Foment prepara su ofensiva para ampliar El Prat después de las municipales

Una apuesta clara para ampliar el aeropuerto de El Prat, pero cocinada a fuego lento y no antes de las elecciones municipales, cuando muchas cosas podrían cambiar en la política catalana. Así está trabajando la patronal Foment del Treball, que aspira a liderar el movimiento pro ampliación con una propuesta propia que, sin embargo, se reserva hasta después de las elecciones municipales de mayo. Son esos nueve meses el tiempo que se ha dado la patronal catalana para cerrar las conclusiones de una comisión de trabajo con la que pretende convencer a la Generalitat de la necesidad de prolongar la tercera pista para dar mayor margen operativo a las instalaciones aeroportuarias y al Gobierno central para que minimice la afectación sobre las zonas protegidas que rodean a las instalaciones, La Ricarda y el Remolar. “Intentaremos las máximas complicidades” con todas las administraciones, ha señalado el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

El punto de partida del grupo de trabajo de la organización empresarial es posibilista. Cuenta, ha señalado en diversas ocasiones su presidente Josep Sánchez Llibre, con un estudio técnico que considera posible la ampliación “sin perjudicar los parajes naturales” alargando la pista de aterrizaje entre 300 y 350 metros, menos de los 500 metros con los que partía la propuesta de Aena, que sí impactaba sobre esas zonas verdes.

Pero, según ha señalado este lunes Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas y presidente de la comisión de Fomento, “estamos abiertos a todo”. Su afirmación visualiza que no existen líneas rojas, tampoco para la posibilidad de recomendar un cambio en la configuración de pistas, alternativa que disgusta a municipios como Viladecans y Gavà porque los vuelos de los aviones aumentarían su huella sonora sobre esos municipios. “Es lo que queremos estudiar”.

Foment ha sido uno de los actores más proclives a que el gestor aeroportuario Aena, cuya mitad del capital es del Estado, realizara la inversión, cuantificada por el Ministerio de Transportes en 1.700 millones de euros si se tiene en cuenta también la terminal satélite prevista desde hace años. Para el Gobierno la ampliación es imprescindible para ganar capacidad de despegues y aterrizajes desde El Prat después de que, con 52 millones de pasajeros anuales, el aeropuerto se aproxime a su límite de capacidad: 55 millones.

El grupo de trabajo de Foment lo integran perfiles de distintas instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Barcelona (con su presidenta Mònica Roca), el RACC, Fira de Barcelona e incluso Turisme de Barcelona, entidad participada por el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo Gobierno está dividido sobre el proyecto: los comunes de Ada Colau lo rechazan de plano mientras los socialistas son sus grandes promotores. En esa amalgama de entidades falla el Círculo de Economía, que celebró el pasado julio elecciones y que tiene intención de poner en marcha una comisión similar para sacar adelante el proyecto adelante. Sánchez Llibre ha asegurado que ha hablado con el nuevo presidente del Círculo, Jaume Guardiola, tanteándolo para que se sumara a la iniciativa, sin que haya habido respuesta todavía. “Esta comisión no es excluyente, quiere incorporar a todas las voces que consideren que la ampliación es necesaria. No se trata de una lista cerrada”, ha dicho Sánchez Llibre.

La ampliación del aeropuerto de El Prat era uno de los grandes proyectos de inversión de Cataluña y ha acabado convertido, hasta ahora, en un gran fiasco que no solo ha torpedeado las relaciones entre los gobiernos de Pedro Sánchez y de Pere Aragonès, sino que enturbió la coalición que forman en Cataluña ERC y Junts.

El 2 de agosto del pasado año se oficializó un acuerdo en la Comisión bilateral Estado-Generalitat que suponía la apertura de una etapa de deshielo entre ambos ejecutivos. Apenas un mes después todo ese acuerdo colapsaba, después de que se conociera que Aena incluía en su Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 (DORA), su hoja de ruta inversora, que la ampliación del aeropuerto afectará la laguna de la Ricarda, zona protegida por la red Natura 2000. Fue el propio president de la Generalitat quien a través de Twitter censuró el documento. A partir de ahí, el Ministerio de Transportes paralizó la inversión de 1.700 millones y el Consejo de Ministros aprobó el documento sin mención a la ampliación de El Prat.

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