porque con el subsidio no llegan a fin de mes. Es el caso de Sergio, de 47 años, que prefiere no dar su apellido, y que ahora trabaja en una multinacional de servicios. “Desde el primer día empecé a buscar trabajo, mi filosofía es no esperar nada ni a nadie”, dice. En este tiempo, ha enlazado algunos contratos y solo ha consumido algo más de dos meses de paro. Ha decidido no pedir la indemnización completa, pero no confía en volver a Nissan: “Sigo en el proceso de reindustrialización por si acaso, pero mi objetivo es quedarme donde estoy ahora. Es una empresa muy estable, con buenas condiciones, y es un trabajo para toda la vida. Aunque también pensaba que Nissan sería para toda la vida...”.

La nueva empresa es consciente de que el año que viene no podrá cubrir a todos. “Estamos hablando con la Generalitat y con los trabajadores para ver si podemos maximizar la contratación a partir de diciembre de 2023, antes de que empiecen a consumirse las prestaciones por desempleo”, explica Joan Orús, consejero delegado de QEV Technologies. La empresa prevé poder ocupar las plantas de El Prat y de Montcada i Reixac en febrero y poder empezar su furgoneta de última milla bajo la marca Zeroid en el último tramo del próximo año para intentar alcanzar una producción de 20.000 unidades en 2024. Su socio, Btech, trabaja a su vez para poner en marcha el ensamblaje de un modelo similar al de la furgoneta NV200 eléctrica que Nissan producía en Barcelona y que ahora se comercializará bajo la marca Ebro. Por su parte, Silence estima el inicio de la producción de su cuadriciclo eléctrico durante el primer trimestre en las mismas instalaciones de la Zona Franca. Fichó primero a nueve personas y ahora ya ha contratado a una cuarentena, con el objetivo de alcanzar las 110 personas a finales del año.

El proyecto de QEV y BTech se ha visto fuertemente recortado desde su propuesta inicial, cuando conformaban la idea 20 empresas con una disposición de inversión de 800 millones de euros. Finalmente quedaron esos dos socios, que constituirán una sociedad conjunta. Sus problemas para conseguir avales han recortado finalmente sus pretensiones de conseguir fondos europeos a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico. Al final solo conseguirá 57 millones de euros aunque ha aplicado también al programa Moves II para intentar captar más ayudas. De momento, otros proyectos de vehículos que tenían en cartera tendrán que esperar. Con su proyecto anual, la previsión de inversión será de algo más de 300 millones de euros.

Ayudas desaprovechadas

Si la mitad de los trabajadores de Nissan no tienen todavía garantías de empleo, peor lo tienen los que trabajaban para los proveedores, que se quedaron totalmente huérfanos en la reindustrialización. La lentitud de las administraciones ha jugado también en su contra. La Generalitat pidió a finales de 2021 a la Unión Europea fondos para dar formación personalizada a parte de los 2.500 trabajadores despedidos por Nissan y a otros 8.000 afectados que trabajaban para sus proveedores. Bruselas aprobó otorgar 2,8 millones de euros a cargo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos. El desarrollo del programa, en el que participan el Gobierno catalán y los agentes sociales, está todavía en trabajos y fuentes sindicales explican que de los 1.700 despedidos por ERE en la automoción en Cataluña entre julio de 2020 y enero de 2022 para que se pudieran beneficiar de la medida apenas quedarían 700 posibles beneficiados, porque el resto se habría prejubilado, habrían encontrado trabajo o no estaban interesados.

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