El policía que mató de un disparo a la perra ‘Sota’ en Barcelona se somete a una mediación

El policía que mató de un disparo a la perra Sota en Barcelona y el dueño del animal se han sometido, con aval judicial, a un proceso de mediación para intentar llegar a un acuerdo que les evite a ambos el juicio y les permita resolver el conflicto fuera de los juzgados. El juez ha dejado en suspenso el proceso penal y ha permitido que Tauri Ruusalu y el agente de la Guardia Urbana que efectuó el disparo se sienten para hablar e intenten resolver el asunto, según han explicado fuentes judiciales a EL PAÍS. Tauri perdió a su mascota; el policía resultó herido por el joven, que le golpeó con el patinete en la cabeza cuando vio a Sota, inerme, tendida en el suelo.

La muerte de Sota, en diciembre de 2018, provocó una oleada de solidaridad, más con la perra que con su dueño, de la ciudadanía y en especial de las entidades animalistas. Unas 3.500 personas protestaron en la plaza de Sant Jaume para exigir “justicia” y para Sota y una condena ejemplar al “asesino”. Una minoría protagonizó disturbios en la plaza de Espanya, muy cerca del lugar donde el animal, de dos años y medio, fue alcanzado por una bala tras una discusión entre su dueño y una pareja de policías que le habían recriminado que lo llevara sin atar. En internet, más de 170.000 personas firmaron un manifiesto para exigir responsabilidades. La presión popular llevó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a pedir “pruebas y testigos” de los hechos.

El incidente ocurrió al mediodía del 18 de diciembre de 2018 frente al hotel Ayre de la Gran Vía. Más de tres años después, el juez del caso dio por cerrada la investigación. La verdad judicial sostiene que una patrulla de la Guardia Urbana vio a un joven junto a un perro “que no iba convenientemente sujeto con correa ni de ningún otro modo”. Los agentes pidieron a Ruusalu -un estonio que vivía en la calle vendiendo pulseras- que se identificara, pero el joven se negó. Se produjo una situación de tensión y Sota, un labrador mestizo de color pardusco, se abalanzó sobre uno de los policías y “llegó a morderle en el codo izquierdo”, lo que provocó un desgarro de su chaqueta, según el auto judicial que vio indicios suficientes de delito para llevar el caso a juicio.

Los agentes insistieron en que Ruusalu debía identificarse y calmar al perro, pero Sota seguía nerviosa y se lanzó de nuevo contra el mismo policía, que “desenfundó su arma reglamentaria y disparó al animal un solo tiro”. La perra quedó tendida sobre la acera, una escena insoportable para Ruusalu, que cogió su monopatín y golpeó al agente en la cabeza. La investigación concluyó en todo caso que ambos son, a la vez, víctimas y acusados. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Hugo Novales, les envió a ambos a juicio: a Ruusalu por pegar al policía y al guardia urbano por maltrato animal.

Las abogadas de los protagonistas de esta historia -con permiso de Sota- son dos penalistas que creen en la mediación, una vía para solucionar conflictos fuera de los juzgados que aún goza de poca implantación en España. Una vez cerrada la instrucción del caso, con sus clientes a un paso del banquillo, Paz Vallès e Inés Guardiola lanzaron una petición conjunta al juez: los dos coacusados estaban dispuestos a “explorar la vía de la mediación” para “confrontar sus puntos de vista” y alcanzar “acuerdos sobre el modo de reparación”. El juez lo autorizó. Reconoce que no hay una “regulación legal específica en la legislación española” sobre cómo debe llevarse a cabo, pero se remite a una directiva de la Unión Europea, de 2012, que contempla el acceso de las víctimas a “servicios de justicia restaurativa” y a una decisión previa del Consejo de Europa en el sentido de que la mediación penal debe estar disponible “en todas las fases del procedimiento”.

Los animalistas dicen ‘no’

La Fiscalía dio su visto bueno, pero las dos entidades personadas como acusación popular (la asociación Libera! y el partido Pacma) se opusieron a la mediación. “Desde la perspectiva de las entidades de protección animal”, argumentaron, “es Sota la que se considera víctima, que no puede ser resarcida”. Las entidades se oponen a un pacto privado que no dará respuesta a la “preocupación social” y a las “multitudinarias movilizaciones de protesta”. Pero el magistrado les da un toque de atención: “Parece claro que el perjudicado por el delito es el dueño del perro, y que la acusación popular llega al proceso como una figura de víctima ficticia, creada artificialmente”.

El juez recuerda que ambas partes “han solicitado y consentido” acudir a la mediación y ordena remitir el caso al Servicio de Mediación y Reparación Penal del Departamento de Justicia de la Generalitat para que “valore la viabilidad del proceso”. El magistrado ha suspendido los plazos del proceso penal y ha acordado también que se le informe del resultado de la mediación.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal