“La familia sufría pobreza, no desamparo. Los padres cuidaban de sus hijos”

Los Mossos d’Esquadra conocían la situación del local de la antigua oficina bancaria ocupada en la plaza de Tetuan de Barcelona incendiada este martes, en el que murió una familia de dos adultos y dos niños. La policía autonómica incluyó el local en un listado de 65 espacios ocupados en riesgo, en situación parecida a la de la nave de Badalona que se incendió en enero pasado, en la que fallecieron cuatro de los 200 migrantes que malvivían dentro en barracas. El informe fue compartido con el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y con la Guardia Urbana. En octubre, hace poco menos de un mes, la policía local de Barcelona y personal del distrito del Eixample acudieron a hacer una inspección en el local ocupado, en la que, según fuentes municipales, “no se detectó ninguna situación de peligro, ni riesgo estructural para hacer un desalojo de urgencia o una intervención de bomberos”. “La familia sufría pobreza, pero no desamparo. Los padres cuidaban a sus hijos”, explicó la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Laura Pérez.

Mientras, los bomberos llevan años alertando de las condiciones en las que viven personas vulnerables y del riesgo de incendio que comporta su situación. Hace seis años un grupo de profesionales advertía en un vídeo de entidades sociales de que el 70% de los incendios en viviendas estaba, entonces, causado por artilugios que personas sin suministros usan para cocinar o calentarse. También reclamaban que las causas de los incendios consten en los informes: si una abuela moría quemando alpargatas para calentarse, se aducía como la causa oficial la inhalación de humos, y no la pobreza, que consideran debe aparecer.

Seis años después, y en una situación que parece premonitoria, el viernes pasado el sindicato UGT organizó unas jornadas con el título Intervención en emergencias en edificios y locales abandonados. La abrió el consejero de Interior, Ignasi Elena. “Le arrancamos el compromiso de hacer más prevención”, explica el sargento del cuerpo de los Bomberos de la Generalitat, Toño del Río. El bombero advierte de que la situación actual es peor: a las infraviviendas se ha sumado la ocupación de naves y locales comerciales.

”El problema se ha agravado, ninguno de estos espacios reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, ni suministros, ni sistemas de seguridad, ni ventilación, cuando no tienen las estructuras en precario”, se desespera del Río. Los bomberos llevan años pidiendo que cuando se cortan los suministros la situación empeora, porque al pinchar la luz no hay sistemas de seguridad como los diferenciales que saltan cuando hay una sobrecarga”.

Todos los asentamientos o locales ocupados son un polvorín: no hay protección, ni sistemas de alerta, se modifican las entradas, a veces las fachadas están tapiadas, las vías de evacuación son inexistentes, algunos tienen sótanos”, relata el sargento. “Las bolsas de pobreza crecen y alcanzan barrios acomodados, los incendios son la punta del iceberg”, lamenta. Las ocupaciones de oficinas bancarias se extienden por toda la ciudad porque en toda la ciudad hay oficinas cerradas.

Sobre el incendio de la sucursal de Evo Banco ocupada, del Río señala que aunque no se conozca la causa, o se sepa si fue por pobreza energética, “lo claro es que la causa es la vulnerabilidad: nadie vive por gusto con dos niños en una oficina bancaria”. “No queremos milagros, pero para correr comencemos a andar. Tenemos que poder informar y reportar de estas situaciones y no hay una casilla donde indicarlo, lo podemos poner a mano, pero si no lo copia antes, no queda registrado”, concluye.

El bombero jubilado Santi Rovira, que ocupó cargos de responsabilidad en el cuerpo municipal y también de Barcelona, explica que en 2017 y 2018 el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau creó un programa preventivo en el que participaron bomberos, Guardia Urbana, técnicos y distritos para hacer un censo de espacios ocupados. “Los bomberos objetivábamos los riesgos que tenían los locales”, explica sobre un programa que aplaude desde el punto de vista de la prevención, pero que admite que dejó de hacerse. El veterano bombero, con todo, lamenta que “el problema no es exclusivo de Barcelona, sino que se extiende como una mancha de aceite”.

La situación de los menores

El Ayuntamiento de Barcelona tuvo un contacto estrecho con la familia. Fue de hecho la presencia de menores de edad la que motivó la intervención de los agentes municipales de servicios sociales, pero, tal como explicó el Ayuntamiento, tras varias intervenciones e inspecciones, no detectaron ningún riesgo para los hijos, de uno y tres años. Se trataba de una familia atrapada en la rueda de la pobreza estructural, pero que se hacía cargo de los niños. Por este motivo, los servicios sociales no elevaron ningún informe negativo a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), órgano dependiente de la Generalitat al que no le constaba nada sobre esta familia.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, explicó en el Ayuntamiento que los servicios sociales habían contactado con el equipo especializado de atención a la infancia y la adolescencia de l’Eixample (EAIA), un servicio que depende de la Generalitat, pero cuyas competencias están cedidas al Consistorio. Da la casualidad de que este servicio está a pocos metros del local siniestrado. La EAIA, según contó Pérez, no vio ningún motivo para alertar a la DGAIA.

Fue a partir del Servicio de Intervención Social de Familias con Menores (Sisfam), que se encarga de acercarse a familias con menores a cargo que viven en situación de vulnerabilidad, que empezaron los contactos. Los técnicos intervinieron hasta 88 veces, entre entrevistas, visitas mensuales al local, y coordinación con otros servicios para acompañar a la familia en las necesidades sanitarias y educativas. Al no tener una situación administrativa regulada, la familia no podía recibir prestaciones, pero el Ayuntamiento les dio ayudas periódicas para necesidades básicas como medicamentos, pañales, ropa, transporte o alimentos.

La pareja llevaba un año viviendo en esta antigua oficina de Evo Banco. Habían llegado a España hacía ocho y llevaban casados desde hacía seis, explicaron compatriotas del hombre. Tenían luz: la distribuidora Endesa afirma que no le consta ningún corte por impago, ni ninguna inspección por fraude. Pero no tenían agua, y salían habitualmente a buscarla a una fuente de la calle con un carro de la compra. También en la calle, en los parques de la plaza y del paseo de Sant Joan, el hijo de tres años acostumbraba a jugar solo o con vecinos. La familia, al no tener papeles, no podía entrar en la lista de espera de emergencia habitacional, y el Ayuntamiento solo podía ofrecerles un alojamiento provisional en una habitación de una pensión. “La alternativa era mucho peor para ellos”, dijo Pérez.