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Procés

Puigdemont envió a Elsa Artadi a una reunión sobre criptomonedas antes de declarar la independencia

El juez que investiga a la trama rusa del procés avisa a la exdirigente de Junts que no cree su testimonio

Jesús García Bueno
Elsa Artadi renuncia
Elsa Artadi durante una comparecencia en la sede de su partido en marzo pasado.JUNTS (Europa Press)

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encargó a Elsa Artadi, una persona de su máxima confianza, que asistiera a una reunión en un hotel de Barcelona con un empresario ruso para hablar de criptomonedas. Artadi, que abandonó sus responsabilidades políticas hace unas semanas, ha revelado este martes ante el juez que el encuentro se produjo entre el 21 y el 24 de octubre de 2017 en el hotel Colón, pocos días antes de la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y que duró apenas 20 minutos.

Artadi, que entonces ejercía como secretaria de coordinación entre los departamentos del Govern que organizó el referéndum independentista del 1-O, fue enviada al encuentro por el president por su condición de experta en economía. Puigdemont le detalló, según su declaración como testigo, que debía asistir a un encuentro sobre criptomonedas que había organizado Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència (CDC). Terradellas es una pieza clave en la llamada trama rusa del procés, que investiga los presuntos lazos entre personas cercanas al Kremlin y un sector del independentismo para favorecer la independencia de Cataluña.

La exdirigente de Junts per Catalunya, que iba a ser la candidata del partido a la alcaldía de Barcelona, ha afirmado que al encuentro en el hotel Colón asistieron un ciudadano ruso y otro español al que no llegó a conocer. Artadi ha contado al juez que en el encuentro se habló efectivamente de criptomonedas, pero que no acabó de enterarse de qué querían exactamente sus interlocutores. El ciudadano ruso, que no ha sabido identificar, le preguntó qué intención tenía la Generalitat respecto a las criptomonedas. Ella ha contestado, según fuentes judiciales, que ninguna.

Artadi también ha admitido que participó en una de las dos reuniones a las que sí asistió Puigdemont en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalitat. Se trata del segundo de los encuentros, celebrado presuntamente apenas un día antes de la DUI, el 26 de octubre. Al encuentro, que duró “tres o cuatro minutos”, asistió presuntamente Nikolai Savdonikov, un exdiplomático ruso que se presentó como un emisario del Kremlin. Artadi ha manifestado que la reunión no fue de su interés y no ha recordado que se hablara de ayuda militar o financiera. La testigo ha repetido que “no se hizo seguimiento” de esa reunión y que nadie le ordenó posteriormente encargarse del asunto.

Esa supuesta ayuda rusa fue ofrecida a Puigdemont, en realidad, en el primero de los encuentros en la Casa dels Canonges, celebrado un par de días antes de nuevo a iniciativa de Terradellas. En su declaración como investigado hace unos días, Terradellas reveló ante el juez que la delegación rusa ofreció apoyo financiero y militar a la independencia a cambio de que el Govern impulsara una legislación favorable para crear una plataforma de criptomonedas. La reunión no se concretó.

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Una vez que Terradellas reveló la existencia de esos contactos, el entorno del expresidente catalán ha insistido en que en ningún caso se dio credibilidad a la oferta rusa -que incluía, supuestamente, el apoyo de 10.000 soldados para cuando Cataluña fuese un Estado- y que los contactos quedaron congelados. En esa misma línea se ha expresado Artadi, que ha insistido en que ni el expresident -huido a Bélgica de la justicia española- ni ninguna otra persona del Govern le pidieron que examinara el asunto.

Al acabar la declaración, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha advertido a Artadi de que existe la posibilidad de que afronte consecuencias penales por su testimonio. “Su declaración carece de credibilidad”, ha dicho, según las mismas fuentes.

Este martes también estaba citado a declarar, pero en calidad de investigado, Alexander Dmitrenko, un empresario ruso que mantuvo relaciones con Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo (Bélgica). Dmitrenko, considerado un espía por el CNI -ése fue el motivo por el que se le denegó la independencia española- ha sido preguntado por el juez y el fiscal sobre un proyecto energético en el que hizo de mediador entre una empresa rusa y otra china para el transporte de gas.

En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil a Alay, éste y Dmitrenko se felicitan porque se ha recibido un primer pago (295.00 euros) de la empresa china. En su declaración, el empresario ha afirmado que esa alegría compartida tenía que ver con su relación de amigos y ha desvinculado el proyecto de cualquier tipo de motivación política. Se trataba, ha dicho, de una iniciativa puramente empresarial (finalmente fallida) en la que él iba a cobrar como intermediario. Alay, ha subrayado, no participó en el proyecto.

Dmitrenko ha tratado de dar una explicación sobre los mensajes intercambiados con Alay. Si el proyecto de gas era bueno para Cataluña, ha dicho, es porque dejaría impuestos aquí al pagar sus impuestos por los honorarios. También ha dicho que ahondaría en el prestigio de la Cámara de Comercio de Barcelona, donde había sido nombrado como una suerte de embajador para el mercado ruso.

El juez también ha preguntado a Dmitrenko por los viajes que, a lo largo de 2018 -con Puigdemont huido a Bélgica-, Alay hizo a Moscú. El empresario los ha desligado de cualquier intencionalidad política y ha explicado que Alay fue a dar unas conferencias. La mano derecha de Puigdemont, ha admitido, le abrió las puertas de la Cámara de Comercio -a través de Joan Canadell- y ambos forjaron una relación de amistad. El investigado ha reconocido que tenía contactos con personas cercanas al poder en Rusia, pero ha afirmado que buscaba esa “influencia” para abrirse puertas en el mundo de los negocios, nunca en la política.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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