Laura Borràs: “Los que me quieran muerta tendrán que matarme y ensuciarse”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha advertido este miércoles de que no piensa dimitir de su cargo aunque le hayan abierto juicio oral y esté a un paso de que la Mesa de la cámara catalana la suspenda de sus funciones: “Los que me quieran muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos”. Así lo ha afirmado la madrugada de este miércoles desde Twitter, después de que el martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enviara a Borràs a juicio por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un conocido.

Borràs se encuentra a un paso de ser suspendida como diputada, ya que ERC, la CUP y el PSC han advertido de que piensan aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. En la reunión de la dirección de JxCat celebrada el martes por la tarde, según diversas fuentes del partido consultadas por Efe, hubo varias intervenciones “relevantes” que se desmarcaron de la línea oficial e invitaron a Borràs a apartarse de su cargo, antes de que la Mesa acuerde su suspensión, pero no es esa su intención.

“He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía”, ha afirmado en un tuit. Borràs guardó silencio públicamente durante toda la jornada del martes. “Después de cuatro años, el procedimiento judicial que sufro se acerca a la fase decisiva. Durante todo este tiempo he reivindicado y reivindico mi inocencia a capa y espada y he denunciado que soy víctima de lawfare, de una persecución política”, ha asegurado.

El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Carlos Ramos no puede recurrirse y significa que Borràs tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y falsedad documental. El día en que se realizará la vista aún no se conoce. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuestamente dividir un encargo de páginas web para ILC en pequeños contratos y por así adjudicárselos a dedo a un antiguo colaborador suyo. Todo por un valor de casi 300.000 euros.

Borràs alega que el fraccionamiento “no es delito sino una irregularidad administrativa, no una causa penal”, subraya que durante el proceso ha caído la acusación de malversación, por lo que se demuestra que no ha habido “corrupción lucrativa”, e insiste: “No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración”.

La principal prueba de cargo son correos electrónicos escritos por Borràs en los que solicita presupuestos ficticios y dirige la operación de amaño. La dirigente de Junts actuó de esa forma pese a las numerosas advertencias de la auditoría y de trabajadores de la institución, que depende del Departamento de Cultura y promueve la literatura en catalán.

La líder de Junts lanza una advertencia a ERC, CUP y PSC: “Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime”.

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