La Generalitat tilda de “populista” la rebaja del transporte pero la estudiará

La Generalitat de Cataluña ha reaccionado a la propuesta de rebaja del transporte público anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildándola de “populista” y asumiendo que “no es el anuncio que esperan los usuarios”, ha señalado el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Territorio, Jordi Puigneró. El número dos del Ejecutivo autonómico ha considerado que la propuesta supondría para las finanzas autonómicas un esfuerzo adicional de 22 millones de euros sobre un coste conjunto de 32 millones. En todo caso, ha asumido que analizará la propuesta y, para ello, propondrá al resto de las administraciones estudiar la implantación.

La posición de Puigneró contrasta con la que han ofrecido los dos principales actores del Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau ha celebrado que Sánchez haya optado por la misma propuesta que Alemania, tal y como ella ya había alentado. Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona y socio en el gobierno municipal, ha defendido asimismo la propuesta como “una gran noticia para las familias trabajadoras”.

Como siempre que se toma una decisión sobre las tarifas en el transporte, la polémica está servida. En Cataluña esta decisión depende de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), un organismo controlado por la Generalitat, pero en el que convergen también el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB). Los recursos con los que se subvenciona el transporte público llegan básicamente de esas tres administraciones, además del Estado. En 2020, último ejercicio cerrado, la Administración estatal aportó 109,3 millones (a la que ha sumado 40 millones en 2022), mientras que la Generalitat dispuso 457,8 millones (la que más ha elevado la inyección de recursos); el Ayuntamiento, 178 millones; y el AMB, otros 152 millones de euros.

Sánchez ha anunciado este sábado la intención de que el transporte público de titularidad estatal se rebaje un 50%, mientras que el Gobierno pondrá otros 220 millones de euros para hacer posible una rebaja de un 30% en los operadores dependientes de las comunidades autónomas, con la posibilidad de que los gobiernos regionales complementen esa subvención para lograr descuentos de hasta el 50%.

En el caso de Cataluña, donde congelar tarifas en los últimos ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para quienes lo han negociado, ese coste adicional sería de 32 millones de euros. El grueso, 22 millones, lo tendría que cubrir la Generalitat, mientras que el Consistorio barcelonés, alineado con la propuesta, asumiría un pago adicional de siete millones de euros.

Puigneró ha cuestionado la decisión, sobre todo porque no ataca una cuestión de fondo: unos precios disparados a costa del encarecimiento de la electricidad y de los combustibles, que tendrá un impacto, señala Territorio, de 165 millones. Ese sobrecoste llega cuando el nivel de pasajeros apenas ha alcanzado todavía los niveles precovid (con la consiguiente caída de la recaudación) y, en cambio, los costes fijos se han mantenido.

En marzo pasado, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat precisamente se enzarzaron en una discusión después de que Colau propusiera reducir a la mitad el precio de la tarjeta T-Usual, el título de transporte público que utilizan más de 250.000 personas en Barcelona y su entorno y que permite viajes ilimitados durante un mes por 40 euros, como palanca para atacar el impacto de la inflación. Como ha sucedido este sábado, Puigneró saltó tachando de “poco responsable y electoralista” la decisión.

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