La rebaja en el transporte público para atajar la inflación enfrenta a las administraciones catalanas

Ni 24 horas duró el clima de buen rollo y colaboración institucional exhibido el martes por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat a propósito de la elección de la capital como sede de la Copa del América de 2024. La alcaldesa, Ada Colau, lanzó a primera hora de este miércoles, durante una entrevista en TV3, la propuesta de rebajar a la mitad el precio de la T-Usual, el título de transporte público que utilizan más de 250.000 personas en Barcelona y su entorno y que permite viajes ilimitados durante un mes por 40 euros. La razón: ayudar a las familias a utilizar el transporte público cuando la inflación (un 9,8% interanual en marzo) hace temblar sus bolsillos.

¿Pero quien lo pagará? ¿Y si se subvenciona el transporte en Barcelona y su entorno, no lo pedirán vecinos de otras ciudades de Cataluña? O, ¿qué pasará si dentro de tres meses los precios de la energía y la cesta de la compra siguen subiendo? ¿Se alargará la bonificación? En el área de la capital las tarifas del transporte las decide la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), en la que la Generalitat es mayoría (51%) y el resto se lo reparten el Ayuntamiento de la capital y el Área Metropolitana.

El anuncio de Colau molestó al vicepresidente Jordi Puigneró, que reprochó a la alcaldesa haberlo anunciado en televisión, cuando el viernes estaba prevista una reunión del consejo de administración de la ATM. Puigneró tachó la actitud de Colau de “poco responsable y electoralista” y calculó que la rebaja, durante tres meses, costará 50 millones de euros. “Hay que estudiar las medidas, porque los ciudadanos lo acabarán pagando de una u otra forma”, advirtió.

Sobrecoste también para los operadores

El también consejero de Territorio avisó a Colau de que, además de los bolsillos de los vecinos, también están temblando los de los operadores de transporte por el incremento del gasóleo y la electricidad. Las administraciones todavía no han puesto cifra al sobrecoste que la crisis energética comporta al mover trenes, metros y autobuses.

Fuentes de próximas a Transportes Metropolitanos de Barcelona hablan de “una millonada”. Y recuerdan cómo sufrieron las cuentas de los operadores durante los peores meses de la pandemia, cuando operaron como servicio esencial pero con una caída del pasaje que cayó hasta el 80%. El agujero fue de tal calibre (500 millones solo los tres primeros meses) que para este año el Gobierno de Pedro Sánchez a su aportación anual (109 millones de euros) sumó una extraordinaria de 40 millones.

Por la tarde, en son de paz, la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad del ayuntamiento barcelonés, Janet Sanz, explicó que Barcelona aportará los 12 millones que le correspondería si la rebaja fuera de tres meses. Una partida no menor que no está prevista en el presupuesto de 2022 y que deberá gastarse a costa de otros proyectos. “Si entre las administraciones se han buscado recursos para hacer el tranvía, la Zona de Bajas Emisiones o la Copa del América, también mostremos sensibilidad”, dijo. Sanz puso en valor “lanzar un mensaje de apoyo a las familias”. La rebaja se tratará el viernes en el consejo de administración de la ATM.

Tanto la alcaldesa como la teniente de alcalde apelaron a la corresponsabilidad de “todas las administraciones”. Y aquí entra también el Gobierno central. De hecho, al anunciar la idea de rebaja en el transporte público, Colau recordó las medidas tomadas por el ejecutivo para poder limitar la subida de la luz, congelar alquileres o ayudar en la compra de carburante. “Falta abordar el transporte público”, reclamó.

Sanz aseguró que han hablado con el Gobierno —del que los comunes forman parte— y añadió que a la rebaja “deben poder sumarse otras grandes ciudades que tienen transporte público”. “Nosotros tenemos competencias, pero pedimos también su implicación”, dijo. El Área Metropolitana de Barcelona, presidida por Colau pero con un fuerte peso también de alcaldes del PSC, no valoró ayer el anuncio.