Los Juegos Olímpicos del 2030 se alejan casi definitivamente del Pirineo
El COE admite las dificultades para acordar una candidatura con Cataluña y Aragón y ya contempla una posible salida para 2034
Si el tiempo la cura todo, quizás la candidatura olímpica para albergar los Juegos de Invierno de 2030 en el Pirineo necesita unos años para sanar las heridas entre Cataluña, Aragón y el Comité Olímpico Español (COE). Cuatro años más, exactamente. Fuentes del comité admiten que el inmovilismo actual obliga a replantear la candidatura para “salvarla” con vistas a un posible proyecto dirigido a los Juegos de 2034. Las posiciones entre las administraciones siguen muy alejadas y el COE teme que ya no le queden recursos para un acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y la Diputación General de Aragón (DGA) para la cita de 2030. El órgano olímpico, en todo caso, aún se resiste a dar el proyecto por muerto a la espera de un giro inesperado de última hora.
La candidatura va tarde desde hace semanas. El COE aplazó en mayo la visita de los técnicos del Comité Olímpico Internacional (COI) ante la falta de concreción de la ubicación de las pruebas y tuvo que disculpar hace dos semanas ante el presidente internacional, Thomas Bach, las disputas políticas entre la Generalitat y la DGA. La herida parece profunda porque la comunicación es nula y los reproches son continuos entre Cataluña y Aragón. El Gobierno central observa la discordia desde la distancia, y el presidente, Pedro Sánchez, no ha intervenido públicamente para resolver la situación. La prudencia de Sánchez ha sorprendido incluso en el COE, que entre pasillos admite que confiaba en su entrada en escena para desbloquear la situación.
La última muestra de la complejidad del acuerdo se vivió el martes, en la última reunión convocada por el COE a la que asistieron los representantes habituales de todas las administraciones: Felipe Faci, consejero de Deportes de la DGA; Laura Vilagrà, consejera de Presidencia de la Generalitat; Víctor Francos, secretario general de Cultura; y el presidente del COE, Alejandro Blanco. El encuentro, digital, duró una hora y media, y fuentes presentes en el diálogo admiten que Blanco y Faci siguieron discutiendo sobre las palabras y decisiones tomadas en las últimas semanas. Aragón mantiene que el COE no ha respetado la “igualdad” prometida en el reparto de las pruebas, y el Comité está harto de las exigencias de la DGA, que volvió a presentar una alternativa técnica diferente a la pactada por la Generalitat, el COE y el Gobierno central el pasado mes de abril. Ante la dificultad de conseguir un acuerdo, personas cercanas a Blanco admiten que el presidente del COE ya admite la posibilidad de anunciar el fin de la candidatura. Otras fuentes, sin embargo, insisten en que el dirigente sigue apurando todas las opciones para salir de la crisis.
Responsables de la Generalitat, por su parte, admiten una ligera decepción por el tono utilizado por Blanco las últimas semanas, menos taxativo para encontrar una alternativa si finalmente fracasa el acuerdo catalanoaragonés. “Si no hay acuerdo, nosotros estamos preparados para llegar a 2030″, insisten desde el Ejecutivo catalán. La opción únicamente catalana disgusta especialmente en la Moncloa por el coste político que conllevaría apoyar un proyecto avalado por un gobierno independentista. Tampoco parecen ayudar las relaciones “mejorables” entre la Generalitat y el Gobierno, como admitió este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. “Que [la situación] no se desencalle es porque una de las partes implicadas es Cataluña”, sugirió la portavoz.
Precisamente las interferencias políticas han llevado la candidatura a una situación muy preocupante, admiten desde el COE. El objetivo del Comité ahora es “salvar” la candidatura con vistas a 2034. “Es imprescindible que la candidatura de los Pirineos no se queme a ojos del COI o del Gobierno de España”, remarca una fuente del comité. Sapporo (Japón), Salt Lake (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá) son las candidatas mejor situadas para la cita de 2030. El COI prevé elegir la sede olímpica el primer semestre de 2023.
Choque competencial por la consulta
El culebrón en que se ha convertido la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 suma un nuevo desencuentro. El Gobierno pone pegas a la legalidad del decreto aprobado por la Generalitat para organizar la consulta popular que debe dirimir si los Pirineos acogen o no la cita olímpica. El choque competencial amenaza con ser la puntilla a un evento que deambula sobre la cuerda floja. Por lo pronto, se abre un proceso de negociación entre Gobierno y Generalitat para intentar pulir el texto legal. Pero la posibilidad que el decreto acabe sobre la mesa del Tribunal Constitucional se anuncia como una realidad. El Govern defiende que la norma es intachable y considera que los recelos del Estado son “un ataque” a las competencias autonómicas. Así lo manifestó este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. “El problema no es la legalidad, porque la tiene toda. El problema son los nervios que aparacen en Madrid cada vez que se habla de consultar algo a los catalanes”, manifestó la portavoz. Pese al reproche que muestra el Ejecutivo catalán de puertas hacia fuera, ambas administraciones se conceden un tiempo de diálogo para readaptar la norma. Este receso se puede alargar hasta “ocho meses”, dijo Plaja.
A principios de abril, el president Pere Aragonès firmó el decreto para impulsar la consulta vinculante sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Se fijó el 24 de julio como fecha para proceder a una votación en las comarcas del Pirineo, y también se reservó la misma fecha para preguntar la opinión sobre el evento a los empadronados en el Solsonès, Berguedà y Ripollès.
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