Un año de la muerte de una familia en el incendio de un local en Barcelona: “Puede volver a pasar”

A la dependienta de la panadería que hay a dos puertas de la antigua oficina bancaria ocupada en la plaza de Tetuan de Barcelona, donde hace un año murió una familia en un incendio, le saltan las lágrimas cuando lo recuerda: “Nos quedamos hechas mierda. Vivían en el local, pero con mucha dignidad y cuidaban a los niños como nadie, aquí les compraban galletas, jugaban con otros niños”. Este miércoles se cumple un año de la muerte de Violeta y Saki (los padres, de origen rumano y paquistaní), de Alsalam, de tres años; y de la bebé Zaara, de seis meses. En pleno Eixample, el distrito céntrico y noble. El Ayuntamiento de Barcelona señala que el número de familias que viven en locales ocupados ha caído durante el último año: de 105 locales a 79; de 481 personas a 380; de 156 menores, a 120. La razón, hay menos espacios vacíos y los desalojos son más rápidos. También han bajado las ocupaciones en naves y asentamientos (de 86 a 63). Trabajadores del entorno de los servicios sociales y entidades responden que la cifra puede oscilar, pero que el problema y sus causas es el mismo: la falta vivienda pública y la situación administrativa irregular y laboral de muchas de estas familias complica ofrecerles atención (sin NIE no pueden optar la renta mínima) y alternativas.

“La vulnerabilidad es máxima, puede volver a pasar en cualquier momento”, coinciden un bombero y un trabajador social consultados. “La situación no ha variado, las familias que se ven obligadas a ocupar en precario son las más vulnerables y sin suministros el riesgo es evidente”, apuntan desde la Alianza Contra la Pobreza Energética. Y relatan cómo las familias, la mayoría originarias de Rumanía, cocinan o se calientan: fogones de gas natural adaptados a butano, calefactores, estufas con resistencias, secadores de pelo, hornos, leña… Los investigadores de los Mossos d’Esquadra no llegaron a determinar la causa exacta del fuego, indicaron que el origen estaba próximo a una de las camas.

Después del incendio, la familia de Violeta explicó que tenía otros cuatro hijos en Rumanía y pidió ayuda para repatriar los cuerpos. Finalmente, fue el consulado de Pakistán quien costeó el traslado: el padre y el niño fueron enterrados en el país asiático, y la madre y la bebé, en Buzau, al sur de Bucarest, explican fuentes municipales y D. C., primo de la mujer, que, pasado un año, no tiene ganas de hablar. El hermano de ella también regresó a su país. De los cuatro paquistaníes que también vivían en el local ocupado, que tenía planta baja y sótano, uno se marchó a vivir a Toledo y los otros tres siguen alojados en equipamientos municipales y “tienen activo un plan de trabajo”.

En el caso fatal de la plaza de Tetuan, los circuitos de atención públicos funcionaron hasta topar con la falta de vivienda pública y la situación irregular de los padres. El local había sido detectado por los vecinos, revisado por los Mossos, que lo incluyeron en un censo de locales de riesgo, y los servicios sociales municipales atendían a la familia: él recogía chatarra, el niño acababa de comenzar la escuela a 100 metros del local y recibía atención médica con normalidad, y la madre cuidaba de la bebé, que fue prematura. “Con tres años, esta criatura tenía el mundo por delante, tenía una oportunidad, recuerdo su cara el primer día que tiró de la cadena [en el local no tenían agua y la recogían de la fuente], era despierto y se empapaba de todo. El trato con los padres era impecable y le quisimos mucho. Siempre llueve sobre mojado”, lamentan desde la escuela, donde califican de “complejo” el curso pasado. Los compañeros de Alsalam tienen su foto en la clase.

Tras el suceso, el servicio del Ayuntamiento de integración social de familias con menores (SISFAM), 12 trabajadoras externalizadas que atienden a menores que viven en naves o locales ocupados y que había atendido a la familia, emitió un durísimo comunicado. Denunciaban la falta de medios con la que trabajan, que hay muchas más familias en la misma situación y que la falta de vivienda asequible y su situación administrativa irregular “les aboca a vivir en infraviviendas”. “Es flagrante que no se haga nada para evitar que haya infancia que tenga que vivir en estas condiciones de pobreza, riesgo y exclusión social”, zanjaban.

Fuentes de los servicios sociales centrales alertan de la precariedad laboral de sus compañeras, cuyos ingresos pueden ser “hasta 12.000 euros anuales inferiores”. En las redes sociales denuncian sus condiciones. El servicio SISFAM no se ha reforzado, el único cambio que les consta es que ahora tienen más de presupuesto para ayudas a las familias, y que, si algún núcleo con menores renuncia a la atención social, deben comunicarlo a la Fiscalía.

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sònia Fuertes, señala el acompañamiento social a la familia y pone en valor el trabajo del SISFAM. “Fue fortuito, lo que limita la capacidad de prevenir, el acompañamiento fue impecable y hemos de denunciar el impacto de la Ley de Extranjería en las situaciones de sinhogarismo: no da opciones a desarrollar derechos, como el empleo o la garantía de ingresos”. Sobre las condiciones laborales del servicio llama a “hacer una reflexión sobre todo el sector de la acción social, hay un gran recorrido de mejora laboral, el debate es ineludible y también el nuevo consejero lo dice”.

La oficina calcinada, que cerró en verano de 2019 y estaba en venta desde unos meses antes del incendio, volvió a ser ocupada tras el incendio. Fueron unas semanas, la utilizaba un grupo “para guardar cosas”, indican los vecinos. Fuentes de la propiedad, Evo Banco, aseguran que “estuvo a disposición judicial” un tiempo y ahora se está acondicionando para volverla a poner en venta o alquiler, todavía se desconoce el destino. El local mide 540 metros, en dos alturas y tiene salida al patio de luces del edificio.

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